De las promesas de campaña a las acciones de gobierno

¿El APRA travestida?
Pasado un mes desde la asunción de mando del nuevo gobierno aprista, se podría decir que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Con un discurso en campaña de centro izquierda, acorde a su doctrina socialista, para algunos el partido de la estrella ha virado hacia la derecha al llegar al gobierno, incluso alguien en forma drástica me dijo amargamente que esta era un APRA travestida, para significar que se está aplicando los programas de la derecha peruana.

En campaña, para estar a tono con la propuesta de su antagonista Humala que pregonaba la renegociación de los contratos mineros, el candidato Alan García decía aplicar un impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras. Llegada la hora de la verdad, ya en el gobierno, le llueven las criticas porque se está actuando como mendigo ante las mineras, pasando el sombrero para aceptar lo que estas quieran dar y no se tocó para nada los citados contratos. De igual forma se habla de óbolos voluntarios de otras empresas que han tenido grandes utilidades últimamente como las empresas pesqueras.

También se decía que se iba a rescatar el principio de autoridad, en alusión a la cantidad de protestas y tomas de carreteras durante el gobierno de Toledo. Ahora la comunidad de Combayo tomó la carretera Cajamarca – Bambamarca en una protesta contra la minera Yanacocha y el gobierno aprista quedó pasmado y no hizo respetar ese principio de autoridad. A manera de disculpa el presidente García manifestó que no era la empresa de seguridad de la minera y el presidente del consejo de ministros Dr. Jorge del Castillo dijo que la oposición quiere que se actúe y que de intervenir la policía podría haber muertos y que después se criticaría por eso. Felizmente el problema se ha superado parcialmente y este domingo la comisión negociadora del gobierno encabezada por el Dr. Del Castillo tratarán el problema de fondo.

El presidente García en su discurso del 28 de Julio resaltó la cultura del deber y lo mismo hizo el presidente del consejo de ministros en su presentación ante el Congreso donde obtuvo el voto de confianza para su gabinete ministerial. Ahora, es deber del gobierno velar por la seguridad y libre transito en las carreteras del Perú y en este problema de la población con la minera Yanacocha, el gobierno no ha sido muy diligente que digamos para solucionar el problema prontamente, aunque después el presidente García diga que no va a tolerar más la toma de carreteras.

La practica perniciosa de toma de carreteras por muy justos que sean los reclamos que “sustentan” dichas acciones, aíslan zonas enteras y afectan a todos en general, a las empresas que no pueden producir, a la población nacional o extranjera que no puede movilizarse, a los productores agropecuarios que no pueden sacar sus productos a los mercados, a personas enfermas que necesitan atención urgente en hospitales de las grandes ciudades, afecta al turismo en las zonas que viven de esa actividad, afecta a las propias regiones donde se producen los desmanes porque que dejan de percibir impuestos y finalmente al país porque se deteriora su imagen internacional.

Si el Perú desea ser considerado como país con grado de inversión, calificación que ahora poseen países como Chile y México en Latinoamérica, debe combatirse esa forma de protestas con tomas de carreteras, porque se aumenta nuestro riesgo país para atraer nuevas inversiones, tan necesarias en la lucha efectiva contra la pobreza y que son las que crean las fuentes de trabajo que la población reclama.

Si la población percibe el temor del gobierno ante esas vedadas formas de protesta y obtiene “comisiones de alto nivel” para negociar sus reclamos, la practica de toma de carreteras se va a continuar dando en el futuro, como fue practica habitual en el anterior gobierno. Después de todo podrían inferir que “el que no llora no mama” y finalmente “alguito” se ganan con sus acciones de fuerza, sobre todo si no hay consecuencias legales por estos irresponsables actos. En todo caso se debe aplicar la ley para sancionar a los promotores de las tomas de carreteras y el gobierno debe afinar los mecanismos burocráticos para tratar de prevenir conflictos futuros que degeneren en acciones vandálicas.

Volviendo al tema sobre lo que se decía en campaña y lo que se hace en el gobierno, toquemos lo relacionado con la economía. El candidato García etiquetó a su opositora y durante mucho tiempo favorita en las encuestas, Lourdes Flores, de ser la candidata de los ricos, sin embargo ya en el gobierno el presidente García aplica los programas económicos que esta defendía.

En ese sentido se nota pragmatismo y responsabilidad del presidente para continuar políticas macro económicas responsables (y no populistas) desarrolladas por el gobierno anterior, pero como debe ser, priorizando la atención a las zonas deprimidas del país que no podían continuar postergadas bajo el riesgo de impredecibles consecuencias de protestas sociales.

En lo relacionado a la minería, contra lo dicho en campaña, se ha respetado los contratos de estabilidad tributaria y han obtenido un aporte voluntario de las empresas mineras de 2,500 millones de soles en cinco años (a razón de 500 millones cada año) más la promesa de nuevas y millonarias inversiones. Aquí también se ha actuado con pragmatismo, aunque creemos que como en cualquier contrato, lo que no está escrito y firmado no obliga. Tal vez se podría haber forzado un poquito mas y de acuerdo con las mineras firmar las adendas respectivas poniendo en blanco y negro lo mismo que están ofreciendo. Pero también creemos que aunque el precio de los minerales baje un poco, las mineras van a cumplir la palabra empeñada, porque sino el pueblo se los va ha hacer cumplir.

En anterior artículo dijimos que el presidente García había iniciado su gobierno, con una serie de gestos políticos, en sintonía con el clamor de la población, con los que estábamos de acuerdo, pero posteriormente también mencionamos que parecía que el presidente continuara en campaña electoral y que estaba exagerando con algunos de esos gestos. Esto en relación a lo editorializado el día de ayer por el diario El Comercio bajo el titulo de “Cuidado con el retorno del populismo presidencial”, con el concordamos plenamente en todos sus puntos y que consideramos pertinente tratar, porque el presidente ya logró una sintonía con la población y no es conveniente estos gestos populistas que mas adelante le podrían pasar la factura.

Finalmente, después de la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y la apertura de la economía de China, quizás es un anacronismo hablar de izquierdas. Que importa decir que el APRA se ha “derechizado”, lo importante es que en el gobierno se actúe con pragmatismo y responsabilidad, como quien dice, no importa de que color es el gato sino que cace ratones.

EE UU: La administración Bush se defiende de ataques a su política sobre la guerra en Irak

El Washington Post en artículo escrito el día de hoy por Ann Scott Tyson destaca los problemas que enfrenta el gobierno de George Bush sobre la guerra en Irak y la cada vez mayor oposición a la política exterior norteamericana y el clamor para establecer un cronograma de regreso de las tropas que combaten en esa región del mundo y que tantos dolores de cabeza ocasionan a la casa blanca.

Acorde a la política que la mejor defensa es el ataque, el Secretario del ministerio de Defensa Donal H. Rumsfeld – principal blanco de las críticas por la política exterior norteamericana en Oriente Medio - atacó a sus opositores políticos y a los medios de comunicación calificándolos de antipatriotas y de fomentar el desaliento en el pueblo norteamericano.

En realidad si Bush pensó que las tropas yanquis se darían un paseo en Irak, invadiendo ese país argumentando inexistentes armas químicas o nucleares que amenazaban la seguridad del mundo occidental, desoyendo resoluciones de las Naciones Unidas y enfrentándose a la oposición de sus socios de la OTAN como Francia y Alemania, quienes no aprobaban la citada invasión; se equivocó de medio a medio.

Si bien la guerra le sirvió para deponer a un sanguinario dictador como Sadam Hussein, asegurarse a un rico proveedor de petróleo, y aprovechando el miedo del pueblo norteamericano a otro Setiembre 11 y / o ataques con armas químicas en el propio territorio de Estados Unidos (el miedo funciona como herramienta política), le sirvió para reelegirse presidente, Bush no tuvo en cuenta a las milicias armadas iraquies, ni a la cultura nihilista de un pueblo que a base de atentados con hombres bomba y otras acciones de sabotaje y coches bomba, han producido mas bajas de soldados estadounidenses que los propios enfrentamientos durante la invasión.

Por considerarlo de interés extractamos el citado artículo del Washington Post para Uds.:
El Secretario del Ministerio de Defensa Donald H. Rumsfeld calificó ayer de "confusión moral e intelectual" a los opositores a la guerra de Irak y el gran esfuerzo antiterrorismo que podría extraer la savia de la fuerza de voluntad americana y dividir el país, e instó la resolución renovada para confrontar a los extremistas que emprenden "un nuevo tipo de fascismo."

Haciendo un paralelismo sobre los esfuerzos de algunas naciones para aplacar a Adolfo Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, Rumsfeld dijo que sería una "tontería" para los Estados Unidos ignorar los peligros crecientes propuestos por un nuevo enemigo que él llamó "serio, letal e implacable."

En un ataque certero a los medios de comunicación y sus noticias y a los críticos de la guerra que el presidente Presidente Bush desarrolla en Irak, y sobre las políticas de seguridad nacional, Rumsfeld declaró: "Un tipo de confusión moral e intelectual sobre quién y que es correcto o equivocado, puede debilitar seriamente la habilidad de sociedades libres para perseverar".

Rumsfeld habló en la convención nacional de la Legión Americana en Salt Lake City como la parte de una defensa coordinada del liderazgo de Bush con ocasión del próximo quinto aniverario de los ataques del 11 de Setiembre del 2001, . Resaltando la imágen de la respuesta presidencial al ataque a las torres gemelas (World trade Center) de Nueva York, Rumsfeld dijo, "Él sigue siendo el mismo hombre que estuvo de pie encima de escombros en el Bajo Manhattan, jurando vengar el ataque."

Exhibiendo las encuestas donde la mayoría de americanos cree que fue un error de los Estados Unidos invadir Irak y donde muchos Demócratas que requieren una fecha tope para retirar las tropas americanas, Rumsfeld llamó a la guerra de Irak el "epicentro" del forcejeo contra el terrorismo. La semana pasada, Bush dijo que poner un cronograma para el retiro de las tropas animarían al enemigo y crearía caos en Irak y a lo largo de la región.

Los congresistas demócratas respondieron agriamente a los comentarios de Rumsfeld. "No hay confusión entre los expertos militares, miembros del congreso bipartito y la mayoría aplastante de los americanos sobre la necesidad de cambiar el curso en Irak", el influyente Senador Edward M. Kennedy dijo. "La única persona confundida sobre cómo es la mejor forma de proteger a este país es Don Rumsfeld y es por eso que debe irse."

Jack Reed (D-R.I.), un miembro de la Comisión de los Servicios de la Armada del Senado, sobre la excepción a lo que él consideraba la implicación de que los críticos a las políticas militares de la administración son antipatrióticos. Él acotó que que hay muchos americanos patrióticos en ambos partidos que son muy críticos de la forma como Rumsfeld está manejando del Departamento de la Defensa.

Rumsfeld reconoció errores y retrocesos oblicuamente en Irak, mientras que citando al estadista francés Georges Clemenceau como llamar a todas las guerras "una serie de catástrofes que resultan en victorias." Es más, en referencia a los recientes cargos de crímenes de guerra contra las tropas de EE.UU. en Irak, Rumsfeld dijo que "en cada ejército, hay actores ocasionalmente malos,--los que dominan los titulares de hoy,--quiénes no mantienen las normas de su juramento y a nuestro país."

