Claves para entender la polarización de un país dividido por la constitución que pretende imponer EvoEvo Morales se convirtió en el presidente más votado de la historia democrática de Bolivia hace ahora dos años. Logró un 53,7% de votos, cifra récord en un país acostumbrado a que sus jefes de estado no pasaran del 23% de apoyo en las urnas, y se vieran obligados a formar, constantemente, gobiernos de pacto con otras fuerzas políticas. Sin embargo, su alto apoyo popular no ha significado estabilidad.
Evo Morales lee un ejemplar de la nueva Constitución del país. (Foto: REUTERS)
Morales ha puesto en marcha la reforma total de Bolivia, en lo político, lo económico y lo social, a pesar de que el país avanza hacia la fragmentación en dos mitades, que no tienden puentes para reconciliarse y se bifurcan en su visión de la nueva nación. Una frase simplista podría resumirlo en la Bolivia del poncho, enfrentada a la de la corbata, y viceversa.
Ambas realidades chocan en la pelea por los espacios de poder en la nueva Constitución impulsada por el Movimiento al Socialismo de Morales, y tachada de 'ilegal' por la oposición, que llama al 'desacato'; ambos mundos chocan en la muralla de gobernadores opositores, enfrascados en diseñar autonomías a su medida en sus departamentos (regiones).
Estas son diez claves + 1 para entender lo que ocurre en el corazón geográfico de Sudamérica, convulsionado por lo que Evo llama "refundación y descolonización del país" para "dar poder a las mayorías indígenas excluidas".
1. El ajedrez boliviano
De los 9.8 millones de bolivianos, el 62% se considera indígena, según el último censo oficial, de 2001. Pero, según una encuesta financiada por USAID en 2006, el 64% de la población es mestiza, y se identifica con alguna de las razas indígenas. La diferencia estriba en cómo se formule la pregunta. La pobreza afecta al 64% de la población. Después de Haití y Guatemala, Bolivia es el país más pobre de Latinoamérica y sufre altos índices de desigualdad. De las 36 etnias del país, son mayoritarias la quechua (34% de la población) y la aymara (24%), con gran capacidad de organización. Pueblan la mitad occidental de Bolivia, la más pobre en ingresos.
La etnia guarani (unas 150.500 personas) habita la mitad oriental, la más rica en recursos. Allí se dispersan, en algunos casos a gran distancia, 33 de las 36 razas, muchas minoritarias.
La actual polarización del país ha resucitado casi la misma línea que trazaron los colonizadores españoles, con criterios raciales, geográficos y culturales. Dibujaron, a fines del XVIII, una frontera parecida a la que ahora ha entrado en conflicto. A un lado quedó el mundo andino y altiplánico, de curtidos rostros aymaras, quechuas y los minoritarios urus, gentes de carácter introvertido y palabras parcas, encumbrado en las actuales regiones de La Paz, Oruro, Potosí, parte de Chuquisaca y parte de Cochabamba, a una altitud media de 3.500 metros sobre el nivel del mar.
Estas zonas se englobaron en el Alto Perú (o Audiencia de Charcas), por sus parecidos raciales con los incas. Al otro lado, quedó la vida cálida y abierta de las actuales Santa Cruz, Beni, Pando y parte de Tarija, como gobiernos subordinados y capitanías organizadas por los jesuitas. Hoy, sus gobernadores forman la alianza de la llamada media luna, en feroz oposición al gobierno del aimara Morales.
2. El reparto del tablero
Las dos diferencias sobre aquel antiguo mapa son que hoy, la capital de Chuquisaca, Sucre, y la ciudad de Cochabamba, se alían a la mitad oriental anti Morales. El derechista gobernador de Cochabamba se suma a sus pares orientales porque comparten el mismo discurso liberal, político y económico. Todos, a su vez, apoyan una histórica demanda de Sucre, para así restar poder al gobierno.
Sucre, antigua capital de Bolivia, exige que los poderes Ejecutivo y Legislativo retornen a la ciudad y no se conforma con su título de capital constitucional y sede del poder Judicial. La pelea por la capital de Bolivia, entre La paz y Sucre (que llevó al país a la guerra civil, en 1899) logró bloquear la Asamblea Constituyente más de tres meses. Morales sostuvo que fue la mejor "estrategia” de la oposición para intentar cerrar el órgano de redacción de la nueva Carta Magna que, según Evo, "la derecha nunca quiso".
