El Problema penitenciario

Premio consuelo para el Sheriff
Después de fracasar en sus intentos de llegar al congreso integrando las listas del APRA en las pasadas elecciones generales, Benedicto Jiménez era un posible candidato para ser Ministro del Interior, pero sus esperanzas se desvanecieron, cuando para dar cumplimiento a la cuota de género ofrecido por Alan García, éste nombró a Pilar Mazzetti en dicha cartera ministerial.

Luego el denominado Sheriff fue el gallo de tapada aprista para intentar desembarcar del Palacio Municipal de Lima a Luis Castañeda, pero inexperto en avatares políticos, Benedicto cometió error tras error que comentamos en su oportunidad y que motivaron el pedido casi unánime de la prensa pidiendo el retiro de Jiménez de la contienda electoral municipal. Finalmente se dio lo que se tenía que dar, y Castañeda fue reelegido por el voto mayoritario de los limeños, dando al traste con las nulas pretensiones del ex policía.

Luego de los sucesos últimos de los penales del país, especialmente el de Castro Castro que motivaron la renuncia de su titular Rosa Mavila, el APRA le da el premio consuelo al Sheriff para solucionar el problema penitenciario, nombrándolo jefe del INPE.

Ahora Jiménez anuncia un plan de acción con temas que ya había ofrecido su antecesora Rosa Mavila: construir nuevos penales y dotar de nuevos agentes penitenciarios al INPE, políticas que la renunciante Mavila no pudo concretar por el nulo apoyo presupuestal del ejecutivo.

Como se recordará, ante problemas de corrupción en el penal de “máxima seguridad” (por no decir de máxima impunidad) de Piedras Gordas, la ministra de Justicia María Zavala y la propia jefa del INPE anunciaron la construcción de dos penales más en Lima para solucionar el problema de hacinamiento los penales de Lima y Callao. Pero una vez mas todo quedó en promesas.

Según manifiesta Benedicto Jiménez , ha solicitado al jefe de estado un crédito suplementario de 112 millones de soles, de los cuales 50 millones servirán para construir nuevas cárceles y el resto para las necesidades operativas del INPE tal como dotar de mil nuevos agentes penitenciarios y el necesario equipamiento para las prisiones. Propone construir los penales de Piedras Gordas II y Aucallama II en Huaral, que en total albergarían a cuatro mil reclusos, con lo cual se descongestionaría el penal de Lurigancho que alberga a unos 9,200 internos.

Esperamos que esta vez sí el gobierno destine los fondos necesarios para aliviar en parte los problemas penitenciarios, porqué de lo contrario, tal como manifestáramos en su oportunidad, se estarían incubando potenciales conflictos de graves consecuencias tal como ya han sucedido en el pasado.

El gobierno que pregonaba sobre bombas de tiempo al iniciar esta gestión, habría que decirle que si se continua con el aletargamiento gubernamental para afrontar el problema de las cárceles peruanas, estaría gestando una real bomba que le puede explotar en las manos con impredecibles consecuencias.

Por otra parte, dentro de una política integral de seguridad ciudadana, afrontar el problema penitenciario, contribuirá al fortalecimiento de la seguridad de la ciudadanía, porqué es inadmisible que desde el interior de las prisiones se pueda seguir planificando secuestros creando zozobra y temor en la población. Las cárceles no pueden seguir siendo “universidades del crímen”, porqué lejos de resocializar y readaptar a los internos, estos “egresan” mas avezados y peligrosos.

Cárceles seguras
En la construcción de las dos cárceles anunciadas, deben proveerse los fondos necesarios para construir cárceles seguras y por empresas que tengan experiencia en la construcción de prisiones. En esas nuevas prisiones se debe prever que las cámaras de seguridad no estén al alcance de los internos, para que estos las tapen o las malogren para que no registren lo que sucede en el interior de los penales. Tampoco que los bloqueadores de teléfonos celulares estén al acceso de los reclusos para desactivarlos.

Privatización de las prisiones
Luego de los problemas del penal de Castro Castro que dejó un saldo de un muerto y cinco heridos e innumerables contusos, el presidente del Consejo de Ministros habló de la posibilidad de privatizar o dar en concesión el manejo de los penales.

Una cosa es el anuncio y otra es la realidad. En Agosto del 2006 tratamos sobre la privatización de las prisiones, donde analizábamos la inconveniencia de dicho propósito. Hablar de concesiones cuando el presupuesto que asigna el estado para el mantenimiento de cada preso es de apenas tres dólares diarios, ninguna empresa va a interesarse para construir nuevas prisiones, cuando en otros países como Costa Rica, Chile, donde se ha experimentado con la privatización de prisiones, el presupuesto por preso mas que triplican o cuadriplican dicha cantidad.

Con lo que si estamos de acuerdo con el Premier es que es mejor tener a los capos de las prisiones, recluidos en prisiones de máxima seguridad a tres mil o cuatro mil metros de altura en el interior del país, que dirigiendo secuestros desde sus cárceles doradas.

Lo que queda por ver es la seguridad y operatividad de prisiones como Yanamayo (Puno) o Challapalca (Tacna). Sabemos que el penal de Yanamayo está en operación pero Challapalca parece que está desactivada.

El asunto que hay que tener en cuenta es sobre las facilidades de acceso del personal del INPE encargado de la custodia de los reclusos, ya que al estar en lugares de difícil acceso este es un problema que debe evaluarse, además de dotar a dicho personal de las facilidades de transporte y/ viáticos por movilidad que compensen sus bajos salarios.

Finalmente es necesario contemplar el aspecto remunerativo del personal del INPE, porqué con los bajos sueldos actuales, es fácil que caigan corrompidos por el dinero mal habido de los delincuentes a quienes deben custodiar, como la ciudadanía ya ha visto anteriormente.

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