¿Es malo fiscalizar a las ONG’s?

Algunos medios periodísticos han lanzado sus dardos contra la ley que fiscaliza la labor de las Organizaciones No Gubernamentales –ONG’s- polarizando a la opinión publica nacional.

Nos preguntábamos ¿Es malo la fiscalización de las citadas ONG’s?,... ¿ Es cierto que el gobierno quiere atentar contra el derecho de libre asociación, como decían algunos?,... ¿ Se quiere atomizar voces opositoras como decían otros y que el gobierno no quiere oposición?...¿ Se pretende "estatizar" las contribuciones privadas, como decía el jurista Diego García Sayán?, ...¿ Es esta una ley producto del contubernio entre el aprismo y el fujimorismo, estos últimos promotores de la polémica ley?

Entonces como es que periodistas liberales como Aldo Mariátegui, a quien no se le puede acusar de fujimorista, no encuentren negativa a la citada ley, y en cambio otros periodistas hacían cuestión de estado expresando su posición contraria.

Si la ley es producto del pacto APRA – Fujimorismo para "perseguir" a las ONG, ¿Cómo entonces es apoyada por los congresistas de Unidad Nacional?.

Luego de la primera votación en el congreso y de observar las voces discordantes nos decíamos todo depende del cristal con que se mire y preferimos no emitir opinión todavía hasta estudiar mas a fondo el asunto.

Los defensores de la norma, como el congresista oficialista Mauricio Mulder, manifiesta que los integrantes de las ONG han formado un "frente" para evitar la fiscalización y seguir con sus "sueldos en dólares".

Ahora sabemos que muchas de las voces contrarias a la norma forman parte de organizaciones no gubernamentales. Así por ejemplo, el periodista Alvarez Rodrich, Director de Peru 21 y Gustavo Gorriti del diario La Republica , forman parte de la ONG Ipys. Diego Garcia Sayan es el director general de la ONG Comisión Andina de Juristas (CAJ), asi como su Director Ejecutivo Enrique Bernales. Otros miembros de ONG’s son Cecilia Blondet, de Proética; Martín Tanaka, del IEP; Peti Patrón, de Transparencia; Salomón Lerner, del Instituto de Derechos Humanos de la PUCP; entre otros, todos ellos tenaces opositores a la ley que los fiscalizaría en adelante, si es que el ejecutivo promulga la ley, una vez que todos los artículos de la misma sean aprobados en el Congreso Nacional.

Esto, porque hoy día el Congreso de la República aprobó lo fundamental de la ley que da nuevas atribuciones a la APCI, con 65 votos a favor, lo que constituye una mayoría abrumadora de más de la mitad de los miembros del Congreso, y con 43 votos en contra mas una abstención. El Parlamento aprobó hoy diez de los doce artículos de la ley que dispone el registro obligatorio de los organismos no gubernamentales (ONG). Las bancadas del Apra, Unidad Nacional y del Grupo Parlamentario Fujimorista votaron a favor de la ley, mientras las del Partido Nacionalista-Unión por el Perú y la Alianza Parlamentaria lo hicieron en contra. Dos articulos aprobados en primera votación, pero modificados ahora deben pasar nuevamente por una segunda votación.

Respondiendo las interrogantes planteadas encontramos el interesante artículo de una personalidad política que no puede ser calificada de fujimorista, que ha sido presidente del Congreso Nacional, y que por decisión propia no postuló al actual periodo legislativo, por lo tanto no se le puede asociar con componendas del actual parlamento, o que sea progobiernista.

Nos referimos al Doctor Antero Flores Aráoz, quien ha escrito un artículo en el diario Correo y que trata el asunto desapasionadamente y sin el sesgo de quienes defienden sus propios intereses, como es el caso de algunos periodistas.

Nos tomamos la libertad de transcribir aquí el integro del articulo que presentamos a continuación para que Uds. mismos formen su propia opinión.

ONGs sin satanizar ni santificar
Antero Flores-Aráoz E.

La opinión pública se ha polarizado en relación con las ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, debido a que en el Congreso se debate uno de los dos proyectos que sobre la materia quedaron pendientes del anterior Parlamento. Uno es para simplificar trámites de donaciones de bienes del exterior. El otro –en discusión– es para dotar a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) de los mecanismos que hagan viable el rol fiscalizador de la cooperación técnica internacional.

Hemos escuchado y leído que con la fiscalización a las ONG se atenta contra la libertad de expresión. ¿De dónde sacan tal aserto? Vaya uno a saber, pues algunos de los defensores de tal libertad estuvieron calladitos cuando las conciencias y voluntades de los empresarios de los medios en que laboraban eran compradas con billetes y granjerías.

Se ha dicho que hay acoso contra las ONG, que existe intromisión del Estado, que existen vendettas, que hay autoritarismo y que se atenta contra el Estado de Derecho. Francamente tremebundo, y lo peor es que hay personas despistadas que lo creen.

Analicemos el tema. Primeramente, ¿qué son las Organizaciones No Gubernamentales? Son instituciones privadas que se constituyen y funcionan como asociaciones regidas por el Código Civil, no tienen propósito lucrativo y su fin es altruista. Muchas reciben cooperación técnica y financiera no reembolsable (donaciones), a la que genéricamente se le denomina “Cooperación Técnica Internacional” (CTI), que puede tener tanto origen público (oficial) como privado, y provienen del exterior.

