Más de 20.000 chilenos se han manifestado por las calles de Santiago de Chile para expresar su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que la semana pasada prohibió la distribución de la píldora postcoital, comúnmente conocida como píldora del día después, en el sistema público de Sanidad.

Las protestas se repitieron también en Valparaiso, a unos 120 km de la capital (Foto: Reuters)

Los manifestantes pasaron pacíficamente frente al Palacio de La Moneda y ante a la sede del Poder Ejecutivo. Unas 15.000 personas gritaron consignas contra la prohibición y participaron animadamente en un espectáculo artístico-cultural, para apoyar con música y bailes la entrega gratuita de la polémica píldora.

"Se siente, se siente, Chile está caliente", "Por la libertad de decidir, píldora para todas", "Inquisición, hipocresía ¿Y qué más?", fueron algunas de las consignas que corearon durante la marcha.

El fallo del TC ha sido respaldado por la Iglesia Católica, pero rechazado por el Colegio Médico, agrupaciones sociales, partidos políticos del oficialismo de centro izquierda, universitarios, entidades estudiantiles, gremios y organizaciones no gubernamentales.

Varapalo al Gobierno de Bachelet

Tras la presentación de un grupo de legisladores del partido de la oposición, y con el apoyo de organizaciones contrarias al aborto (que en Chile está penalizado) el Constitucional cerró la puerta a una de las políticas públicas de Sanidad defendidas desde el Gobierno de Michelle Bachelet.

La iniciativa buscaba "prevenir el embarazo adolescente y los abortos" y además permitía la entrega gratuita del medicamento en los consultorios y hospitales estatales.

La Moneda, que acatará el fallo, ha calificado la medida como un "atentado a la igualdad de género, la equidad y la justicia social" que promueve Bachelet y ha reconocido que está explorando iniciativas legales que permitan distribuir el fármaco por otras vías.

"El fallo se refiere exclusivamente a un artículo específico del reglamento. No modifica en nada el resto del reglamento, no se refiere en nada a la existencia, la comercialización de la píldora en nuestro país, ni a la posibilidad de los médicos de recetarla en la actividad privada. Todos aquellos elementos se mantienen igualmente", ha declarado Bachelet.

Además, municipios gobernados por el oficialismo, así como el Colegio Médico y de Matronas, han señalado en varias ocasiones que seguirán prescribiendo la píldora, a pesar del fallo, que es definitivo e inapelable.

La polémica en torno a este fármaco se remonta a septiembre de 2006, cuando la justicia chilena ratificó la decisión del Gobierno de distribuirla de forma gratuita y sin necesidad del consentimiento paterno para jóvenes entre 14 y 18 años. Desde entonces, los enfrentamientos entre conservadores y progresistas se han sucedido.

Sin embargo, el asunto llegó al Constitucional a instancias de 36 diputados de la Alianza (el partido opositor), que finalmente declaró inconstitucional por cinco votos a cuatro la entrega de la píldora en el sistema público. Las opiniones de unos y otros, sin embargo, siguen divergiendo sobre si se puede comercializar en el sector privado; un aspecto en el que el fallo del alto tribunal no es contundente.

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