Reforma Judicial: ¿Quién le pone el cascabel al gato?

El problema del ex vocal supremo provisional Eduardo Palacios Villar, pescado con las manos en la coima, trae cola y ha puesto contra la pared a las altas autoridades del Poder Judicial, cuyo presidente de la Corte Suprema tuvo que separar inmediatamente al referido vocal de la carrera judicial, ahora preso, y al mismo tiempo ha tenido que aceptar que el problema significa un severo golpe a la alicaída imagen de ese poder del estado.

Según una encuesta de Apoyo publicada el día de hoy en el diario El Comercio, el
82% de los encuestados considera que la corrupción es el mas grave de los problemas que afecta a la justicia peruana y el 97% opina que el poder judicial debe reformarse. Asimismo, el 48% opina que la reforma debe ser encabezada por el Poder Ejecutivo, el 21% por el Poder Legislativo y sólo el 17% por el propio Poder Judicial.

Estas apreciaciones concuerdan con lo que hemos publicado en anteriores artículos, cuando decíamos que el poder judicial por si sólo no se va a reformar y ahora añadimos que actitudes como la del presidente de la Corte Suprema Walter Vásquez Vejarano, comunicándole en palacio de gobierno al Presidente de la Republica Dr. Alan García, que ellos mismos iniciarían la reforma, no es mas que un saludo a la bandera y sólo es una rápida maniobra defensiva de control de daños para ganar tiempo, y esperar que las encrespadas aguas amainen.

El congresista aprista Edgar Núñez ha presentado una moción de orden del día en el Congreso solicitando la renuncia irrevocable de todos los actuales vocales titulares y provisionales de la Corte Suprema. El presidente de la misma ha respondido que sólo renunciará si la Sala Plena del Poder Judicial así lo dispone y ha solicitando se respete la autonomía de ese poder del estado.

La verdad es que hasta antes del bochornoso incidente del vocal recibiendo la coima, ni el poder ejecutivo ni el congreso querían chocar con el poder judicial. Tanto el presidente García, quien antes de juramentar al cargo recibió el saludo protocolar del presidente de la Corte Suprema y anunció el respeto a la independencia de poderes; posteriormente el Presidente del Concejo de Ministros sustentó la reforma del estado, en lo concerniente solamente al poder ejecutivo. Del Congreso, ni hablar, no había mayores noticias sobre reestructuración judicial.

Creemos que la reforma debe ser liderada por el ejecutivo, no a la forma Fujimori, pero si dentro de la democracia y con el apoyo del Congreso quien debe efectuar las modificaciones urgentes a la constitución para la aplicación del SERIAJUS, así como dictar las leyes complementarias necesarias. De otra forma, la reforma judicial se prolongará hasta las calendas griegas y la ciudadanía no esta para que le pinten pajaritos.

Pasado el incidente de la coima, ¿quien hace la reforma judicial?... como quien dice… ¿quien le pone el cascabel al gato?. El ejecutivo no quiere hacerlo, pues el presidente García comunicó al país estar de acuerdo con el planteamiento del presidente de la Corte Suprema, luego de la visita de este a Palacio de Gobierno, según el cual el propio Poder Judicial se iba a reformar. ¿Habrá algunos temores ocultos en palacio de gobierno?... Tal vez el proceso pendiente conocido como la matanza de lo penales?

Por otra parte, esperemos que no prime el espíritu de cuerpo en el poder judicial, no para apoyar al defenestrado vocal, porque su caso es indefendible, pero si para ajustarle las cuentas al policía denunciante. Por lo pronto el poder judicial ha iniciado un proceso penal al suboficial de la policía nacional Wilfredo Hipanaqué Lescano, por el presunto delito de corrupción de funcionarios, bajo el cargo de entregar una coima al referido vocal para conseguir su reincorporación a la Policía Nacional del Peru

El caso se sigue en el Tercer Juzgado Anticorrupción, a cargo del juez Jorge Barreto Herrera, quien ha dispuesto la comparecencia restringida, sujeta a normas de conducta para Hipanaqué y además ha dispuesto el embargo preventivo de los bienes del suboficial para garantizar el pago de una eventual reparación civil, según lo informa el Comercio en su edición de hoy día.

Si bien es cierto que en un hecho de corrupción de funcionarios existe dos partes y ambas son responsables, la que da y la que recibe; también lo es que debe considerarse atenuantes porque sino fuera por valientes denuncias como la presente, estos casos no se conocerían y el cáncer de la corrupción continuaría carcomiendo a nuestras instituciones judiciales.

Obrar de manera diferente, seria interpretado por la ciudadanía como que se actuando en una especie de espíritu de cuerpo con el vocal caído en desgracia, o que se esta desfogando la rabia contenida por “haber destapado la olla” y poner a los magistrados en el candelero de las iras publicas; además que sería una pésima señal para la lucha anticorrupción, porque nadie en el futuro se atrevería a denunciar presiones de jueces solicitando coimas, porque después se verían perjudicados en sus procesos o encausados judicialmente.