Rumsfeld enfatizó que es contraproducente para los americanos caer en el mismo-reproche y "volver a la visión destructiva que es América--no el enemigo--como la fuente real del problema" del mundo. Él culpó los medios de comunicación americanos de extender "mitos y distorsiones sobre nuestras tropas y sobre nuestro país."

Él dijo que en una búsqueda en la base de datos de periódicos americanos produjo 10 veces tantas menciones de un soldado castigado en la prisión de Abu Ghraib por mala conducta que del Sargento. 1 Clase Paul Ray Smith, que había recibido una Medalla de Honor.

La Secretaria de Estado Condoleezza Rice, dirigiéndose al mismo público después, defendió la política seguida por la administración Bush sobre la guerra en Irak en forma similar. Ella dijo "El sueño de algunos, es que nosotros podríamos evitar este conflicto, que nosotros no teníamos que tomar partido en esta batalla en el Medio Este, ese sueño fue demolido el 11 septiembre ".

Rice dijo en una entrevista en la radio que "nosotros no podemos caer presa del pesimismo sobre cómo todos quieren que salgamos", agregando despues que "el problema realmente devastador para el mundo sería si América pierde su legado."

Los problemas descritos en el citado artículo de Ann Scott Tyson, reflejan el creciente clamor del pueblo norteamericano quienes cada vez mas consideran que fueron engañados por su presidente para embarcarlos en una guerra, donde los grandes perdedores son sus hijos, muchos de los cuales nunca regresan porqué sucumben en tierras extrañas, o regresan lisiados. Además ese descontento, probablemente determinen un reordenamiento de fuerzas en las próximas elecciones para la renovación del congreso norteamericano, donde el partido republicano del presidente Bush puede perder muchos de los escaños que ahora posee.

¿Que hacer en las prisiones de máxima seguridad?

El principal problema del sistema penitenciario nacional, es la corrupción de los funcionarios y empleados del INPE encargados de velar por la administración, control y seguridad de los penales asignados a su mando. Casos clamorosos que la ciudadanía se ha informado últimamente por los medios masivos de comunicación determinan esta incontratable verdad, donde los máximos directivos de dos penales han sido acusados de coludirse con los delincuentes a quienes debían custodiar, incluso uno de ellos (Piedras Gordas) fue filmado recibiendo coimas de peligrosos delincuentes, problemática que trae como consecuencia que flaquee uno de los pilares el sistema nacional de seguridad ciudadana, como es el de la justicia.

Por investigaciones policiales se ha determinado que los principales secuestros que sufren ciudadanos de nuestra ciudad capital han sido dirigidos desde el interior de los penales, a través de teléfonos celulares, y si no se toma una solución drástica el problema de la delincuencia organizada se irá acrecentando con el consecuente temor de la sociedad civil y la sensación de inseguridad e ineficiencia del estado para solucionar este problema.

¿Qué hacer con las prisiones?

Un alto dirigente del partido de gobierno dijo en su oportunidad que la solución era la privatización de las prisiones. Recientemente el presidente del consejo de Ministros ha dicho que se acabaron las privatizaciones, no en alusión a este tema específico, sino a la política general del gobierno; lo que supone que los planteamientos de privatización carcelarias pasan a mejor vida.

Aunque sólo sea como ejercicio hipotético de trabajo, analicemos brevemente la propuesta de privatización de las prisiones: El tema no es nuevo, desde hace 100 años Estados Unidos comenzó la privatización de algunas cárceles y los resultados no se pueden decir que sean alentadores y en la últimas décadas varios estados de la unión americana han privatizado muchas prisiones, especialmente en el estado de Texas. Los políticos veían a los presos como un lastre para el estado, por lo cual privatizaron las prisiones para que los presos paguen por sus crímenes trabajando.

La situación de los presos con las primeras privatizaciones hace cien años eran desastrosas . Los prisioneros vivían hacinados, eran golpeados frecuentemente y se alquilaba su fuerza de trabajo en condiciones de esclavitud. Modernamente, la situación no ha mejorado mucho y de acuerdo a estudios se ha determinado que la violencia en las cárceles privadas norteamericanas es mayor que en las cárceles públicas, que en realidad el ahorro para el estado no es tal y que sólo es un gran negocio para las empresas privadas, que como todo negocio trata de obtener utilidades como sea, en detrimento del estado y la sociedad muchas veces. La construcción de cárceles donde por ahorrar costos, se suprimieron torreones de vigilancia, se ahorre en la calidad de las comidas, los pagos por los trabajos realizados eran abusivamente ínfimos y otras “perlas” han determinado que se hayan roto los contratos de privatización en algunos casos de la historia penitenciaria americana..

. En el caso peruano: ¿Sería la privatización carcelaria la solución al problema?... ¿Cuánto cuestan las carceles?...¿Cuánto cuesta el mantenimiento de un preso?. Estas y otras interrogantes deben ser analizadas y contestadas primero. Creemos que la privatización no es la solución. Para empezar la realidad penitenciaria peruana, es caótica, donde el hacinamiento por falta de espacio físico en las prisiones por la incapacidad del estado para construir mas cárceles en el pasado, ha generado el actual estado de cosas. Además que garantizaría que los empleados contratados por las empresas a cargo de gestionar la administración de las prisiones, no caigan en los mismos pecados que los actuales empleados del INPE, por bajos salarios. Recuérdese que el fin supremo de una empresa privada es la obtención de utilidades y ya vemos como abusivamente algunas empresas llamadas “Services” pagan salarios bajos a sus trabajadores.

Dejemos de lado las privatizaciones carcelarias, porqué al parecer esa no es la mira del gobierno. El día de hoy hemos escuchado a la Ministra de Justicia anunciar que se va a declarar en emergencia al INPE y que se van a construir dos nuevas prisiones, todo esto concuerda con lo que pedimos ayer en nuestro artículo “¿Qué pasa en las cárceles del Perú?”, por lo cual modestamente nos felicitamos.

Ahora queremos hacer otro planteamiento, el cual es utilizar la tecnología para prevenir la corrupción de las autoridades encargadas de la dirección de penales de máxima seguridad. Para el caso de Piedras Gordas se propone instalar un sistema de transmisión de video – audio y datos vía micro-ondas, de tal forma que algunas de las cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos del penal permita el control y monitoreo de circuito cerrado de TV en tiempo real a larga distancia vía micro-ondas por la jefatura nacional del INPE, o del ministerio de justicia o a quien determine las autoridades de gobierno (tal vez la central policial 105), con la finalidad que los funcionarios y empleados del penal no entren en contubernios con los peligrosos delincuentes a quienes deben cuidar. Se sabe que por sofisticado que sea el equipamiento instalado en los penales (bloqueadores de celulares, cámaras de seguridad, etc.) son desconectados para que se puedan perpetrar las acciones delictivas de los reclusos. Pero en este caso de un enlace remoto se conocería por un ente externo al penal que exprofesamente se ha desconectado una cámara y se podría tomar las acciones correctivas.


Se podría utilizar cámaras sin movimiento que sólo proporcionan video (cámaras fijas) y mediante el enlace de micro-ondas transmitir las señales de video y datos. Dependiendo de donde estará la sede de control se puede instalar estaciones repetidoras de micro-ondas si fuera necesario. También si desea se podrían utilizar cámaras robotizadas que además de proporcionar video tienen movimiento controlado por un operador.

Para ser una cárcel de máxima seguridad los reclusos no deben estar “socializando” como se ha observado en el video antes mencionado de Piedras Gordas, porqué potencian sus habilidades criminales y se asocian para dirigir desde el interior del penal nuevos ilícitos penales. Deben estar confinados en solitario, sin interacción entre ellos y monitoreados por cámaras internas de seguridad, estas si manejadas desde el mismo penal por los empleados encargados de las mismas.

La comunicación de los reos con sus abogados, familiares y amigos debe efectuarse a través de locutorios con un sistema de auriculares y micrófonos y vidrio de seguridad de por medio, para impedir el contacto físico. De esta forma se evitará la introducción de celulares, drogas, armas, etc. al interior del penal.

A pesar que en Piedras Gordas desde el 2005 está supuestamente funcionado locutorios de máxima seguridad, en la práctica en alguna requisa efectuada se ha encontrado todo tipo de dispositivos introducidos desde el exterior….¿Cómo ingresaron?.... Muchos seguramente por corrupción de los propios empleados del INPE y otros por familiares que tendrían contacto físico con los reclusos. Por tal motivo esa zona de locutorios deberá ser uno de los puntos estratégicos que deberá estar monitoreada remotamente por una cámara de seguridad entre otros puntos, para cohibir a los empleados encargados de la custodia de transgredir las normas estipuladas sobre el particular.

Finalmente, se debe efectuar un profunda evaluación del personal penitenciario que incluyan pruebas psicológicas y de moralidad, capacitación, investigación de signos exteriores de riqueza, etc., separando o reubicando aquellos que ya tienen las deformaciones del sistema.

Sobre todo se debe tener especial cuidado en la selección de los nuevos empleados penitenciarios que el INPE contratará, por ejemplo que no pertenezcan a familias con delincuentes en su entorno, y una vez entrenados evitar que caigan en las deformaciones y corrupción de malos empleados penitenciarios actuales, a quienes hay que identificar y separarlos de la institución.

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¿Qué pasa en las cárceles del Perú?

Nuevamente la ciudadanía tomó conocimiento del contubernio de funcionarios del INPE con prontuariados reclusos, para permitirles el ingreso de celulares y otras gollerías a cambio de sobornos (Panorama -.Canal 5 / domingo 27 de agosto 2006) y este es un fenómeno recurrente en el sistema penitenciario peruano, pues anteriormente hubieron otras denuncias similares (penal de Piedras gordas) e inclusive hay funcionarios en prisión al ser captados “infraganti” en actos de corrupción.

¿Que hacer al respecto?....Es necesario desarrollar una política penitenciaria que permita resolver el problema de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, mediante una reforma del sistema penitenciario adaptando las prisiones a las nuevas realidades del delito y avances de la tecnología, para evitar que reos de alta peligrosidad, inclusive dentro de las denominadas cárceles de máxima seguridad, manejen desde el interior de las prisiones sus organizaciones delictivas, dirigiendo secuestros y otros crímenes, a través de teléfonos celulares, que son introducidas a los penales corrompiendo funcionarios o burlando la vigilancia de estos por la miniaturización cada vez mayor de los citados dispositivos. Se conoce que los pequeños teléfonos celulares son introducidos a los penales por familiares y amistades de los reos de las formas más ingeniosas y elaboradas, inclusive en las cavidades corporales de las visitantes.

Otro problema es que las cárceles peruanas han rebasado su capacidad para albergar a mas reclusos, algunas en varias veces más su capacidad para las que fueron construidas, dando lugar a un hacinamiento de reos y donde proliferan drogas, alcohol, armas de fuego, además de teléfonos celulares, que son introducidos desde el exterior, para que los “capos” controlen y prácticamente “cogobiernen” la prisión en forma paralela a las autoridades penitenciarias. Se está gestando un peligroso clima que puede explotar como alguna vez ha ocurrido en el pasado, con amotinamientos y el saldo de muertos que esto puede originar.