3. Diálogo de sordos: dos visiones de país
La población indígena andina apoya la fuerte intervencióndel Estado en la economía, la política de nacionalizaciones y el discurso antineoliberal y antiimperialista de Morales. En cambio, los gobernadores del oriente abren los brazos a la inversión privada,
El presidente, en una manifestación contra la pobreza. (REUTERS)
sin las duras condiciones que impone el Gobierno, y abanderan un discurso capitalista liberal conservador, en las antípodas de la hermandad entre Evo Morales y el venezolano Hugo Chávez.
Santa Cruz apuesta por el estilo americano de vida, e incluso tiene una réplica de la Estatua de la Libertad, en la carretera que va al centro. En el extremo opuesto está Potosí, la región más deprimida y antiamericana, con una brecha de miseria de 40 puntos porcentuales respecto a Santa Cruz.
Cada bando se autodefine en pocas palabras: "El capitalismo es el peor enemigo del ser humano", ha dicho Morales. "Nos oponemos a un modo de vida cercano al comunismo, por el que nos quiere llevar el Movimiento al Socialismo", ha dicho el gobernador de Santa Cruz, región que es el motor económico de la nación. Sólo Santa Cruz aporta el 40% de los ingresos del Estado, en impuestos.
La masa pobre del país está con el presidente, y la élite empresarial privada, no. La cúpula empresarial y los grandes hacendados controlan, mediante los Comités Cívicos, a la opinión pública urbana de la llamada media luna oriental: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Allí se concentran las grandes reservas de gas natural, uno de los mayores yacimientos de hierro del mundo, la gran industria ganadera y agrícola e inmensos bosques certificados.
La zona es el feudo de terratenientes y petroleras. El presidente arremete contra ambos, por considerar que su "falta de moral solidaria" contribuye a la "injusticia social". Los opositores en cambio consideran que Morales "lleva al atraso económico y frena el progreso, por su demagogia". Evo responde que la filosofía indígena" no busca vivir mejor, sino vivir bien".
4. La lucha por el control de la tierra
Es un tema clave en el conflicto. Decenas de familias del oriente boliviano concentran la propiedad latifundista, y la mayoría participa activamente en los Comités Cívicos de la oposición. En la mitad occidental no hay suficientes tierras para el cultivo, y los campesinos pugnan por la mínima extensión. Algunos empresarios y hacendados orientales poseen terrenos no trabajados, usados para especular o hipotecados, que no cumplen lo que Morales llama una "función económica y social". Según la nueva Carta Magna, sus propiedades pueden ser devueltas al "dominio del pueblo".
En decenas de haciendas existen situaciones de esclavitud propias de la época colonial. El trabajador, endeudado con el patrón, recibe comida, ropa y latigazos como sueldo. Se calcula que unas 2.000 familias bolivianas viven en condiciones feudales en las regiones de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, según el Defensor del Pueblo y Derechos Humanos. Morales anuncia que expropiará los terrenos en los casos mencionados y también las tierras necesarias para que una comunidad indígena pueda desarrollar su cultura y forma de vida. Los propietarios y gobernadores han emprendido una férrea resistencia mediante sus estatutos autónomos, mientras Evo recupera el lema 'la tierra es para el que la trabaja' (enarbolado en Bolivia en la revolución agraria del 1953).
5. El contrapoder de los gobernadores: la nueva oposición
Evo Morales no pudo elegir a los nueve gobernadores del país a dedo, como si hicieron los anteriores Jefes de Estado. Sólo 3 pertenecen al gubernamental Movimiento al Socialismo. Los oficialistas son: el gobernador de Oruro, Alberto Aguilar, el gobernador de Potosí, Mario Virreira y el gobernador de Chuquisaca, David Sánchez, huido de la capital de la región, Sucre, tras los violentos enfrentamientos a raíz de la aprobación de la Constitución.
Se oponen a Morales el combativo gobernador de Santa Cruz, el ingeniero agropecuario y auténtico líder de la oposición, Rubén Costas (de la agrupación Autonomía para Bolivia); el gobernador de Tarija, el derechista Mario del Cossío (de la agrupación Camino al Cambio); el gobernador de Beni, Ernesto Suárez (del principal partido derechista, Podemos); el gobernador de Pando Leopoldo Fernández (también de Podemos); el gobernador de Cochabamba, el derechista Manfred Reyes-Villa (fundador de Alianza Unidad Cochabambina) el gobernador de La Paz, José Luis Paredes, del derechista Podemos, que apoya al gobierno o no, según las circunstancias.
