¿Y ahora quién responde por el incendio del Palacio Municipal de Chiclayo?

Ahora que el poder judicial está en la picota, surge otro escándalo motivado por una controvertida resolución judicial que ha dado como saldo el incendio de la hermosa casona del Palacio Municipal de Chiclayo, edificio declarado monumento histórico nacional por el Instituto Nacional de Cultura y construido en 1920 durante el gobierno de Augusto B. Leguía

Como se recordará el alcalde provincial de Chiclayo Sr. Arturo Castillo Chirinos fue vacado por el Jurado Nacional de elecciones y quedó encargado del gobierno municipal el regidor José Barrueto. Entonces el defenestrado alcalde inició una serie de acciones legales, primero ante el sistema electoral peruano al considerar que se habían vulnerado sus derechos. y al ser rechazadas sus reclamaciones accionó ante el poder judicial y el Tribunal Constitucional obteniendo resoluciones a su favor. Primero el TC determina que el Jurado Nacional de elecciones ha vulnerado los derechos de Chirinos y que debe reponérsele en su cargo y finalmente una resolución del Juez del cuarto Juzgado Civil de Chiclayo Hector Conteña, ordena la reincorporación de Chirinos a la alcaldía de Chiclayo. Con la sentencia judicial, Chirinos también reclamaba sueldos atrasados, que había dejado de percibir precisamente por la vacancia, al parecer de mas de doscientos mil soles.

Con el mandato judicial en su poder, Castillo venia anunciando su intención de retomar su cargo, a lo que se oponía el alcalde encargado y finalmente en la madrugada de hoy Arturo Castillo con un conjunto de personas y el apoyo policial (como corresponde para dar cumplimiento a una resolución judicial), trató de ingresar al local municipal, siendo repelido por un conjunto de trabajadores que apoyaban al alcalde en funciones, quienes se habían atrincherado para resistir y no permitir el ingreso del restituido alcalde.

Son confusas las versiones sobre quienes originaron el incendio, lo cierto es que se ha destruido gran parte del edificio municipal, se ha quemado archivos con la información contable y de los contribuyentes, así como mobiliario, maquinarias y equipos, que será difícil reponer para el servicio que merecen los vecinos de la ciudad norteña, sobre todo la información de la historia de cada contribuyente.

Además según informa la directora del Archivo Regional de Lambayeque , en el edificio también se guardaban archivos históricos desde 1970, los cuales probablemente se hayan destruido por acción del fuego o el agua usado por los bomberos para sofocar el fuego.

¿Qué lecciones nos trae este lamentable episodio?....Primero la colisión de poderes. Se supone que el Jurado Nacional de Elecciones, para bien o para mal, es la máxima autoridad en materia electoral y que sus fallos son última instancia y no corresponde revisión por autoridad alguna. Esta potestad ha sido expresamente aclarada en norma legal por el anterior Congreso de la República, ante pretensiones del Tribunal Constitucional, quienes pretendían revisar en última instancia resoluciones del organismo electoral cuando consideraban que las sentencias de éste vulneraban los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo el Tribunal Constitucional y un juez han dictaminado lo contrario, desconociendo lo antes mencionado con las funestas consecuencias que ahora lamentamos, aunque la pugna de poderes ha logrado reponer al Sr Chirinos como alcalde de Chiclayo, pero a un alto costo para la ciudad y sus contribuyentes.

Esperemos que después de ahora, para bien o para mal, nunca más un fallo del sistema electoral, sea revisado por otro organismo diferente a él, y que un fallo del Jurado Nacional de Elecciones sea como corresponde última y definitiva instancia. Obrar de forma diferente, dará como consecuencia casos similares al acaecido en Chiclayo, donde los perjudicados mayores son los ciudadanos a quien se dice representar.

Por lo pronto el fiscal de prevención del delito responsabiliza al juez Conteña por los sucesos de Chiclayo y la policía ha detenido a 15 personas mayormente trabajadores de la comuna, para determinar su grado de responsabilidad. ¿Responsabilizará también al tribunal Constitucional?

En segundo lugar esperemos que con la voceada reorganización judicial se acabe con el abuso de las acciones de amparo y medidas cautelares que entrampan el accionar de instituciones y empresas, porque es usual ver que cada parte en litigio consigue las resoluciones judiciales a la justa medida de sus correspondientes intereses, obtenidas probablemente no en función a la ley sino a factores crematísticos que debemos desterrar, si queremos una justicia honesta, imparcial y ajustada al derecho.