El nuevo gobierno debe declarar en emergencia las prisiones y construir algunas en diversos puntos del país conforme lo permitan los ingresos del fisco. Dentro de estas se debe construir una o dos realmente de máxima seguridad, en contraparte a las que actualmente existen que podrían ser catalogadas como de “máxima impunidad”, por los problemas antes descritos.

En estas cárceles de máxima seguridad se trasladarían a los reos de alta peligrosidad, a quienes ya el fin readaptador y resocializador de las prisiones ya no funciona, muchos por la lentitud, lenidad y corrupción del poder judicial, que muchas veces decreta la libertad de estos prontuariados delincuentes y que salen a seguir delinquiendo, cada vez en forma más avezada. En estas prisiones los reos no tendrían contacto físico con las visitas y la comunicación sería a través sistemas con auriculares y vidrios de seguridad que permitan ver a las personas y comunicarse, pero al no tener contacto físico no podrían introducir ningún dispositivo al penal.

Habrán voces que discrepen con este tipo de prisiones, con argumentos tales como que no se prioriza la readaptación y que se atentaría contra los derechos humanos de los internos, pero la sociedad debe defenderse y debe ser prioridad del estado los derechos humanos de sus ciudadanos.

En algunos países alrededor del mundo y principalmente en Estados Unidos de Norte América se ha desarrollado un tipo de prisión denominado Supermax, destinados a albergar a reos de extrema peligrosidad, donde están bajo la constante vigilancia de cámaras de circuito cerrado de video y condiciones de encierro en solitario. Los expertos deben evaluar la posibilidad de instalar prisiones basados en esos principios de seguridad.

Mientras dure el proceso de construcción de estas prisiones de máxima seguridad, se debe trasladar a los líderes y “capos” de las organizaciones delictivas a prisiones del interior del país que tengan las condiciones de seguridad que impidan su fuga, como Yanamayo, pero donde se les cortaría el nexo con los miembros libres de sus bandas para evitar que sigan dirigiendo crímenes desde el interior de los penales.

La prisión de Piedras Gordas, supuestamente de máxima seguridad, construida últimamente ya presenta problemas precisamente de seguridad , porqué la ciudadanía tomó conocimiento en su oprtunidad a través de los programas periodísticos de la TV. que un conocido asesino denunciaba la introducción de teléfonos celulares al interior de la prisión. Y posteriormente una cámara de seguridad filmaba al director del penal recibiendo coimas de peligrosos delincuentes. Las autoridades tendrían que evaluar la posibilidad de instalar un módulo tipo el sistema Supermax para el caso de estos delincuentes de extrema peligrosidad.

La construcción de otros tipos de cárceles de diferentes grados de seguridad, permitirá destugurizar las prisiones, albergando en ellas a los reos según sus niveles de peligrosidad, aplicar programas de rehabilitación (para los internos que sean rehabilitables), pero al mismo tiempo hay que capacitar y profesionalizar al personal penitenciario para que actúe con vocación, honestidad y eficiencia. La política penitenciaria debe apuntar a fortalecer la seguridad institucional de las prisiones, donde la honestidad de los funcionarios sólo se podrá lograr con un sistema coherente y profesional y con un régimen salarial justo que permita disminuir la impunidad, la corrupción y el contubernio que prevalece en la actualidad en la mayor parte del sistema penitenciario nacional.

A fines del anterior gobierno se trasladaron a peligrosos cabecillas de bandas criminales a cárceles del interior del país y como por arte de magia cesaron los sonados secuestros de ciudadanos de alto poder adquisitivo que venía sufriendo Lima los primeros meses del año.

Hace poco en una entrevista en televisión, la nueva jefa del INPE anunció que se regresarían a estos delincuentes a penales de Lima como Piedras Gordas y si nos atenemos a las últimas denuncias periodísticas llegaremos a la conclusión que las debilidades del sistema penitenciario peruano, viene por el lado de la corrupción de los funcionarios encargados de la custodia de estos peligrosos reos.

Al regresar a estos peligrosos delincuentes a cárceles limeñas, quienes no tardarán en tentar a sus nuevos celadores (por los bajos sueldos que estos perciben) para obtener nuevas gollerías. Preguntamos entonces, ¿No estará “alentando” la nueva jefa del INPE que se desate otra ola de secuestros en la capital?...Más vale prevenir que lamentar.

Propuestas de políticas para la juventud en el Perú

Dada la importancia que como número y caudal electoral representa la población joven en el Perú, el presidente García diseñó estrategias para ganar la preferencia de estos. Al ritmo del regaetown logró una empatía con los jóvenes durante la campaña electoral 2006 a la Presidencia de la República y gracias a su apoyo logró pasar a la segunda vuelta. Y una vez pasado este primer escollo, en el lance decisivo logró su ingreso por segunda vez como gobernante a la casa de Pizarro, gracias al temor al fenómeno Humala y los miedos que generaban en gran parte de la población sus propuestas extremistas.

La Ley del Concejal Joven y la propuesta de incorporación de los 10 mejores alumnos de todas las las universidades del país a la administración pública – de mas difícil aplicación, por la disparidad de la calidad educativa entre universidades – (ver artículo publicado en Julio 2006) encajan dentro de la citadas estrategias.

Si bien las citadas estrategias tienen más características efectistas con la población y sirvieron para ganar una campaña electoral; ahora el gobierno debe diseñar estrategias, no para una elite juvenil sino para la gran mayoría de jóvenes de este país. Después de todo un jovencísimo Alan García no necesitó de una ley para ser elegido diputado primero, y siendo joven aún presidente de la república. Tampoco la congresista Luciana León y otros congresistas del APRA , Unidad Nacional y otros movimientos políticos necesitaron la famosa ley para ser ungidos congresistas siendo jóvenes. Todo depende de la voluntad de renovación y supervivencia de los partidos políticos, que deben promover a sus cuadros juveniles mas capaces.

Una estrategia preponderante del gobierno para los jóvenes, debe ser mejorar la educación en el Perú, porqué nuestro gran problema está en una pobre educación y de allí se derivan muchos de nuestros males. Recién se verá la voluntad política de este gobierno de mejorar la educación, cuando en el presupuesto general de la república se asignen mayores partidas presupuestales para este sector. Podrá argumentarse que el presupuesto ya lo ha dejado medio cocinado el anterior gobierno, pero todavía pueden hacerse algunos ajustes al respecto.

Se debe propender a una educación técnica y para el trabajo, desarrollando programas de acuerdo a las realidades y necesidades de cada región. Se debe buscar la participación de los sectores productivos del país con la educación, fomentando la competitividad y programas de capacitación laboral. Asimismo fomentar entre los jóvenes universitarios la creación de empresas, independiente de la especialidad que sigan, para eso se debe agregar en las currículas universitarias cursos con ese fin. Se debe fomentar el deporte escolar y universitario. Se debe reinstaurar la educación premilitar, entre otras medidas (el problema educativo es muy complejo que merecería varios artículos, para cubrir sus alcances)

Otro problema, que es una consecuencia derivada de la pobreza que aflige a gran parte de la población de zonas deprimidas urbano marginales y del interior del país, es la deserción escolar, que da como consecuencia que muchos de esos jóvenes sean ganados por bandas delincuenciales juveniles.

La delincuencia juvenil es consecuencia de que en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, niños y jóvenes adolescentes viven muchas veces en condiciones de pobreza y miseria, donde son comunes la desintegración familiar, la drogadicción, alcoholismo, deserción escolar, agresiones sexuales, el desempleo de los padres que obligan a la mendicidad de los menores, al trabajo infantil y finalmente a la delincuencia. A estos grupos sociales se les ha negado todos los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo.

La delincuencia juvenil es pues el resultado de la combinación de diversos factores de riesgo y respuesta social ante el abandono, marginación y olvido del estado. Se presenta en toda sociedad, en donde los antivalores de violencia, agresividad, competencia salvaje, consumo, se imponen a los valores supremos de la sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia.

La aplicación de políticas para apoyar a los padres vulnerables, mejorar las escuelas, enfrentar el abuso de drogas, aumentar las oportunidades de empleo y desarrollar alternativas constructivas a la prisión, pueden producir reducciones sustanciales en el delito entre los jóvenes, lo cual resulta eficaz en términos de costos y beneficios en el mediano plazo. Si se puede mantener a los jóvenes alejados del delito, es menos probable que se dediquen a él cuando sean mayores. El concentrar la asistencia en los niños descuidados o abusados, que tienen dificultades en la escuela, que experimentan con el alcohol o las drogas, o que se involucran en pandillas juveniles, produce dividendos reales en el largo plazo.

Gran parte de los delitos son cometidos por un grupo pequeño de infractores, muchos de ellos adictos a las drogas, lo que significa que se requieren esfuerzos mucho mayores para impedir que los niños se involucren en el abuso de las drogas, y ofrecer tratamiento a quienes ya lo han hecho. Enviar a los adictos a prisión es un intento por eliminar su hábito por medio del castigo. Desde la óptica de la Convención de los Derechos del Niño el niño es sujeto de derechos, tiene reconocimiento como persona mas allá de su infracción a la ley, y su tratamiento se enmarca fundamentalmente en programas educativos y preventivos.

Otra situación que es necesario analizar en el ámbito de la juventud en el Perú, es la supresión del Servicio Militar Obligatorio y la instauración en su reemplazo del Servicio Militar Voluntario que ya está creando problemas para lograr completar los cupos de reclutas por la negativa de los jóvenes a inscribirse para este servicio en los institutos armados. El servicio militar es importante porqué se le inculca al joven el espíritu de amor a la patria, se fomenta la disciplina y se adecua la conducta de estos a un sentido de servicio a la comunidad.

Habría que estudiar la reimplantación del servicio militar obligatorio, pero considerando a los objetores de conciencia, (1) quienes podrían desarrollar un servicio civil, (por ejemplo objetores de conciencia a empuñar armas por creencias religiosas). Las condiciones de servicio para el servicio militar y para el servicio civil serían análogas. Sin embargo, una diferencia es que los reclutas militares recibirían un salario mensual mientras que los objetores de conciencia recibirían una prestación. Los llamados al servicio civil tendrían en principio las mismas obligaciones que los llamados al servicio militar, con la excepción de que no portarían armas ni aplicarían fuerza alguna contra los demás. El servicio civil se cumplirá normalmente en el seno de las fuerzas armadas sin portar armas, aunque también podría cumplirse en entidades legalmente inscritas del Ministerio de Defensa. Todo recluta que esté cumpliendo el servicio civil podría cambiar de opinión en cualquier momento y solicitar al comando ser reasignado al servicio militar. A continuación se reasignaría al recluta al servicio militar por el período habitual de servicio menos el tiempo que haya dedicado al servicio civil. Sin embargo, el recluta está obligado a asistir a la instrucción militar durante el período prescrito por la ley.

