lunes, abril 28, 2008

Reacción hepática del gobierno con las ONG

Retira a 64 ONG del Consejo Nacional de DD.HH.

A pesar de nuestra posición crítica al gobierno, en su momento, pocos como nosotros apoyamos el proyecto de fiscalización de las ONG's, de quienes decíamos, que cuidando su bolsillo, hacían el gran berrinche mediático para evitar, muchas de ellas, que se conozcan sus fuentes de financiamiento y a donde van esos fondos.

Después el Tribunal Constitucional, en una resolución salomónica le dio la razón a las ONG en lo referente al artículo 1º de la Ley Nº 28925 ( que modifica la ley Nº 27692º, ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI) como contrario a la Constitución, en consecuencia, la APCI no puede fiscalizar la ejecución de los recursos por parte de las ONG, por cuanto "no son fondos públicos", pero en lo principal, se sustentaba la existencia de la APCI y sus competencias, dictaminando el TC que es infundada la demanda planteada por las Ong, por cuanto resulta constitucionalmente legítimo la fiscalización tributaria

La semana pasada, el Parlamento Europeo rechazó comprender al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru -MRTA- en una lista de organizaciones subversivas, basándose fundamentalmente en una carta de la ONG Aprodeh, que decía que dicho grupo subversivo ya no opera hace varios años y que por lo tanto no se justificaba incluirlo en la lista negra de organizaciones terroristas del mundo. Poco importó el daño hecho al país, así como el dolor y sufrimiento creado por esa organización terrorista a muchas familias peruanas; y que si bien ahora no hay acciones armadas de dicha organización terrorista, por informes de inteligencia, se sabe que continúan operando. No en vano la bandera del MRTA estaba presente en una última reunión bolivariana, así como el consabido discurso hacia la lucha armada para la conquista del poder.
Francisco Soberón, directivo de Aprodeh, justificó el envío de la “dichosa” carta, manifestando que lo hacían para evitar que el gobierno persiga políticamente a activistas sociales defensores de los derechos humanos y medio-ambientalistas.... (¿?)

Es sabido que muchos emerretistas han purgado prisión y ahora están libres, reciclándose varios de ellos en algunas ONG....¿Quería el buen Soberón, proteger a esos ex subversivos, que de repente no han abandonado del todo sus creencias violentistas? Si es que alguien, en cualquier punto del país genera revueltas, el estado tiene la obligación constitucional de salvaguardar la paz social, deteniendo a los revoltosos, pertenezcan, o no a una ONG.

Que se sepa no se ha perseguido a ningun miembro de ONG por sus ideas políticas. Flaco favor le ha hecho Soberón a las ONG de derechos humanos, dándole en la yema del gusto a quienes despotricaban de su accionar.

Cuatro días después de la decisión del Parlamento Europeo, el gobierno ha reaccionado hepáticamente, sacando de un plumazo a 64 ONG del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Nos parece un exceso, pues no se ha separado la paja del trigo. No todas esas ONG deben pagar las consecuencias del grave error de los directivos de Aprodeh.

Ahora como reacción de esas mismas ONG, internacionalmente se pintará distorsionadamente al Perú, como que el actual gobierno no respeta los derechos humanos, o no quiere fiscalización en temas de derechos humanos. Mas aún si tenemos en cuenta, que alguna como Aprodeh, tiene el peso como para que el Parlamento Europeo siga a pie juntillas sus recomendaciones, en detrimento del gobierno peruano, que se quedó dormido en este tema.

Es necesario que la sociedad civil esté informada de lo que se cocina en el estado en temas de derechos humanos, y allí las ONG juegan un papel importante, como por ejemplo de observadores en la reforma de la ley de justicia militar-policial.

De repente lo que el gobierno ha querido es evitarse criticas incómodas de las ONG, en el tema del fallo inmininte de la Corte Interamericana de San José por el caso de la masacre de los penales de Castro castro y el Frontón en el primer gobierno aprista.
Creemos que el asunto traerá cola.

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1 Comments:

Blogger Santiago Stucchi Portocarrero said...

Una opinión, a mi humilde parecer, más acertada sobre el tema, escrita por Nelson Manrique:

http://www.peru21.com.pe/comunidad/Columnistas/html/ManriqueIndex.html

nmanrique@peru21.com

El caso Aprodeh

El alboroto provocado por la carta enviada por la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh, a europarlamentarios, respondiendo a una consulta que estos hicieron sobre la situación del MRTA ("berrinche político multicolor" lo llama Juan Paredes Castro en El Comercio), es hondamente expresivo del clima político que empieza a instalarse en el país.


El Apra y el fujimorismo han iniciado una campaña de desprestigio contra Aprodeh y su secretario general, Francisco Soberón, acusándolos de cómplices del MRTA. El presidente Alan García ha hablado de "traición a la Patria" y el secretario ejecutivo de la APCI, Agustín Haya de la Torre, ha emplazado a Aprodeh para que explique qué fondos ha usado "para intermediar por el MRTA". Aprodeh ha rechazado su insinuación y precisado que el presupuesto usado asciende al costo del fax enviado a los europarlamentarios.


¿Sostuvo Aprodeh algo cuestionable? Veamos. La carta empieza subrayando que Aprodeh "ha tenido desde los inicios del período de la violencia política, una clara posición de rechazo y condena a los actos de terror de los grupos como SL y el MRTA". Añade a continuación que "desde hace más de 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo". Opina, finalmente, que sobredimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, "puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo". ¿Justifica esta carta la campaña que García y sus secretarios están armando?


La preocupación de Aprodeh es comprensible. El grupo de jóvenes detenidos por asistir a un evento público de la Coordinadora Bolivariana en Quito siguen en prisión. Para justificar su abusiva detención se ha sugerido una presunta relación con el MRTA. En tanto no se presenten pruebas de que están comprometidos en actividades terroristas, este es un condenable abuso de poder. Se está criminalizando una opción política personal que la Constitución ampara.
El MRTA cometió crímenes verdaderamente repudiables. Pero no hay ninguna acción que permita suponer que esta organización constituye hoy una amenaza para el país: sus dirigentes están en prisión, han reconocido que se equivocaron y han pedido perdón a sus víctimas y al país por el dolor que causaron. El peligro está en otra parte: en el tono fascistoide que empieza a impregnar la acción del Apra y sus aliados, que pretende acallar las protestas de quienes discrepan de un modelo de crecimiento cuya implementación insulta la dignidad de los peruanos.

9:04 a.m., mayo 02, 2008  

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