6. Autonomía, cueste lo que cueste
La nueva Carta magna reconoce un estado autonómico por primera vez en la historia boliviana, pero los gobernadores opositores denuncian que Morales juega con una caja de mago de falsos fondos, que no les otorga suficientes competencias. "Es una burla", afirman las autoridades de las cuatro regiones donde ganó el sí por la autonomía, en el referéndum nacional del 2 de julio del 2006, por porcentajes aplastantes: Santa Cruz (71%) Tarija (60,7% ) Beni (73,8%) y Pando (57,6%).
El gobierno les concede capacidades administrativas y de gestión pero Santa Cruz, motor de la economía nacional, ha impulsado en su región y en las tres restantes, la redacción unilateral de su estatuto autonómico, a espaldas de la nueva Constitución. Los estatutos se aprobaron por votación a mano alzada, en asambleas provisionales autonómicas de dudosa legalidad, formadas por diputados, senadores y cargos municipales de la oposición.
El estatuto de Santa Cruz concentra el poder en el gobernador, se atribuye el control de la política de tierras y de hidrocarburos, y otros temas que el gobierno considera 'indelegables'.
Morales les advierte que
no tolerará "ningún intento de descuartizar el estado". El gobierno considera que el plan de autonomía cruceña supone autoproclamarse 'estado federal asociado' y el gobernador cruceño contesta que su propuesta es "signo de mentalidad avanzada y libertad".
7. ¿Por qué la Asamblea Constituyente? No fue idea original de Evo Morales. Surgió en abril del 2000 en Cochabamba, en protesta por un aumento del 300% de los precios del agua, impuesto por la empresa internacional Bechtel. En plena ola privatizadora impulsada por el Banco Mundial, los miembros de la Coordinadora de la Defensa del agua , un grupo de dirigentes sindicales, agricultores, economistas y abogados, consigue movilizar a toda la población urbana y rural.
Después de cuatro meses de protestas –apoyadas por el movimiento cocalero al mando de Evo Morales-, los dirigentes de la llamada guerra del agua (enero a abril del 2000) convocan a una consulta popular en la calle, para echar a la empresa del país. La población vota en urnas improvisadas, y el 98% exige que la Bechtel se vaya.
Lo logran, el agua no se privatiza y los dirigentes populares piden una Asamblea Constituyente para cambiar las leyes, al constatar que la voz del pueblo, organizada, puede hacerlo. Los intelectuales empezaron a hablar de la Comuna de París a la boliviana –el gobierno popular- y de los modernos 'sans culottes' de la revolución.
La Coordinadora introdujo la idea de 'refundar Bolivia' mediante la protesta popular contra el sistema, idea que luego retomó Evo Morales. Añadió las reivindicaciones de la Marcha Indígena de los Pueblos Nativos de Tierras Bajas y Altas por la Asamblea Constituyente (2002) que exigía la defensa de sus tierras contra los latifundistas y madereros; y las demandas de la guerra del gas (2003) por la nacionalización de los recursos naturales y la recuperación de los hidrocarburos para el Estado, incluidos hoy en la nueva Constitución, así como la prohibición de privatizar el comercio del agua.
La exigencia popular de instalar una Asamblea Constituyente formaba parte de la agenda del ex presidente Carlos Mesa (2003-2005) pero no logró realizarla y el tema quedó en manos de Evo Morales
8. Lo que dice la nueva Constitución
Para el Gobierno, el gran logro está en declarar Bolivia 'estado plurinacional y comunitario'. Se reconoce el autogobierno de 36 naciones indígenas, antes no mencionadas en la antigua Constitución. Crea las autonomías indígenas y avala sus formas ancestrales de organización "anteriores a la invasión colonial española", incluida su polémica tradición de justicia.
La justicia comunitaria indígena no apoya la cárcel, pero sí los castigos a latigazos, como humillación ante los vecinos. Luego, el delincuente debe efectuar algún trabajo útil para su víctima o la comunidad. La justicia ordinaria y la indígena tienen la misma jerarquía ante el Estado.
La nueva Carta Magna, que aún debe aprobarse en referéndum, permite la reelección del presidente por un periodo electoral consecutivo; prohíbe la instalación de bases militares extranjeras; garantiza la propiedad privada, pero siempre que cumpla una 'función social'; el sistema educativo, controlado por el Estado, se basa en una educación 'revolucionaria' y 'descolonizadora'; Bolivia pasa de declararse católica a aconfesional; el Congreso se denomina Asamblea Legislativa Plurinacional, con cámara de Diputados y cámara de Representantes Departamentales (regionales), donde se garantiza la participación proporcional de pueblos indígenas.