Otra alternativa sería instaurar el Servicio Militar Selectivo, que permitiría reclutar personal civil a las FF.AA. de acuerdo a necesidades y en casos especiales. Estados Unidos de Norteamérica tiene instituido el Servicio Militar Selectivo y tiene también en la actualidad problemas para completar sus cuadros de reclutas para sus fuerzas armadas, por lo que está desarrollando un programa mediante la creación de un registro donde los indocumentados capturados en delitos menores sancionables con penas menores a uno o dos años de prisión, inmigrantes indocumentados, además de las personas acusados de conducir en estado de ebriedad, por violencia doméstica, robo, daño a propiedad ajena así como violar su libertad condicionada; se les “invita” a inscribirse en el servicio militar selectivo, con la promesa de anular la sanción penal que pudiera haberle correspondido, obtener recomendaciones ante las autoridades de inmigración para obtener la ciudadanía, según corresponda, etc. Aquí también podría aplicarse algo similar con jóvenes en riesgo social y peligro de caer en la delincuencia, pero cuidando de no incluir delincuentes juveniles peligrosos, porque se podría inferir que se estaría usando a las FF.AA. como reclusorios, y el riesgo de dañar la disciplina y moralidad que debe tener toda institución castrense.

Los beneficios que se lograrían con cualquiera de los tipos de servicio militar, es que los jóvenes se formarían en base a la disciplina militar, aprenderían un oficio que les servirá como sustento de vida futuros, podrían reengancharse y seguir con una carrera militar y finalmente los institutos armados tendrían el personal que ahora con el Servicio Militar Voluntario no cuentan en la cantidad suficiente, porqué los jóvenes mayoritariamente no se inscriben en estas fuerzas militares y muchos ante la ociosidad y falta de incentivos y motivación prefieren la vagancia, organizarse en barras bravas, las drogas y el pandillaje juvenil.

Bueno, estas son sólo algunas ideas que lanza el Brujo político que pueden ser debatidas y desarrolladas por nuestros políticos, para lograr el desarrollo y bienestar de nuestra población joven.

Nota: (1): En su resolución 1998/77, de 22 de abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones unidas señaló a la atención el derecho de toda persona a la objeción de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, proclamado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Reforma del Poder Judicial Peruano

El Poder Judicial peruano es uno de los poderes del estado que la ciudadanía en general ve con desconfianza por la corrupción imperante: Durante el fujimorismo el desempeño de la justicia para rendir cuentas ha sido muy pobre debido principalmente, a la politización e injerencia del poder político sobre la judicatura -que vulneraban su independencia e imparcialidad-; y al hecho que el propio poder judicial no ha sido ajeno al fenómeno de la corrupción.

No se quiere generalizar que todos los jueces y magistrados sean, por defecto, corruptos. Ni mucho menos. Pero sí es cierto que el volumen de sobornos presente es lo suficientemente importante, en términos generales, como para interferir y distorsionar la calidad, eficacia y eficiencia del servicio público que se presta.

El gobierno de Toledo mejoró sustancialmente los salarios de jueces y magistrados tratando de solucionar uno de los catalizadores de la corrupción (pre-existencia de bajos salarios) y trató de potenciar los órganos de control del poder judicial incorporando miembros de la sociedad civil organizada en estos órganos, pero en general el desempeño en la administración de justicia siguió siendo deficitario.


Aunque el gobierno de Fujimori destinó recursos para efectuar reformas cuya incidencia repercutieron mayormente en el campo administrativo judicial y, posteriormente el gobierno del presidente Toledo asignó partidas presupuestales para aumentar el sueldo de jueces y magistrados, con la finalidad de evitar que estos sucumban en la tentación de la corrupción, sin embargo la población observa indignada que prácticamente poco o nada ha cambiado, pues reiteradamente la ciudadanía se informa que peligrosos secuestradores salen libres por “falta de pruebas”, que los procesos judiciales son lentos por lo que otros delincuentes ganan su libertad por exceso de detención sin sentencia, o que se les otorgue detención domiciliaria – distrayendo recursos humanos policiales en su custodia en lugares peligrosos y con altas probabilidades de fuga - y también lenidad en la aplicación de las sentencias, por lo que avezados delincuentes pronto están nuevamente en las calles continuando con su carrera delictiva y creando zozobra en la población.

En general la población tiene la percepción que la justicia es para los poderosos o los que pueden comprarla, y lamentablemente muchos delincuentes, producto de sus fechorías tienen dinero para torcer la mano de la ley.

Ante el clamor nacional de la necesidad de reformas, los altos funcionarios del Poder Judicial han defendido sus fueros para reformarse ellos mismos, defendiendo su autonomía y argumentando la defensa de la independencia de poderes. Eso está bien, pero al igual que en una empresa con problemas, la Junta de Accionistas y / o el Directorio a través de la Gerencia General contratan asesorías externas especializadas para efectuar las reingenierías necesarias, aquí también se requeriría que ante el clamor de cambios de la Junta de Accionistas que este caso sería el pueblo peruano, el directorio y la gerencia general, a la postre el ejecutivo y legislativo respectivamente en esta analogía ilustrativa, contraten a hombres notables de leyes, intachables, independientes (para evitar la politización) y con autoridad moral para que en un plazo determinado estudien y dentro de las capacidades presupuestales de la caja fiscal, propongan las mejores soluciones para reestructurar este anquilosado poder del estado.

¿Porqué sería necesario que un ente externo provisional proponga las medidas que deban tomarse?...Siguiendo con la analogía de una empresa, si los propios funcionarios se encargaran de efectuar los cambios requeridos, muchas veces estos no tienen idea de sus limitaciones y crearían recetas de solución bajo la óptica de esas limitaciones y que a la postre continuarían con la problemática o a veces empeoraría lo que se quiere potenciar.

También se daría el caso que los propios funcionarios encargados de reformarse disimulen sus falencias o debilidades por el temor a perder sus puestos de trabajo. Lo mismo sucedería en el entorno del poder judicial dando como resultado que se continúen con los problemas estructurales que los peruanos padecemos en el sistema de administración de justicia.

Ante este panorama se intuye que el problema no es necesariamente remunerativo ni de leyes, sino de personas y de aplicación de la ley. Ante el clamor ciudadano los políticos (Congreso de la República) reaccionan aumentando las penas, reformando algunos artículos del Código Penal pero que muchas veces colisionan con otras leyes dictadas anteriormente para los mismos delitos o figuras delictivas parecidas que pueden interpretarse de diferente manera y que tienen sanciones menores. Por lo tanto sobre este punto es necesario que el estado encargue a un conjunto de expertos penalistas para que también en un plazo determinado estudien la legislación penal, encontrando las incoherencias de leyes ante los diferentes tipos de delitos y crímenes, de tal forma que los jueces y fiscales tengan que aplicar necesariamente esas leyes revisadas y así evitar que los delincuentes se beneficien de resquicios legales para burlar la justicia, o minimizar sus sentencias.

Finalmente otro aspecto importante es potenciar los órganos de control, acabar con la provisionalidad y limpiar el poder judicial y el ministerio público de malos elementos que han caído bajo las garras de la corrupción, sin que esto signifique una intervención ni politización de ese poder del estado; pero es imprescindible que el nuevo gobierno actuando con transparencia y al mismo tiempo con energía, dentro de la democracia, efectúe las necesarias reformas en el Poder Judicial tendientes a lograr la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia.

El gobierno anterior creó el SERIAJUS que es una comisión especial que ha elaborado todo un proyecto de reforma integral del Poder Judicial, parte del cual ha comenzado ya a ejecutarse y a ponerse en marcha aunque lentamente. El problema es que los jueces no van a querer reformarse ellos mismos y acá lo que importa es que ese plan se aplique y que tiene que haber una voluntad política del nuevo gobierno de “tomar el toro por las astas” y .aplicar medidas drásticas para acabar con la corrupción del sistema de justicia.

La necesidad de aplicar políticas de población

A propósito de la presentación del gabinete en el Congreso.
Tal como era previsible, el Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por el Dr. Jorge del Castillo, en su presentación en la sede del legislativo y donde el premier comunicó al país las políticas que desarrollará el gobierno en esta quinquenio. Se establecieron los indicadores en las diferentes áreas que marcarán el rumbo del gobierno para solucionar los principales problemas que aquejan a nuestro pueblo como son la pobreza, la educación , salud, empleo, etc.

No es nuestro objetivo informar sobre los temas expuestos por el primer ministro, de eso se encargan los medios de comunicación masivos, sino que fiel a nuestro objetivo de establecer propuestas en pro del desarrollo y gobernabilidad del país, trataremos ahora sobre la necesidad de aplicar políticas de población, que es algo que no hemos escuchado en el discurso del primer ministro el día de hoy en su disertación en el congreso nacional, claro está que como lo explicamos mas adelante, hoy no era la ocasión mas adecuada para que el Dr. Del Castillo trate este delicado tema.

El nuevo gobierno debe adoptar a futuro un conjunto de medidas y programas con el fin de producir cambios cuantitativos y cualitativos en los procesos de crecimiento de la población, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas y a reducir las desigualdades existentes entre los peruanos.

El crecimiento de la población peruana es mayor en aquellas zonas de gran pobreza y pobreza extrema, consecuencia de una pobre educación y/o analfabetismo, que originan masivas migraciones de pobladores de estas zonas deprimidas del interior del país a las grandes ciudades, con la secuela de invasiones de terrenos para levantar sus precarias viviendas, carentes de los mínimos servicios indispensables de salubridad, creando potenciales problemas futuros, que muchas veces son los caldos de cultivo que atentan contra la seguridad ciudadana.

El gobierno dictatorial de Fujimori inició una campaña intensiva de control de la natalidad, aplicando inclusive esterilizaciones forzadas, o con engaños en mujeres de escasos recursos económicos, política que atentaba contra los derechos humanos de estas personas.

Todo gobierno debe aplicar políticas de población, por ejemplo en países de bajo índice de crecimiento de su población, como es el caso de algunos países europeos industrializados se dan incentivos económicos a sus ciudadanos para aumentar la natalidad. Otros países superpoblados como China aplican por el contrario medidas tendientes a controlar la fecundidad. Estas políticas de control de la población debe estar inmersa en un proyecto de desarrollo económico y social más amplio, acorde a los recursos disponibles de la nación, con la finalidad de lograr desarrollos sociales mas uniformes y por ende menos problemas futuros que incidan en el incremento de la delincuencia, entre otros beneficios producto de la disminución de la pobreza de esta población deprimida.

A esta población objetivo se la debe educar en métodos de planificación familiar, para tener la cantidad necesaria de hijos que puedan mantener y educar. El estado debe proporcionarle gratuitamente los instrumentos que permitan un control de la fecundidad, tales como anticonceptivos incluidos fármacos tales como la muy discutida “píldora del día siguiente” (para caso de violaciones y evitar embarazos no deseados) y esterilizaciones consentidas en aquellas parejas que tengan la cantidad suficiente de hijos. Claro está que se tendrá que enfrentar la oposición de la jerarquía eclesiástica, a quien con mucha diplomacia, se le debe decir, al igual que han hecho gobiernos democráticos de otros países, que la función de la iglesia es con su feligresía y la función del gobierno es con el estado.

