Nuevamente la ciudadanía tomó conocimiento del contubernio de funcionarios del INPE con prontuariados reclusos, para permitirles el ingreso de celulares y otras gollerías a cambio de sobornos (Panorama -.Canal 5 / domingo 27 de agosto 2006) y este es un fenómeno recurrente en el sistema penitenciario peruano, pues anteriormente hubieron otras denuncias similares (penal de Piedras gordas) e inclusive hay funcionarios en prisión al ser captados “infraganti” en actos de corrupción.

¿Que hacer al respecto?....Es necesario desarrollar una política penitenciaria que permita resolver el problema de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, mediante una reforma del sistema penitenciario adaptando las prisiones a las nuevas realidades del delito y avances de la tecnología, para evitar que reos de alta peligrosidad, inclusive dentro de las denominadas cárceles de máxima seguridad, manejen desde el interior de las prisiones sus organizaciones delictivas, dirigiendo secuestros y otros crímenes, a través de teléfonos celulares, que son introducidas a los penales corrompiendo funcionarios o burlando la vigilancia de estos por la miniaturización cada vez mayor de los citados dispositivos. Se conoce que los pequeños teléfonos celulares son introducidos a los penales por familiares y amistades de los reos de las formas más ingeniosas y elaboradas, inclusive en las cavidades corporales de las visitantes.

Otro problema es que las cárceles peruanas han rebasado su capacidad para albergar a mas reclusos, algunas en varias veces más su capacidad para las que fueron construidas, dando lugar a un hacinamiento de reos y donde proliferan drogas, alcohol, armas de fuego, además de teléfonos celulares, que son introducidos desde el exterior, para que los “capos” controlen y prácticamente “cogobiernen” la prisión en forma paralela a las autoridades penitenciarias. Se está gestando un peligroso clima que puede explotar como alguna vez ha ocurrido en el pasado, con amotinamientos y el saldo de muertos que esto puede originar.

El nuevo gobierno debe declarar en emergencia las prisiones y construir algunas en diversos puntos del país conforme lo permitan los ingresos del fisco. Dentro de estas se debe construir una o dos realmente de máxima seguridad, en contraparte a las que actualmente existen que podrían ser catalogadas como de “máxima impunidad”, por los problemas antes descritos.

En estas cárceles de máxima seguridad se trasladarían a los reos de alta peligrosidad, a quienes ya el fin readaptador y resocializador de las prisiones ya no funciona, muchos por la lentitud, lenidad y corrupción del poder judicial, que muchas veces decreta la libertad de estos prontuariados delincuentes y que salen a seguir delinquiendo, cada vez en forma más avezada. En estas prisiones los reos no tendrían contacto físico con las visitas y la comunicación sería a través sistemas con auriculares y vidrios de seguridad que permitan ver a las personas y comunicarse, pero al no tener contacto físico no podrían introducir ningún dispositivo al penal.

Habrán voces que discrepen con este tipo de prisiones, con argumentos tales como que no se prioriza la readaptación y que se atentaría contra los derechos humanos de los internos, pero la sociedad debe defenderse y debe ser prioridad del estado los derechos humanos de sus ciudadanos.

En algunos países alrededor del mundo y principalmente en Estados Unidos de Norte América se ha desarrollado un tipo de prisión denominado Supermax, destinados a albergar a reos de extrema peligrosidad, donde están bajo la constante vigilancia de cámaras de circuito cerrado de video y condiciones de encierro en solitario. Los expertos deben evaluar la posibilidad de instalar prisiones basados en esos principios de seguridad.

Mientras dure el proceso de construcción de estas prisiones de máxima seguridad, se debe trasladar a los líderes y “capos” de las organizaciones delictivas a prisiones del interior del país que tengan las condiciones de seguridad que impidan su fuga, como Yanamayo, pero donde se les cortaría el nexo con los miembros libres de sus bandas para evitar que sigan dirigiendo crímenes desde el interior de los penales.

La prisión de Piedras Gordas, supuestamente de máxima seguridad, construida últimamente ya presenta problemas precisamente de seguridad , porqué la ciudadanía tomó conocimiento en su oprtunidad a través de los programas periodísticos de la TV. que un conocido asesino denunciaba la introducción de teléfonos celulares al interior de la prisión. Y posteriormente una cámara de seguridad filmaba al director del penal recibiendo coimas de peligrosos delincuentes. Las autoridades tendrían que evaluar la posibilidad de instalar un módulo tipo el sistema Supermax para el caso de estos delincuentes de extrema peligrosidad.

La construcción de otros tipos de cárceles de diferentes grados de seguridad, permitirá destugurizar las prisiones, albergando en ellas a los reos según sus niveles de peligrosidad, aplicar programas de rehabilitación (para los internos que sean rehabilitables), pero al mismo tiempo hay que capacitar y profesionalizar al personal penitenciario para que actúe con vocación, honestidad y eficiencia. La política penitenciaria debe apuntar a fortalecer la seguridad institucional de las prisiones, donde la honestidad de los funcionarios sólo se podrá lograr con un sistema coherente y profesional y con un régimen salarial justo que permita disminuir la impunidad, la corrupción y el contubernio que prevalece en la actualidad en la mayor parte del sistema penitenciario nacional.

A fines del anterior gobierno se trasladaron a peligrosos cabecillas de bandas criminales a cárceles del interior del país y como por arte de magia cesaron los sonados secuestros de ciudadanos de alto poder adquisitivo que venía sufriendo Lima los primeros meses del año.

Hace poco en una entrevista en televisión, la nueva jefa del INPE anunció que se regresarían a estos delincuentes a penales de Lima como Piedras Gordas y si nos atenemos a las últimas denuncias periodísticas llegaremos a la conclusión que las debilidades del sistema penitenciario peruano, viene por el lado de la corrupción de los funcionarios encargados de la custodia de estos peligrosos reos.

Al regresar a estos peligrosos delincuentes a cárceles limeñas, quienes no tardarán en tentar a sus nuevos celadores (por los bajos sueldos que estos perciben) para obtener nuevas gollerías. Preguntamos entonces, ¿No estará “alentando” la nueva jefa del INPE que se desate otra ola de secuestros en la capital?...Más vale prevenir que lamentar.

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