Hasta 1991 únicamente se inscribían en el registro de empleadores para sus obligaciones sociales y de seguridad social, en el municipio del lugar donde tuvieran sus actividades y en el registro del ente tributario, como cualquier entidad.

A finales de 1991, por Decreto Legislativo N° 719, se dicta la ”Ley de Cooperación Técnica Internacional“, que comprendió la normatividad a que debía sujetarse la cooperación técnica internacional originaria en el exterior y canalizada a través de organismos del Estado, así como de organizaciones del sector privado.

En dicha norma se le encarga al Instituto Nacional de Planificación la elaboración de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional y el seguimiento de los proyectos en armonía con dicha política, así como su supervisión. Debe verificar “...el cumplimiento de los objetivos y metas de los proyectos que son motivo de cooperación, así como su compatibilidad y coherencia con las prioridades y políticas nacionales y/o regionales“.

En el Decreto Legislativo 719, que tiene 15 años, se encomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores el Registro Nacional de los cooperantes, y se encarga al Instituto Nacional de Planificación el Registro Nacional de las ONG que reciben la ayuda. Por la desaparición del Instituto Nacional de Planificación, y debido a que el Estado no debe abdicar de su función supervisora de las donaciones del exterior, creó la Oficina de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (SECTI), que fueron sustituidas a partir de abril del 2002 por la APCI con la creación por Ley 17692 de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Quedó la APCI como el ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación (donaciones) en función de la política nacional de desarrollo, los registros de los cooperantes, de los receptores de las donaciones y el de las donaciones.

Como la APCI necesitaba herramientas legales para supervisar la Cooperación Técnica Internacional, en noviembre del 2004 se dictó la Ley 28386, que obligó a los supervisados a proporcionar información. Además, se determinó como pasibles de cancelación de su inscripción en el registro ante la APCI a las ONG que incurrieran en utilización indebida de los recursos recibidos y/o en la aplicación de los mismos a fines distintos de aquellos para los cuales fueron proporcionados.

Las Organizaciones No Gubernamentales no son buenas ni malas per se. Las hay transparentes y cumplidoras de sus obligaciones, pero igualmente hay de las otras. Cuando se tiene que legislar para todos, y cuando la ley señala como delito el homicidio y el robo, no tiene por qué preocuparse quien respeta la vida y es honrado. Por ello, es incomprensible que las ONG que actúan con corrección vean fantasmas donde no los hay.

Hay ONG muy preocupadas por el desarrollo del país; por la lucha contra la pobreza; la lucha contra la corrupción; la subversión terrorista y el narcotráfico; los derechos humanos; fomento a la educación y la cultura y muchísimas más. Pero también hay de las otras, que reciben fondos para un fin determinado y lo emplean en otro, que fomentan el enfrentamiento entre peruanos, que estimulan la violencia y propician el caos. Por eso reclamamos a la APCI que cumpliera con sus funciones y solicitara al Ministerio Público gestionar ante el Poder Judicial la disolución de las ONG que atentaran contra el orden público y las buenas costumbres (Artículo 96 del Código Civil).

La APCI consideró que la sanción de disolución era extrema, por lo que solicitó facultad sancionadora administrativa con amonestaciones, multas, suspensión o cancelación de registro, y es por ello que la ley que se discute es para otorgar a la APCI la facultad solicitada, y al mismo tiempo darle la atribución de priorizar los programas de cooperación internacional. También para diversificar los registros. ¿Qué tiene todo esto de malo? La verdad, no lo encuentro, por eso insisto en que se ven fantasmas donde no hay. Los Registros existían, las obligaciones igual, del mismo modo la supervisión. La única novedad es la capacidad sancionadora de la APCI.

En cuanto a la priorización de proyectos, es sensato el interés del Estado, pues para conseguir recursos en el exterior, que no abundan, hay que presentar proyectos, y si los mismos ya son atendidos por el Estado de otras ONG, ¿no es preferible advertirlo para que el donante pueda canalizar su aporte económico para otros proyectos y de esa forma liberar recursos del Estado para su aplicación en otras áreas? Por último, no olvidemos que las adquisiciones de bienes y servicios que se hacen con donaciones del exterior están exoneradas del IGV y del IPM (19%) vía devolución a las ONG.

Si no desean cumplir con las reglas que impone el Estado, tampoco pueden recibir sus beneficios, en cuyo caso actuarán como cualquier otra entidad común y silvestre, y asunto concluido.

Creemos que el artículo del líder pepecista es claro y contundente. Además, como informa el congresista Souza ¿no será que los ataques a la ley se debe a que actualmente en el Perú existen 3.112 ONG registradas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), de todas ellas, 1.429 funcionan actualmente y que solo 283 brindan información sobre sus cuentas?.

Claro que no todos pueden ser englobados en ese grupo, pero consideramos una exageración, lo expresado por Pablo Rojas, presidente de la Coordinadora Nacional de DDHH, quien dijo después de la reunión de algunos miembros de las ONG’s con el premier Del Castillo, "Le explicamos que si esta ley se aprueba será el punto de quiebre de este gobierno, afectando las libertades fundamentales, por lo que no nos quedará otra cosa más que acudir al TC y a las instancias internacionales pertinentes".

Bueno a nadie le gusta que lo fiscalicen, pero si es que en un hipotético caso, en el futuro un gobierno autoritario, que los peruanos no creo que podamos tolerar mas, se llegara a enquistar en el poder, la sociedad entera apoyaría la labor que las instituciones desarrollen en pro de los derechos humanos. ¡Así que por favor no confundan sus intereses particulares con los intereses del país!