Creemos sí que esta política debería ser implementada a partir del segundo año de gobierno, ya que en el primer año se deben comenzar a aplicar las medidas anunciadas en el Plan de Gobierno del APRA (agua para todos, sierra exportadora, etc.) y ganar la confianza y popularidad en la población para vencer las reservas en parte de esta, consecuencia del primer gobierno 1985-1990 y tener la menor oposición posible a políticas como las de control de la población que podrían encontrar algún grado de resistencia, en algunos sectores organizados de la población civil, especialmente en la Iglesia católica.

En principio, el estado no puede permanecer inactivo sin hacer nada para controlar el crecimiento acelerado de la población de mas pobreza en el Perú, si al mismo tiempo no se aplican políticas para lograr el desarrollo sostenido de esas poblaciones, porqué de lo contrario se estaría incubando potenciales focos de conflictos sociales, ya que al ser poblaciones fácilmente manipulables pueden ser captados por grupos subversivos terroristas, o caer fácilmente a las prédicas incendiarias de líderes mesiánicos como los que ya se han observado en las elecciones presidenciales del 2006, en la zona sur del Perú, con el peligro que ello representa para la democracia en el país.

Las políticas de control poblacional aunque no se puede decir que sea una estrategia directa de seguridad ciudadana, si se la podría incluir como una estrategia preventiva de la misma, porqué muchos de los problemas que generan la delincuencia mayormente se originan como consecuencia de la pobreza y por familias que no han aplicado ningún método de planificación familiar, que tienen muchos hijos, los cuales ante la falta de oportunidades de desarrollo personal caen en las garras de la delincuencia.

Es alentador escuchar que el gobierno del presidente Alan García centrará su política en el apoyo de la población menos favorecida, pero seamos realistas, en cinco años no se va ha erradicar la pobreza en el Perú, aunque hacemos votos porqué este gobierno tenga éxito y que minimice la pobreza ostensiblemente, para lo cual debe también planificarse el crecimiento de nuestra población.

Es necesario incorporar al RENIEC al Sistema de Seguridad Ciudadana

Por una identificación rápida y eficaz de sujetos delincuentes.
¿Cuántas veces Ud. o una persona amiga ha sido objeto de un asalto o robo, quedan huellas nítidas que la policía recoge y casi nunca se ubica al delincuente o toma mucho tiempo identificarlo?...El presente artículo aborda este tema.

En la lucha contra el terrorismo el ministerio del Interior desarrolló un plan durante el primer gobierno del presidente García (1985-1990) mediante el cual se iba a generar la Cédula Nacional de Identidad, como un modo eficaz de identificar a todas las personas y dentro de éstas a los delincuentes terroristas, empleando para ello modernos equipos de procesamiento de identificación por huellas dactilares (AFIS – Automated Fingerprint Identification System), que recién empezaban a implementar algunas policías en el mundo.

Ocurrió la debacle de la economía, el país ya no era sujeto de crédito y este y otros proyectos pasaron a mejor vida por la imposibilidad económica de adquirirlos, además que como toda tecnología nueva tenía costos muy elevados. De esa época a la actual mucha agua ha pasado bajo el puente y la situación del país ha cambiado económicamente, los citados equipos han bajado ostensiblemente de precio y la velocidad de procesamiento se ha multiplicado tremendamente.

Posteriormente en el Gobierno de Alberto Fujimori se creó el RENIEC dentro del ámbito electoral, encargados de reemplazar la antigua libreta electoral por el Documento Nacional de Identidad (DNI), documento que ahora sirve a las personas para sufragar y a la vez como medio de identificación, a diferencia de otros países donde la función de identificación corresponde al Ministerio del Interior u organismos equivalentes..

En 1999 el FBI (Federal Bureau of Investigation), la policía federal norteamericana implementó el IAFIS (Integrated Automated Fingerprint Identification System) que no es otra cosa que la integración de los cuerpos policiales de los diferentes estados mediante sistemas AFIS, con lo que han logrado una eficaz herramienta en la lucha contra la delincuencia y crimen organizado. Tanto el FBI como la INTERPOL han creado estándares internacionales para que los paises que adquieran esta moderna tecnología permitan el intercambio de información, sobre todo para combatir el terrorismo internacional.

El 28 de Enero del 2003 el gobierno de Alejandro Toledo dio la Ley Nº 27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” con el objeto de coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social, donde se incluyen a una serie de instituciones y a la sociedad civil organizada para combatir eficazmente a la delincuencia, pero de acuerdo a nuestro punto de vista olvidaron de incluir al RENIEC.

El problema del terrorismo es mínimo actualmente y mayormente está circunscrito a zonas del interior del país de difícil acceso, pero en cambio se han incrementado los problemas de delincuencia común y organizada, por lo que con el apoyo de equipos de procesamiento de huellas dactilares, centralizados en dependencias policiales de las principales ciudades del país y que pueden ser consultados por medios electrónicos por otras dependencias del sector interior, se tendría una efectiva herramienta para la identificación de personas que cometen hechos delictuosos y criminales.

Como el primer paso del proceso de identificación del universo poblacional se da en el RENIEC, donde se toman los datos de las personas y se realiza la captura de imágenes de fotos y huellas dactilares, debe incorporarse esta institución al sistema nacional de seguridad ciudadana, para compartir la información generada con la Policía Nacional, especialmente la de huellas dactilares, para la función policial de identificación mediante el uso de estos sistemas digitales de almacenamiento y procesamiento de huellas dactilares, para la posterior captura de sujetos delincuentes.

Actualmente el RENIEC genera el Documento Nacional de Identidad (DNI) a partír de los 18 años de edad, y tiene un programa piloto limitado de emisión de niños en peligro de riesgo social.

En una primera etapa, planteamos que debería implementarse un plan para generar el DNI a partir de los 14 años de edad, en forma obligatoria, (España por ejemplo emite la cédula de identidad nacional obligatoria a los 14 años), que es precisamente la edad que algunos tratadistas consideran debería ser el límite para la delincuencia juvenil, así como la responsabilidad penal se establece a partir de los 18 años de edad. Estos mismos expertos consideran que el menor infractor (pirañitas) lo podrán ser hasta los 14 años de edad, a partir de ese límite deberá ser considerado como delincuente juvenil, con los grados de responsabilidad que fija la legislación pertinente. Menores infractores de menos de 7 años deben ser tratados por instituciones asistenciales del estado.

En una segunda etapa, debe bajarse el límite para la generación obligatoria de los DNI y debería ser a los 7 años de edad (podría ser también a los 6 si así se estimara necesario).

Con estos planes obligatorios de identificación se tendría registro de las huellas dactilares (que no cambian con el tiempo) de los niños y jóvenes con conductas antisociales y delincuenciales, facilitando la labor futura de la policía en su labor proactiva y reactiva de lucha contra la delincuencia.

Según información anterior teníamos conocimiento que Reniec había desarrollado una licitación para adquirir un sistema de identificación por huellas dactilares – AFIS – para uso civil, con el que esperaban cotejar las huellas de todo el universo nacional de ciudadanos y encontrar delincuentes de todo tipo, aún aquellos que tienen dos o mas DNI con diferentes identidades, que ahora les permite burlar a la policía y cometer sus fechorías. Para uso civil solo es necesario registrar las huellas de los dedos índice de cada persona, por asuntos de velocidad de procesamiento y que Reniec debe entregar información en línea ante las consultas de las instituciones solicitantes autorizadas.

Para identificación criminal deben ingresarse los datos de huellas de todos los dedos de cada persona, y ya la velocidad de proceso no es el fin inmediato sino la identificación efectiva de la persona a la que se quiere capturar.

Por investigación en el Internet, el Brujo Político ha tomado conocimiento que la Policía Nacional contrató en su oportunidad con una compañía española (AST) para la digitalización de las fichas decadactilares de los delincuentes capturados), pero al parecer no tiene un sistema AFIS.

Confiamos que nuestra policía pronto pueda disponer de un sistema AFIS criminal con lo cual se potenciaría exponencialmente la capacidad de la PNP en la lucha contra la delincuencia y por lo tanto se mejoraría la seguridad ciudadana.

Estrategias para mejorar la seguridad ciudadana.

Parece que ante la imposibilidad real de cumplir la promesa de campaña de incrementar en 20,000 nuevos miembros los efectivos de la Policía Nacional del Perú, durante los 180 primeros días del gobierno del presidente García, la ministra del Interior ha tenido que plantear la posibilidad de comprar los días de descanso de los policías para aumentar el patrullaje y potenciar las nuevas estrategias policiales como el plan telaraña y otros.

Si actualmente los policías están mal pagados y encima se les debe vacaciones atrasadas, beneficios y otros rubros, tal como se viera en un reportaje de uno de los programas políticos dominicales de nuestra TV, pretender incrementar veinte mil nuevos policías suena a imposible.

El 30 de Julio publicamos un artículo titulado “Los retos del gobierno de Alan García”, donde tratamos sobre el problema del incremento de los cuerpos policiales y manifestamos entonces que una forma mas inmediata y efectiva era apoyarse en la tecnología, para lo cual el gobierno debería aprovechar la buena noticia del superávit de recaudación fiscal para equipar adecuadamente a los actuales efectivos y empezar con aumentarles los sueldos y así evitar que mas policías dejen la institución.

Es una buena noticia que la ministra del Interior informe que el gobierno va a asignar recursos para la adquisición de nuevos patrulleros, motocicletas y equipos de comunicaciones, pero además debe efectuarse el máximo esfuerzo para informatizar integralmente a la policía. Ahora es común ver que si un ciudadano acude a una comisaría a efectuar una denuncia el policía lo atiende con las arcaicas máquinas de escribir. Si se lograra enlazar a todas las comisarías con redes informáticas se podría centralizar la información policial.

Centralización de la información
Es fundamental establecer un Banco Central de Registros Criminales a nivel nacional por tipos de crímenes (secuestros, narcotráfico, violaciones, homicidios, etc.). Actualmente cada comisaría maneja denuncias y estadísticas de los diferentes tipos de delitos y esta información no es compartida por otras dependencias policiales, lo que origina duplicidad de trabajos, ineficiencia y que avezados criminales que pueden ser capturados por la policía de una determinada comisaría, de repente por casos menores como infracciones de tránsito, puedan salir libres al no tenerse una información centralizada.

El principal problema para lograr este objetivo es la carencia y / ú obsolescencia de equipamiento y tecnología de última generación en las dependencias policiales, y sobre este tópico en particular es imprescindible la informatización de todas las dependencias policiales, que permita actualizar y compartir información en tiempo real.

Para comprender la gran limitación actual de nuestras fuerzas policiales veamos el siguiente caso de estudio

Caso Emblemático de estudio:
El caso de un conocido abogado, , casado y con hijos, pero que tenía una doble vida al frecuentar a jovencitos a quienes daba propinas a cambio de favores sexuales. Este fue asesinado por sus acompañantes jóvenes en una de sus reuniones en su estudio, y el cadáver fue abandonado por estos en la Panamericana, fuera de la ciudad, al sur de Lima. La policía intuía la ejecución de un homicidio por las evidencias encontradas en el estudio del abogado, pero no lograba dar con el cuerpo del delito, el mismo que fue encontrado después de muchos meses luego de la confesión de uno de los asesinos, lográndose ubicar el cadáver enterrado como NN en un cementerio por disposición de la propia policía del sector.

