Propuestas de políticas para la juventud en el Perú

Dada la importancia que como número y caudal electoral representa la población joven en el Perú, el presidente García diseñó estrategias para ganar la preferencia de estos. Al ritmo del regaetown logró una empatía con los jóvenes durante la campaña electoral 2006 a la Presidencia de la República y gracias a su apoyo logró pasar a la segunda vuelta. Y una vez pasado este primer escollo, en el lance decisivo logró su ingreso por segunda vez como gobernante a la casa de Pizarro, gracias al temor al fenómeno Humala y los miedos que generaban en gran parte de la población sus propuestas extremistas.

La Ley del Concejal Joven y la propuesta de incorporación de los 10 mejores alumnos de todas las las universidades del país a la administración pública – de mas difícil aplicación, por la disparidad de la calidad educativa entre universidades – (ver artículo publicado en Julio 2006) encajan dentro de la citadas estrategias.

Si bien las citadas estrategias tienen más características efectistas con la población y sirvieron para ganar una campaña electoral; ahora el gobierno debe diseñar estrategias, no para una elite juvenil sino para la gran mayoría de jóvenes de este país. Después de todo un jovencísimo Alan García no necesitó de una ley para ser elegido diputado primero, y siendo joven aún presidente de la república. Tampoco la congresista Luciana León y otros congresistas del APRA , Unidad Nacional y otros movimientos políticos necesitaron la famosa ley para ser ungidos congresistas siendo jóvenes. Todo depende de la voluntad de renovación y supervivencia de los partidos políticos, que deben promover a sus cuadros juveniles mas capaces.

Una estrategia preponderante del gobierno para los jóvenes, debe ser mejorar la educación en el Perú, porqué nuestro gran problema está en una pobre educación y de allí se derivan muchos de nuestros males. Recién se verá la voluntad política de este gobierno de mejorar la educación, cuando en el presupuesto general de la república se asignen mayores partidas presupuestales para este sector. Podrá argumentarse que el presupuesto ya lo ha dejado medio cocinado el anterior gobierno, pero todavía pueden hacerse algunos ajustes al respecto.

Se debe propender a una educación técnica y para el trabajo, desarrollando programas de acuerdo a las realidades y necesidades de cada región. Se debe buscar la participación de los sectores productivos del país con la educación, fomentando la competitividad y programas de capacitación laboral. Asimismo fomentar entre los jóvenes universitarios la creación de empresas, independiente de la especialidad que sigan, para eso se debe agregar en las currículas universitarias cursos con ese fin. Se debe fomentar el deporte escolar y universitario. Se debe reinstaurar la educación premilitar, entre otras medidas (el problema educativo es muy complejo que merecería varios artículos, para cubrir sus alcances)

Otro problema, que es una consecuencia derivada de la pobreza que aflige a gran parte de la población de zonas deprimidas urbano marginales y del interior del país, es la deserción escolar, que da como consecuencia que muchos de esos jóvenes sean ganados por bandas delincuenciales juveniles.

La delincuencia juvenil es consecuencia de que en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, niños y jóvenes adolescentes viven muchas veces en condiciones de pobreza y miseria, donde son comunes la desintegración familiar, la drogadicción, alcoholismo, deserción escolar, agresiones sexuales, el desempleo de los padres que obligan a la mendicidad de los menores, al trabajo infantil y finalmente a la delincuencia. A estos grupos sociales se les ha negado todos los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo.

La delincuencia juvenil es pues el resultado de la combinación de diversos factores de riesgo y respuesta social ante el abandono, marginación y olvido del estado. Se presenta en toda sociedad, en donde los antivalores de violencia, agresividad, competencia salvaje, consumo, se imponen a los valores supremos de la sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia.

La aplicación de políticas para apoyar a los padres vulnerables, mejorar las escuelas, enfrentar el abuso de drogas, aumentar las oportunidades de empleo y desarrollar alternativas constructivas a la prisión, pueden producir reducciones sustanciales en el delito entre los jóvenes, lo cual resulta eficaz en términos de costos y beneficios en el mediano plazo. Si se puede mantener a los jóvenes alejados del delito, es menos probable que se dediquen a él cuando sean mayores. El concentrar la asistencia en los niños descuidados o abusados, que tienen dificultades en la escuela, que experimentan con el alcohol o las drogas, o que se involucran en pandillas juveniles, produce dividendos reales en el largo plazo.