Además, se elimina la inmunidad a los asambleístas; el Tribunal Constitucional lo elige el pueblo directamente; se crea el Consejo Electoral Plurinacional (antes Corte Nacional Electoral), con miembros indígenas obligatorios; se crea un 'cuarto poder' o sociedad civil organizada, para controlar al Estado y a las empresas privadas que presten servicios públicos; se fija que, para cualquier asociación, la petrolera estatal YPFB siempre contará con el 51% de las acciones; entre otras cosas, es una de las más avanzadas de Latinoamérica en el capítulo de derechos individuales.
9. La gran batalla
Los bolivianos se enfrentarán, el año que viene, a una batería de preguntas cuyas respuestas decidirán el destino de la nación. La mayoría de analistas considera que se irá al empate entre las dos Bolivias y se preguntan si el país será capaz de llegar a una solución no violenta.
De momento, los bolivianos deben decidir en las urnas si el presidente y su política se queda o se va; si los gobernadores siguen o no en sus puestos; deben determinar qué extensión consideran latifundio (5.000 o 10.000 hectáreas) para incluir la respuesta como artículo definitivo en la Constitución, y finalmente deben dar el visto bueno, o no, a toda la Carta Magna.
Además, cuatro gobernadores opositores convocarán a sus ciudadanos a referendos, para que den luz verde (o no) a sus estatutos de autonomía.
En definitiva, la población debe contestar claramente con qué mitad del país está. Con la de la "revolución social y socialista" de un estado justiciero abanderado por Morales, o con la del capitalismo occidental insertado en una nación de regiones asociadas, al estilo de un estado federal.
10. Racismo versus racismo
"Lo que no aceptan es que un indígena campesino pueda gobernar el país", ha dicho el aimara Morales. "Los resentidos, racistas y excluyentes son ellos" ha dicho el gobernador de tez blanca Rubén Costas, de Santa Cruz. Entre unos y otros, la sentencia del relator sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen: "El conflicto político en Bolivia ha producido un rebrote de racismo, más propio de una sociedad colonial que de un Estado democrático moderno". El enviado denuncia que "persiste la discriminación contra los indígenas, incluso la hubo dentro de la Asamblea Constituyente" y "partidos políticos y grupos de presión incitaron a la violencia contra los asambleístas".
En Bolivia, el siglo XXI convive con mentalidades coloniales del XVI. La sociedad se admite racista. En una escala de 1 a 7 en progresión de racismo, el país obtiene un alto 5,14, según una encuesta de la Fundación Unir, de 2006. El 33% afirma que el color de la piel es el gran factor de discriminación, seguido de la pertenencia a un pueblo indígena y el apellido (de origen hispano y europeo, o no). Los bolivianos califican a Santa Cruz como el lugar más racista, con un aplastante 73,5% de las respuestas.
Aunque el 57% asegura que acepta a otras culturas, un 43% de los no indígenas no quiere tener amigos indígenas, o trabajar con ellos o que sus hijos se casen con uno de ellos, ni desean adoptar un niño indígena. La misma pregunta se hizo a los indígenas respecto a los no indígenas, con similares resultados lo que, 182 años después de la independencia de la colonia española, demuestra que las fracturas siguen vigentes.
+1. El pulso político, en la protesta callejera
La toma de las calles es el baremo del poder de unos y otros. La oposición combate al presidente Morales con sus mismas armas: revolucionando los espacios públicos. La fuerza política se mide en un duelo de capacidad de concentración y ruido. Los opositores juegan ahora con las mismas cartas de Evo quien, en sus tiempos de dirigente sindical, perfil que mantiene, obtuvo el cargo de 'bloqueador máximo' del país, al organizar la resistencia contra anteriores gobiernos tomando carreteras y ciudades.
Las acciones de los gobernadores que ahora llaman a la 'resistencia civil' son un espejo de la anterior batalla del hoy jefe de estado. Manifestaciones, marchas de empresarios agrícolas y ganaderos, sentadas, asaltos a instituciones oficiales por jóvenes opositores, como las ocurridas contra el Instituto Nacional de la Reforma Agraria en la región de Tarija, o contra Impuestos Nacionales en Santa Cruz, son ejemplos.
La huelga de hambre, monopolio de los sectores más empobrecidos, la abanderan hoy los representantes de las regiones más ricas. En la calle, las protestas de unos y otros anuncian un empate y la clara división entre dos conceptos de nación.
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