La policía de homicidios desconocía este hecho, perdiendo valiosas horas hombre en la búsqueda del cuerpo, con la consecuente angustia de familiares y amigos, además de la sensación de incompetencia de la policía por parte de la sociedad civil. Esto no habría ocurrido de haber existido un banco de datos centralizado de estos casos criminales, donde la policía de cualquier parte del país en un caso de homicidio como este, hubiera registrado fotos del cadáver y los principales elementos de identificación como vestimenta, huellas dactilares, odontogramas y datos de la autopsia. Este banco de datos nacional permitiría además compartir información de personas con antecedentes penales y bandas delictivas.

Potenciamiento del equipamiento policial:
Aún si se pudiera, el incremento de efectivos policiales de por sí no va a solucionar el problema de control de la delincuencia, aunque se tenga la voluntad política de incrementar en 20,000 nuevos policías a la PNP, lo que demandará un fuerte presupuesto del erario nacional para cubrir el gasto que demandará esos nuevos salarios, avituallamientos, previsiones sociales, etc. Pero si es necesario empezar a formar nuevos policías, en cifras mas modestas y sostenidas anualmente para generar confianza en la población que se está cumpliendo con la promesa de campaña electoral.

Suponemos que dentro del equipamiento anunciado además de los antes mencionados, el Ministerio del Interior adquirirá para la policía el armamento adecuado, equipos de protección personal, de inteligencia, equipamiento de moderna tecnología para desarrollar un policía científica y sobre todo sistemas de identificación por huellas dactilares (AFIS - Automated fingerprint Identification System, de las siglas en inglés).

También debería instalarse mas cámaras fijas de seguridad en puntos neurálgicos de la ciudad y un conjunto de cámaras “itinerantes” que se usarían según requerimientos y operativos antidelincuenciales que se diseñen en las jerarquías policiales. En los países desarrollados, se ha invertido sustancialmente en sistemas de televisión por circuito cerrado y otras medidas para reducir las oportunidades para delinquir. Hay indicios de que una mayor seguridad y vigilancia tienen un papel importante que desempeñar en la reducción del delito. No se pretende replicar aquí estas experiencias por cuestión de costos, pero es importante la iniciativa de incorporar los sistemas de empresas privadas y compañías de seguridad, para lograr un tiempo de respuesta policial más rápida ante emergencias.

Lima es una ciudad de mas de 8 millones de habitantes y al igual que las grandes ciudades, debería contar con por lo menos dos helicópteros livianos para vigilancia aérea y persecución de sujetos delincuentes (no los grandes y pesados que son más apropiados para transporte de personal y/o guerra convencional). Estos deben estar equipados con equipos de visión nocturna y reflectores para patrullajes en horas de la noche.

Ponemos especial énfasis en la adquisición de equipos de identificación por huellas digitales, porqué facilitarán el trabajo policial de identificación de sujetos que han cometido crímenes y también de sus víctimas. Por ejemplo en el caso emblemático de estudio antes descrito, si se hubiera tenido a disposición ese tipo de equipamiento, se hubiera identificado fácilmente al NN que la policía encontró en la Panamericana Sur y mas rápidamente se hubiera cerrado la investigación.

Modernamente también es posible potenciar la seguridad empleando sistemas satelitales; ahora es factible equipar a los vehículos motorizados con estos sistemas y con botón de pánico y escucha en cabina, donde con sólo presionar un botón oculto instalado en el vehículo se activa un micrófono que permite a los operadores de la central de monitoreo de Rescate Satelital conocer lo que sucede dentro del habitáculo de la unidad en tiempo real. Esta sería una efectiva manera de proteger a los vehículos interprovinciales brindando seguridad en las carreteras, aparte de la obligatoria filmación que ya está determinada legalmente, pero que pocas empresas interprovinciales la aplican, por lo que continúan los asaltos en las carreteras del país.

Asimismo, se debe adecuar la legislación que apoye la lucha policial contra la delincuencia, que proteja al policía y a la sociedad; se debe construir más cárceles para que prontuariados delincuentes no vean reducidas sus penas por políticas de exagerados beneficios penitenciarios, por la incapacidad del estado de mantener en prisión a estos criminales y por la insuficiencia de las prisiones para albergarlos; lo que determina que salgan pronto a las calles a seguir delinquiendo y atentando contra la sociedad. Por lo tanto se debe eliminar los beneficios penitenciarios a los reincidentes.

Finalmente, se debe reformar el sistema judicial, para que los jueces apliquen la ley en forma justa, en plazos razonables, y aplicando mecanismos que minimicen (ojalá pudiéramos decir desterrar) la corrupción imperante. Este es otro tema que trataremos en próximo artículo.

Políticas de desarrollo social para mejorar la seguridad ciudadana

El nuevo gobierno anunció en la campaña electoral para las elecciones presidenciales una serie de políticas de desarrollo social, tendientes a mejorar las condiciones de salubridad, empleo, vivienda y educación para disminuir los índices de pobreza de las poblaciones menos favorecidas: el proyecto agua para todos, la continuación de programas como Mi Vivienda y Techo Propio, entre otros programas van en ese sentido.

Uno de los temas que la ciudadanía ve con preocupación es la relativa a la seguridad ciudadana y ahora que empieza a calentarse el ambiente político con las campañas a las presidencias regionales y gobiernos municipales, el asunto adquiere singular importancia porqué algunos candidatos a la municipalidad de Lima toman el tema como caballito de campaña.

No es que el Brujo político sea defensor de la gestión del actual burgomaestre limeño Luís Castañeda, que viene siendo objeto de ataques de sus rivales políticos en la próxima contienda electoral municipal del 21 de noviembre 2006, ni creemos que su gestión necesite defensa alguna de terceros, sino simplemente aclaramos lo que cualquier experto en temas de seguridad ciudadana conoce y que emanan de recomendaciones de las Naciones Unidas.

Algunos de los próximos contrincantes de Castañeda dicen que la municipalidad de lima ha renunciado a asumir el liderazgo en la lucha contra la delincuencia, que han dejado esa tarea para la policía nacional y el ministerio del interior, y que sólo se ha dedicado a sembrar de cemento y asfalto a la ciudad.

No queremos entrar a desmenuzar los argumentos de unos y otros, simplemente dar a conocer las recomendaciones de las Naciones Unidas quienes enfatizan la necesidad del mejoramiento del entorno físico de las poblaciones urbanas deprimidas, con miras a la construcción sustentable de barrios más seguros. “El desarrollo social es una modalidad de desarrollo que apunta a mejorar la capacidad de la gente de vivir en un entorno seguro y permitirle participar plenamente en la sociedad” (Nations Unies 1990).

Esto presupone intervenir en el origen de disfunciones sociales como la marginalidad crónica, una inadecuada educación parental, insuficiencia de espacios y equipamientos recreacionales colectivos en los distintos barrios, y abuso de drogas y alcohol, en especial entre los jóvenes, por lo tanto estas políticas tienen una incidencia directa en el origen del problema para la mejora de la seguridad ciudadana.

Esfuerzos como el desarrollado por la Municipalidad de Lima para desterrar los tugurios de Cárcamo en Lima Cercado, y construir edificios multifamiliares mejorarán las condiciones de vida de esos moradores y por ende mejorará la seguridad de esa zona. El haber erradicado la tugurizada zona comercial de Las Malvinas, la construcción de la vía expresa de la Av. Grau, la construcción de lozas deportivas y otras obras recreacionales, mejorarán sustantivamente la calidad de vida de los vecinos y la seguridad de dichas zonas.

Una recomendación para los nuevos alcaldes y presidentes regionales, es que se deben establecer programas tendientes a destugurizar y mejorar las viviendas y el entorno físico de zonas peligrosas de las ciudades, construyendo áreas de recreación, cultura y deporte, además fomentar la creación de talleres donde esa población pueda generar sus propios trabajos y obtener recursos para que puedan sustentarse.

Por lo tanto es importante que el gobierno central, los gobiernos regionales, las municipalidades y la sociedad civil organizada, coordinen esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los sectores urbano marginales y de la población de mayor pobreza, porqué entre otros beneficios se bajarían los índices delincuenciales.

Apatía política para elecciones regionales y municipales

Parece que la turbulencia de las pasadas elecciones presidenciales ha dejado muchos muertos políticos, o por lo menos enfermos agónicos, porqué dentro del cronograma electoral establecido los candidatos a las elecciones municipales podían inscribirse hasta noventa días naturales antes de la elección, y los candidatos a las elecciones regionales, podían inscribirse hasta ciento veinte días naturales antes de la elección. Este lunes 21 vence el plazo para inscribir las listas de candidatos a los gobiernos regionales, en tanto que el miércoles 30 será el último día para presentar las listas nóminas de aspirantes a alcaldes y regidores. Sin embargo no se ve una gran efervescencia electoral, como si hubiera un aletargamiento en unos casos o derrotismo en otros.

Con la modificación del calendario electoral y como consecuencia directa de la Ley 28869, Ley que promueve la participación de la juventud en las listas de regidores provinciales y municipales, se obliga a las organizaciones políticas a incluir a un 20% de jóvenes menores de 29 años como aspirantes a regidores provinciales y distritales.

Asimismo, por excepción en las elecciones municipales correspondientes al año 2006, la aplicación de la cuota de ciudadanos y ciudadanas jóvenes menores de veintinueve (29) años a que se refiere la modificación, puede asignarse de la quinta parte del total de candidatos que serian designados directamente conforme a lo dispuesto por el Art. 24° de la Ley N° 28094.

Las elecciones regionales se realizan conjuntamente con las municipales, siendo la fecha el tercer domingo del mes de noviembre (21 de Noviembre de 2006). Por ley se convocan con un mínimo de doscientos cuarenta días naturales antes de la fecha del sufragio. Por ley también, las agrupaciones políticas deben cumplir con el requisito de cuotas que estipula un mínimo de 30% de hombres o mujeres en cada nómina, asimismo deberán contemplar en sus listas a 15% de representantes de las comunidades nativas, en las provincias donde estas existan.

Se supone que el pasado 1º de Agosto venció el plazo para que los partidos realicen sus comicios internos, a fin de elegir a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales, pero revisando las páginas webs de los principales partidos políticos, encontramos que salvo el partido aprista, las demás agrupaciones políticas o no presentan nada, o simplemente informan poco o casi nada respecto a dichos procesos electorales y sus postulantes a las presidencias regionales y alcaldías municipales.

Que hemos encontrado de dicha revisión: Las elecciones internas del APRA han determinado que el candidato a la presidencia regional de Lima provincias será Andrés Tello e informan los resultados de sólo 8 distritos de 43 municipalidades en Lima (incluido Lima Cercado), lo que equivale a decir que el resto de candidatos para las otras municipalidades se elegiría a dedo por la cúpula partidaria, pero de acuerdo a la ley de partidos políticos (artículo 24 de la ley 28094) sólo podrían hacerlo en una quinta parte.