Gran parte de los delitos son cometidos por un grupo pequeño de infractores, muchos de ellos adictos a las drogas, lo que significa que se requieren esfuerzos mucho mayores para impedir que los niños se involucren en el abuso de las drogas, y ofrecer tratamiento a quienes ya lo han hecho. Enviar a los adictos a prisión es un intento por eliminar su hábito por medio del castigo. Desde la óptica de la Convención de los Derechos del Niño el niño es sujeto de derechos, tiene reconocimiento como persona mas allá de su infracción a la ley, y su tratamiento se enmarca fundamentalmente en programas educativos y preventivos.

Otra situación que es necesario analizar en el ámbito de la juventud en el Perú, es la supresión del Servicio Militar Obligatorio y la instauración en su reemplazo del Servicio Militar Voluntario que ya está creando problemas para lograr completar los cupos de reclutas por la negativa de los jóvenes a inscribirse para este servicio en los institutos armados. El servicio militar es importante porqué se le inculca al joven el espíritu de amor a la patria, se fomenta la disciplina y se adecua la conducta de estos a un sentido de servicio a la comunidad.

Habría que estudiar la reimplantación del servicio militar obligatorio, pero considerando a los objetores de conciencia, (1) quienes podrían desarrollar un servicio civil, (por ejemplo objetores de conciencia a empuñar armas por creencias religiosas). Las condiciones de servicio para el servicio militar y para el servicio civil serían análogas. Sin embargo, una diferencia es que los reclutas militares recibirían un salario mensual mientras que los objetores de conciencia recibirían una prestación. Los llamados al servicio civil tendrían en principio las mismas obligaciones que los llamados al servicio militar, con la excepción de que no portarían armas ni aplicarían fuerza alguna contra los demás. El servicio civil se cumplirá normalmente en el seno de las fuerzas armadas sin portar armas, aunque también podría cumplirse en entidades legalmente inscritas del Ministerio de Defensa. Todo recluta que esté cumpliendo el servicio civil podría cambiar de opinión en cualquier momento y solicitar al comando ser reasignado al servicio militar. A continuación se reasignaría al recluta al servicio militar por el período habitual de servicio menos el tiempo que haya dedicado al servicio civil. Sin embargo, el recluta está obligado a asistir a la instrucción militar durante el período prescrito por la ley.

Otra alternativa sería instaurar el Servicio Militar Selectivo, que permitiría reclutar personal civil a las FF.AA. de acuerdo a necesidades y en casos especiales. Estados Unidos de Norteamérica tiene instituido el Servicio Militar Selectivo y tiene también en la actualidad problemas para completar sus cuadros de reclutas para sus fuerzas armadas, por lo que está desarrollando un programa mediante la creación de un registro donde los indocumentados capturados en delitos menores sancionables con penas menores a uno o dos años de prisión, inmigrantes indocumentados, además de las personas acusados de conducir en estado de ebriedad, por violencia doméstica, robo, daño a propiedad ajena así como violar su libertad condicionada; se les “invita” a inscribirse en el servicio militar selectivo, con la promesa de anular la sanción penal que pudiera haberle correspondido, obtener recomendaciones ante las autoridades de inmigración para obtener la ciudadanía, según corresponda, etc. Aquí también podría aplicarse algo similar con jóvenes en riesgo social y peligro de caer en la delincuencia, pero cuidando de no incluir delincuentes juveniles peligrosos, porque se podría inferir que se estaría usando a las FF.AA. como reclusorios, y el riesgo de dañar la disciplina y moralidad que debe tener toda institución castrense.

Los beneficios que se lograrían con cualquiera de los tipos de servicio militar, es que los jóvenes se formarían en base a la disciplina militar, aprenderían un oficio que les servirá como sustento de vida futuros, podrían reengancharse y seguir con una carrera militar y finalmente los institutos armados tendrían el personal que ahora con el Servicio Militar Voluntario no cuentan en la cantidad suficiente, porqué los jóvenes mayoritariamente no se inscriben en estas fuerzas militares y muchos ante la ociosidad y falta de incentivos y motivación prefieren la vagancia, organizarse en barras bravas, las drogas y el pandillaje juvenil.

Bueno, estas son sólo algunas ideas que lanza el Brujo político que pueden ser debatidas y desarrolladas por nuestros políticos, para lograr el desarrollo y bienestar de nuestra población joven.

Nota: (1): En su resolución 1998/77, de 22 de abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones unidas señaló a la atención el derecho de toda persona a la objeción de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, proclamado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.