El nuevo gobierno anunció en la campaña electoral para las elecciones presidenciales una serie de políticas de desarrollo social, tendientes a mejorar las condiciones de salubridad, empleo, vivienda y educación para disminuir los índices de pobreza de las poblaciones menos favorecidas: el proyecto agua para todos, la continuación de programas como Mi Vivienda y Techo Propio, entre otros programas van en ese sentido.

Uno de los temas que la ciudadanía ve con preocupación es la relativa a la seguridad ciudadana y ahora que empieza a calentarse el ambiente político con las campañas a las presidencias regionales y gobiernos municipales, el asunto adquiere singular importancia porqué algunos candidatos a la municipalidad de Lima toman el tema como caballito de campaña.

No es que el Brujo político sea defensor de la gestión del actual burgomaestre limeño Luís Castañeda, que viene siendo objeto de ataques de sus rivales políticos en la próxima contienda electoral municipal del 21 de noviembre 2006, ni creemos que su gestión necesite defensa alguna de terceros, sino simplemente aclaramos lo que cualquier experto en temas de seguridad ciudadana conoce y que emanan de recomendaciones de las Naciones Unidas.

Algunos de los próximos contrincantes de Castañeda dicen que la municipalidad de lima ha renunciado a asumir el liderazgo en la lucha contra la delincuencia, que han dejado esa tarea para la policía nacional y el ministerio del interior, y que sólo se ha dedicado a sembrar de cemento y asfalto a la ciudad.

No queremos entrar a desmenuzar los argumentos de unos y otros, simplemente dar a conocer las recomendaciones de las Naciones Unidas quienes enfatizan la necesidad del mejoramiento del entorno físico de las poblaciones urbanas deprimidas, con miras a la construcción sustentable de barrios más seguros. “El desarrollo social es una modalidad de desarrollo que apunta a mejorar la capacidad de la gente de vivir en un entorno seguro y permitirle participar plenamente en la sociedad” (Nations Unies 1990).

Esto presupone intervenir en el origen de disfunciones sociales como la marginalidad crónica, una inadecuada educación parental, insuficiencia de espacios y equipamientos recreacionales colectivos en los distintos barrios, y abuso de drogas y alcohol, en especial entre los jóvenes, por lo tanto estas políticas tienen una incidencia directa en el origen del problema para la mejora de la seguridad ciudadana.

Esfuerzos como el desarrollado por la Municipalidad de Lima para desterrar los tugurios de Cárcamo en Lima Cercado, y construir edificios multifamiliares mejorarán las condiciones de vida de esos moradores y por ende mejorará la seguridad de esa zona. El haber erradicado la tugurizada zona comercial de Las Malvinas, la construcción de la vía expresa de la Av. Grau, la construcción de lozas deportivas y otras obras recreacionales, mejorarán sustantivamente la calidad de vida de los vecinos y la seguridad de dichas zonas.

Una recomendación para los nuevos alcaldes y presidentes regionales, es que se deben establecer programas tendientes a destugurizar y mejorar las viviendas y el entorno físico de zonas peligrosas de las ciudades, construyendo áreas de recreación, cultura y deporte, además fomentar la creación de talleres donde esa población pueda generar sus propios trabajos y obtener recursos para que puedan sustentarse.

Por lo tanto es importante que el gobierno central, los gobiernos regionales, las municipalidades y la sociedad civil organizada, coordinen esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los sectores urbano marginales y de la población de mayor pobreza, porqué entre otros beneficios se bajarían los índices delincuenciales.

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