En la web de Unidad Nacional se informa que la página está en construcción. El PPC sólo menciona un cronograma para elecciones internas para elegir a sus candidatos a presidencias y vicepresidencias regionales, mas nada. En la página Unión por el Perú y su socio en la pasada lid electoral Partido Nacionalista Peruano, se han quedado con las elecciones a la presidencia de la república, tampoco hay nada; sólo sabemos por la prensa que su candidato a la municipalidad de Lima podría ser Gonzalo García, quien fuera candidato a la vicepresidencia por UPP. en las pasadas elecciones presidenciales.

En Acción Popular hay poca información al respecto, mas bien uno de sus lideres ha pedido una candidatura única de varios partidos para enfrentar a Lucho Castañeda, de Solidaridad Nacional, e integrante de la aliaza Unida Nacional. Somos Perú que se dice un partido municipalista si tiene amplia información respecto a los próximos comicios, pero veremos si pueden despercudirse del video de un hermano del líder fundador recibiendo una coima.

Por la prensa también nos hemos enterado que Sí Cumple, partido del ex presidente Alberto Fujimori, viene barajando los nombres de las ex congresistas Luz Salgado y Carmen Lozada como sus potenciales candidatas a la Alcaldía de Lima y que en Perú Posible, está casi confirmada la inscripción de Roberto Rojas Montes, renunciante presidente del Consejo Nacional de la Juventud (Conaju).

Lo anteriormente expuesto demuestra que la ley de partidos es prácticamente letra muerta, porqué no se cumple con los cronogramas establecidos y porqué estamos acostumbrados en el Perú a que las cúpulas partidarias en su mayor parte designen a sus candidatos a dedo y luego se les las formalidades del caso, para aparentar una elección interna para determinar sus candidatos.

Comentario aparte merece el partido de gobierno, impulsor de la denominada ley que permita la mayor participación de los jóvenes en los gobiernos locales. A la Alcaldía de Lima se presentó un solo precandidato, el joven Luis Jiménez Borra, pero posteriormente la dirigencia aprista designó al jubilado ex jefe policial Benedicto Jiménez como candidato a la principal alcaldía del Perú. Creemos que esta debió predicar con el ejemplo y que esta pudo ser una excelente oportunidad para foguear gente joven y nueva.

Es mínima la chance de los otros candidatos a la alcaldía limeña por las buenas obras del actual burgomaestre Castañeda Losio. Se habla que tiene un 67% de popularidad y en anteriores encuestas ha superado largamente esa cifra. El que más se le acerca es el evangélico Lay, revelación en las elecciones presidenciales pasadas, pero no llega al 10% actualmente, y aunque pueda crecer un poco más creemos que en Lima habrá reelección.

La popularidad que goza el presidente García no es endosable, y la candidatura de Benedicto, con todo el apoyo que pueda tener del partido de gobierno (recuérdese que el presidente no puede hacer campaña por alguno de los candidatos de su partido), creemos que la candidatura aprista a la alcaldía de Lima no despegará.

Por lo tanto hubiera sido una gran oportunidad para foguear gente nueva y empeñosa como parece ser el joven Jiménez Borra. Dos factores abonaban a su favor: 1º.-la población joven supera el 30% y quizás se hubieran identificado con un joven como ellos. 2º.- Los líderes apristas hubieran manifestado que predican con el ejemplo al apostar por los jóvenes y el cambio y modernización de los partidos. Y finalmente, si no ganaba, porqué será difícil tumbarse al actual alcalde, sería una derrota fácilmente asimilable por el partido de la estrella, porqué tendrían el mismo argumento de la juventud.

En general, esperamos que en todas las circunscripciones del país se respete la voluntad de las bases en los partidos donde se hayan efectuado elecciones internas , porqué designar candidatos a dedo sin el apoyo de las bases partidarias trae finalmente pugnas que deterioran la imagen de los gobiernos municipales y regionales, además que generan desaliento en las legítimas aspiraciones de las bases de representar a sus respectivos partidos, en concordancia con la democracia hacia adentro que deben fomentar las instituciones políticas, que permitirá el fortalecimiento y sobrevivencia de las mismas.

TLC: Hernando de Soto es el representante de García

Finalmente el presidente Alan García decidió el nombramiento del embajador plenipotenciario que lo representará ante el gobierno norteamericano para efectuar las gestiones necesarias para conseguir que el parlamento del país del norte ratifique el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos.

En anterior artículo cuando sustentamos que el porqué creíamos que el ex presidente Alejandro Toledo podría ser la persona idónea para dicho fin, también expusimos que otras dos personalidades podrían serlo y una de ellas era el Dr. Hernando de Soto, que como decíamos entonces “puede tocar cualquier puerta”, y lo que se requiere para esta crucial y definitiva etapa del TLC en el gobierno americano es una personalidad que tenga llegada a las autoridades del ejecutivo y congreso de dicho país.

Es sabido la amistad que De Soto tiene con el ex presidente Bill Clinton, incluso ha sido su asesor, amistad que será de gran ayuda para sensibilizar a los congresistas demócratas, muchos de los cuales se oponen al citado instrumento comercial, para que apoyen la causa del Perú y la necesidad de la ratificación del TLC en el Congreso de los Estados Unidos. Por otra parte De Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD) y autor del Misterio del Capital, también ha tratado en el pasado al presidente George Bush, que apoya el tratado comercial negociado con el gobierno de Toledo, pero que por lo ajustado de los cronogramas y procedimientos administrativos de la administración norteamericana ha quedado pendiente de la ratificación respectiva de su parlamento.

Saludamos pues la designación del Dr. Hernando de Soto por parte del presidente García y confiamos que el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos será finalmente una realidad. Aunque en un primer momento en el discurso de presentación en Palacio de Gobierno se dio la impresión que el presidente quería renegociar dicho tratado ya aprobado por las autoridades peruanas, después se ha aclarado que la intención de un TLC para los pobres significa que sólo el 2% de las empresas peruanas son competitivas para penetrar ese gran mercado, y que se va a trabajar para que muchas micro y pequeñas empresas puedan integrarse y competir para potenciar nuestra capacidad exportadora. Vamos en el camino correcto.

¿Quién ganó la guerra en el Líbano?

Todo depende del cristal con que se mire.
Luego de 34 días de guerra , ahora que aparentemente la paz se ha logrado en medio oriente, en acatamiento a la resolución 1701 aprobada unánimemente por los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la guerrilla chií de Hezbollah en Líbano dice que ellos ganaron, en cambio los israelíes apoyados por el gobierno norteamericano manifiestan que por el contrario, fueron ellos.

El texto de la resolución que puso fin a las hostilidades fue elaborada por EE UU y Francia, y determinó el retiro paulatino de Israel del sur de Líbano y el repliegue de la guerrilla del partido de Dios. El 14 de agosto entró en vigor el alto el fuego, pero antes que llegara la hora establecida Israel triplicó sus tropas en Líbano e inició una ofensiva de "gran envergadura" con la finalidad de alejar a las huestes de Hezbollah lejos de sus fronteras.

Según informe de Amnistía Internacional, que resume crudamente el resultado de este conflicto, “alrededor de 900 civiles, muchos de ellos menores, han muerto en Líbano, y centenares de miles se han visto obligados a huir de sus hogares por los ataques aéreos y las amenazas de ataque israelíes. El ejército israelí ha destruido las casas de decenas de miles personas, y se teme que la destrucción sea masiva en los pueblos cuyos habitantes se han visto obligados a huir. Los reiterados ataques aéreos israelíes han destruido puentes, carreteras, redes eléctricas y otras infraestructuras civiles esenciales, paralizando la vida en Líbano. Las fuerzas israelíes han atacado también vehículos ocupados por familias que huían de sus hogares en el sur de Líbano y camiones que transportaban alimentos, así como ambulancias, a equipos de rescate y a observadores de la ONU.

Al menos 39 civiles israelíes han muerto y centenares más han resultado heridos a causa de los cohetes disparados por Hezbolá desde el otro lado de la frontera.

Durante el conflicto las partes enfrentadas han hecho oídos sordos a los llamamientos para que acatasen las leyes de la guerra y protejiesen a la población civil. Israel ha dirigido ataques desproporcionados y selectivos contra civiles y trabajadores humanitarios, y Hezbollah ha lanzado cohetes contra centros de población civil israelíes. Según el derecho consuetudinario internacional, lanzar ataques desproporcionados o indiscriminados de manera intencionada o atacar deliberadamente a personas u objetivos civiles es un crimen de guerra”.

La guerra ha terminado, aparentemente por ahora, pero la intensidad de la lucha entre las fuerzas de la moderación y el radicalismo no ha disminuido. La paz entre judíos y árabes será una ilusión efímera si Israel tiene a sus vecinos resentidos. Las grandes potencias, con Estados Unidos a la cabeza, y las Naciones Unidas deben tratar que Israel negocie integralmente con sus vecinos para terminar con ese foco de tensión mundial que es medio oriente, sobre todo ahora que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) Mahmud Abbas ha manifestado que los grupos palestinos alcanzaron un acuerdo cuyo objetivo es evitar que Israel tenga argumentos para intervenir militarmente en la Franja de Gaza, zona desde la cual milicianos lanzan misiles contra territorio hebreo. La decisión incluye a Al Fatah y a otras facciones que integran la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), pero no comprende a la Jihad Islámica ni a grupos disidentes de Al Fatah que operan la Franja de Gaza orientados ideológicamente por la milicia islámica libanesa Hezbollah.

El primer ministro Ismail Haniya, ahora acepta que con el fin de parar el sufrimiento de su gente, su gobierno debe abandonar su llamada todo o nada por la destrucción de Israel. "no tenemos ningún problema con un excedente estado palestino soberano con nuestras tierras dentro de las fronteras de 1967 , viviendo en calma," El gobierno del Sr. Haniya acababa de convenir un compromiso histórico con Fatah y su líder, presidente Mahmoud Abbas, formando una coalición nacional que acepta implícito la coexistencia junto a Israel.

Viéndolo así parece fácil, pero siempre hay una piedra en el zapato, en este caso Hamas, cuyo portavoz Sami Abu Zuhri, ha dicho que aún no hay acuerdo formal en el sentido señalado por el presidente de la ANP, pero que "Es verdad sólo que si los israelíes detienen sus agresiones, ésto puede llevar la calma". Por otra parte, Hamas expuso sus condiciones para la formación de un gobierno de unidad palestina mediante un acuerdo con el partido Al Fatah del presidente Abbas. Hamas exige mantener el cargo de primer ministro, ahora en manos de Ismail Haniyeh, y que los ministerios se distribuyan según la fuerza de cada agrupación en el Parlamento, en el cual tiene mayoría, condiciones que luego de las negociaciones del caso parece que los palestinos lograrían pronto un gobierno de unidad nacional. Otra condición reclamada por Hamas es que sólo se podrá formar el gobierno de unidad cuando sean liberados todos los ministros y legisladores palestinos detenidos en cárceles israelíes. Con pragmatismo tendrían que sopesar los israelíes las nuevas situaciones políticas, si con eso se consigue la paz definitiva.


