Pareciera que la corrupción imperante en nuestro sistema penitenciario nacional es un mal recurrente y de difícil solución. Esta vez, nuevamente la noticia proviene de la mal denominada cárcel de máxima seguridad de Piedras Gordas, que es motivo de un informe de la prensa nacional.

Ayer el programa dominical “Reporte Semanal” de frecuencia latina mostró imágenes que revelan que a pesar del cambio de administración, continúan los problemas de introducción de celulares, los que se alquilan internamente para que los reclusos puedan comunicarse con el exterior, tema que hace poco habíamos tratado y continúan en vigencia con la denuncia ayer presentada.

En dos artículos "¿Qué pasa en las cárceles del Perú?" y "¿Que hacer en las prisiones de máxima seguridad?" emitidos los días 28 y 29 de agosto pasados respectivamente, tratamos ampliamente la problemática existente en el sistema penitenciario peruano. Ahora con el caso denunciado que involucra al etnocacerista Antauro Humala, se añade además que no se solo se trata de la introducción de teléfonos celulares sino que se permitía el ingreso de visitas en días y horas no autorizadas, previos “arreglos” de los internos con los empleados encargados de su custodia.

En el citado informe periodístico entrevistaron también a la jefa del INPE sra. Rosa Mavila, quien reconoció que el problema del INPE es un mal estructural, que un director de penal recibe un sueldo de 1,100 soles mensuales (unos 340dolares americanos), y que un agente penitenciario como los encargados del control de acceso al penal tienen sueldos de 800 soles mensuales.

Creemos que en el problema salarial está “la madre del cordero”, pues con bajos salarios, y al tener que pagar pasajes diariamente para llegar a un lugar apartado (mas aun si un empleado penitenciario vive al otro extremo de la ciudad), mas los gastos de alimentación, encontramos que para sustentar a sus familias muchos se vean tentados a caer en las garras de la corrupción.

Creemos que los bajos salarios no es una disculpa para justificar ceder a la tentación de las coimas que ofrecen los reclusos para obtener beneficios al margen de la ley y tampoco generalizamos que todos los empleados penitenciarios estén corrompidos por el sistema. Pero si nos atenemos a los antecedentes, encontramos que por ejemplo, el ex jefe del INPE Wilfredo Pedraza justificaba en su oportunidad, que había designado al José Gamboa como director de Piedras Gordas (en reemplazo de otro director también destituido por corrupción), por su hoja intachable como agente penitenciario en veintitantos anos de servicios, por lo que se le promovió como director del citado penal.

Sin embargo Gamboa fue filmado al poco tiempo de asumir el cargo recibiendo una coima de un peligroso delincuente recluido en ese penal y ahora se encuentra preso en el penal para internos primarios (ex San jorge). O sea que ni siquiera una limpia hoja de servicios es garantía suficiente para evitar que un funcionario se vea involucrado en problemas de corrupción.

Son pues, ya varios los directores cambiados por problemas de corrupción, en el poco tiempo que tiene de inaugurado el penal de Piedras Gordas, lo que determina que de no atacarse los problemas estructurales que derivan en estos sucesos denunciados por la prensa nacional, los problemas continuarán y peligrosos delincuentes seguirán reinando en las cárceles en detrimento de la población civil que se ve amenazada por acciones gestadas y dirigidas desde el interior de los mal llamados penales de máxima seguridad.

Reiteramos una vez mas lo expuesto la semana pasada en nuestro artículo antes mencionado e instalar equipos de control y vigilancia remotos que permitan a las autoridades saber en tiempo real que es lo que esta sucediendo al interior de los penales para tomar oportunamente las acciones correctivas.

Mientras tanto se deben continuar con las inspecciones inopinadas que permitan detectar los equipos de comunicaciones y armas introducidos al interior de los penales, además de la declaración en emergencia del INPE y la construcción de nuevos penales que permitan superar problemas de hacinamiento que sufren otros penales en el país.

Por otra parte, se debe tender a la profesionalización del personal penitenciario, pero antes debería estudiarse la asignación de bonificaciones y aumentos salariales a los empleados penitenciarios que les permita en cierta forma resistir a la tentación de la corrupción.

Etiquetas: opinión