En cuanto al Líbano, la comunidad internacional debe hacer respetar el alto al fuego, ayudar a que el gobierno tome un control efectivo de sus territorio, para desterrar a las milicias de Hezbollah mas allá de la línea azul y evitar que ataquen al estado hebreo, y finalmente propender a la desmilitarización de las milicias libanesas. Logrando la paz con sus vecinos, el fundamentalismo islámico de países como Irán y Siria que apoyan económicamente y con armamento a las milicias armadas antes mencionadas, perderán a operadores próximos a las fronteras hebreas, y podrá distenderse parcialmente esa convulsionada zona del mundo.

De no hacerlo así, el conflicto estará siempre latente y tal como lo expresara el presidente sirio Bashar al-Assad, quien en un discurso venenoso resume el odio árabe hacia los israelíes "el hecho es que Israel sepa que cada nueva generación odiará Israel más que la generación que lo precedió." Y se tornará en un círculo vicioso de nunca acabar.

Ahora después del conflicto armado, tanto Israel como Hezbollah deben garantizar que la llegada de ayuda humanitaria a la población civil de Líbano no encuentra ningún tipo de obstáculo. La comunidad internacional debe garantizar el suministro y la distribución de esta ayuda que tanto necesitan en Líbano.

Finalmente, ¿quien gano la guerra?....mejor preguntemos quienes perdieron. Pregúnteles a esa personas árabes e israelíes que perdieron hijos, hermanos, familias enteras, que han visto sus propiedades destruídas, que han sido desplazadas, que han vivido el terror y el sufrimiento de esta guerra. Ellos son los que perdieron.

Por la transparencia de la cosa pública

En los últimos días el país ha visto la guerra verbal del parlamentario por Perú Posible y ex ministro de vivienda Carlos Bruce y y el actual ministro Hernán Garrido Lecca del partido de gobierno: El primero expresó su preocupación por la dispensa de licitación de una serie de obras para el proyecto aprista de “Agua para Todos” por unos montos millonarios y el segundo replicó que “el ladrón piensa que todos son de su condición” y que iba a ordenar una investigación de la gestión del popular “Techito” con lo cual se encendió la mecha, porque en cierta forma se puso en tela de juicio la honorabilidad del ex ministro de la chacana además que encima se lanzó una velada amenaza con la intención de acallar las críticas de Bruce.

El ministro Garrido Lecca argumentó también que en el gobierno del presidente Toledo se había declarado algunos proyectos en emergencia para saltarse el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, que regula las inversiones públicas, manifestando además que los sitios que carecen del líquido elemento no pueden esperar mas para contar con las conexiones de agua y alcantarillado y que Toledo había firmado una ley para un proyecto puntual en igual sentido.

Bruce contra-atacó al decir que Garrido Lecca era un mentiroso porqué Toledo había observado la ley mencionada y que se había sorprendido al presidente García, porqué se había quitado las observaciones para promulgar la citada ley……

No es nuestro propósito seguir pormenorizadamente la mencionada guerrita mediática, pero encontramos propicia la oportunidad para tratar sobre la necesidad de la transparencia en el manejo de la cosa pública, y la tolerancia que deben tener los miembros del gobierno a las críticas y sugerencias de opositores políticos, pues servirán para enmendar posibles errores y en todo caso aclarar democráticamente y con mesura cuando se tiene la certeza que las críticas son erradas.

¿Qué pasó en el caso antes mencionado? … ¿Falta de experiencia política del actual ministro?.....Creemos que no. Es una persona que se ha manejado bien en los medios en el pasado. Tal vez algo de intolerancia para aceptar las críticas, pero los ministros son personas que están expuestos a la opinión pública y se debe entender el papel de los parlamentarios de la oposición, que por lo demás el señor Bruce pertenece a un grupo parlamentario de la oposición responsable y constructiva, que desde antes de iniciar la gestión el nuevo gobierno había expresado su apoyo para la gobernabilidad del país.

Es importante también desterrar el ruido político, talón de Aquiles del gobierno pasado, porqué alguna prensa muchas veces se aprovecha de estos entredichos para ahondar conflictos por asuntos del “raiting” , que tienen efectos negativos en la población que rápidamente hace eco de asuntos mediáticos muchas veces inflados, pero que generan dolores de cabeza al gobierno de turno.

Ha hecho bien el Presidente del Consejo de Ministros Dr. Jorge del Castillo, en un rápido reflejo, ponerle paños fríos al asunto y acorde a su política concertadora, reunir al parlamentario Carlos Bruce y el ministro Garrido Lecca para que fumen la pipa de la paz.

Es importante también que la comisión de vivienda y construcción del parlamento nacional, que preside César Zumaeta haya aprobado hoy miércoles fiscalizar y supervisar la ejecución del programa agua para todos. Así como la labor preventiva que desarrollará la contraloría sobre este asunto, de acuerdo a lo manifestado por el contralor en reunión sostenida con la presidenta del congreso.

Todo esto con el fin de observar un manejo escrupuloso de los dineros públicos y la celeridad en la ejecución de tan anhelados proyectos por las poblaciones que claman por tener servicios tan elementales y básicos como el agua potable, pero buscando mecanismos y fórmulas dentro del marco legal, que conjuguen celeridad pero a la vez control y fiscalización, en aras de la tan necesaria transparencia.

TLC: ¿Porqué no Toledo embajador plenipotenciario?

Son necesarios signos de madurez política.
Cuando hablar del TLC era mala palabra, cuando en la pasada lid electoral la prédica incendiaria del candidato que lideraba las encuestas de opinión contra el tratado de libre comercio Perú – Estados Unidos amenazaba con paralizar el país con marchas contra ese instrumento comercial, e inclusive el actual jefe de estado tenía una actitud ambigua al respecto ( en algún momento expresó que sacaría la firma si Toledo aprobaba dicho tratado), el ex presidente Toledo se mantuvo terco y firme y defendió su proyecto de apertura comercial hasta que el 28 de junio del 2006 (a un mes de la finalización de su gobierno), el Congreso del Perú considerando que las ventajas del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica eran mayores que sus costos, aprobó el TLC denominándolo Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, con 79 votos a favor y sólo 14 en contra.

Lamentablemente quedó pendiente la ratificación de dicho tratado en el congreso norteamericano, por lo dilatado de las negociaciones y por lo ajustado del cronograma y los trámites burocráticos en el país del norte para dicho propósito.

Felizmente, poco antes de la contienda definitiva en las pasadas elecciones, el APRA abrazó la causa del TLC y hoy es una política de estado que se continúa, pero el tratado comercial corre el riesgo de no ratificarse en el congreso americano, por las elecciones parlamentarias que pueden modificar la correlación de fuerzas y por las presiones internas de algunos sectores productivos de ese país.

¿Qué pasaría si el tratado no es ratificado?... Aquí extractamos las declaraciones de Everett Eisenstat, Vicerrepresentante Comercial de EE. UU. Para las Américas, quién en julio pasado pidió al congreso norteamericano apoyar el acuerdo comercial con Perú porqué ayudaría al Perú a tener un crecimiento real sostenido, crear mas puestos de trabajo y atraer mas inversiones.

En la declaración escrita de Eissenstat, que figura en la web de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos, señaló que “al entrar en vigencia, el Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú haría permanentes los beneficios comerciales de que Perú ha gozado desde 1991, de conformidad con la Ley Preferencia Comercial Andina (ATPA).

La ATPA fue diseñada para ayudar a ampliar las oportunidades económicas en la región andina y alentar a las naciones andinas a apartarse de la producción, procesamiento y embarque de narcóticos ilícitos. Como resultado de la ATPA, que fue renovada y mejorada en 2002, las exportaciones del Perú a Estados Unidos han aumentado constantemente. La ATPA, junto con las reformas aplicadas por el presidente peruano Alejando Toledo, ha permitido elevar en cinco por ciento el crecimiento económico desde 2003. Esta expansión económica, dijo Eissenstat, benefició a todos los niveles de la sociedad peruana, sacando a unos 500.000 peruanos de la pobreza entre los años 2001 y 2005 y permitiendo que más de un millón de peruanos se libraran de la pobreza extrema durante ese período.

Dado que la ATPA expira a fines de este año, Eissenstat afirmó que es necesaria la aprobación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Perú para apoyar el continuo desempeño económico positivo del Perú.”

Según la web que el gobierno peruano ha puesto sobre el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, las exportaciones peruanas representan menos del 0.2% del mercado norteamericano, y con sólo penetrar 0.1% mas dicho mercado, nuestras exportaciones crecerán 60% y nuestro PBI un 4% adicional. Es un mercado de compra 180 veces mayor que el peruano. En años recientes, la balanza comercial con los Estados Unidos se ha vuelto positiva y hoy le vendemos 50% mas de lo que le compramos; de allí la importancia de lograr concretar y poner en ejecución dicho tratado comercial.

El presidente Alan García ha anunciado al país que nombrará un embajador plenipotenciario para dedicarse exclusivamente en los Estados Unidos a realizar las gestiones necesarias para concretar el objetivo nacional de lograr la aprobación definitiva del mencionado acuerdo comercial, y creemos que esa es una medida acertada.

Falta determinar quién será ese embajador plenipotenciario. Para nadie es un secreto las buenas relaciones del ex presidente Toledo en la comunidad internacional, incluso cuando las encuestas le eran totalmente adversas durante su mandato, se preguntaba “¿porqué mi pueblo no me aplaude como si lo hace Wall Street?”, finalmente Toledo culminó su gestión con el nivel mas alto de aceptación con que haya concluido su mandato presidente alguno en las últimas décadas en el Perú.

Salvo que hablemos de personalidades como Javier Pérez de Cuellar o Hernando de Soto, que tienen un prestigio ganado y se puede decir que pueden tocar cualquier puerta, otro embajador plenipotenciario no tendría la misma llegada que Alejandro Toledo para tocar las puertas de la casa blanca y los principales líderes y funcionarios del gobierno y parlamento norteamericano para sensibilizarlos en la causa del acuerdo comercial peruano – norteamericano.

Ya es hora que actuemos como lo hacen países con democracias desarrolladas. Da envidia sana observar como el gobierno americano envía a sus ex presidentes en misiones especiales independientemente si es republicano o demócrata, pues lo que priman son los intereses nacionales. Mas cerca aún, nuestros vecinos chilenos, ya llevan varios períodos donde gobierna una coalición de partidos y las principales fuerzas políticas hacen causa común en las políticas de estado.

Al respecto es alentador ver que en el Perú, en esta nueva etapa, el Acuerdo Nacional ha congregado a la mayoría de fuerzas políticas y la sociedad civil organizada, para dialogar y establecer políticas de estado en pro de la gobernabilidad, el desarrollo nacional y la preservación de la democracia. Tal vez debería ser una sugerencia de dicho organismo proponer al gobierno la necesidad de la designación del ex presidente Alejandro Toledo para que sea el embajador plenipotenciario para lograr que el tratado comercial sea finalmente una realidad.

Cuanto nos gustaría ver en el futuro que nuestros ex presidentes democráticos, ahora Toledo, mañana García, constituyan una fuente de consulta, y que el país pueda, desterrando el canibalismo político, nutrirse de las potencialidades de sus ex gobernantes, mas allá de sus respectivos gobiernos.