Para contentar a tirios y troyanos, o tal vez diríamos para estar bien con Dios y con el diablo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por las ONG quienes valiéndose de la firma de más de 5,000 ciudadanos y un grupo de Congresistas humalistas (mas el legislador Lescano), contra diversos artículos de la Ley N.° 28925, Ley que modifica la Ley N.º 427692, Ley que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y la Ley N.° 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación.

Aunque en este caso no podríamos decir quien es Dios y quien es el diablo. A decir de las ONG el diablo sería el gobierno, que quiere controlarlos para evitar que estas fiscalicen la gestión del Ejecutivo. Ayer leía en el Comercio, el comentario de Ernesto de la Jara del Instituto de Defensa Legal, que argumentaba su posición de inconstitucionalidad de la ley, arrogándose la denuncia de la fallida compra de patrulleros y otras cosas mas, cuando en realidad todo el mundo ha condenado estos crasos errores del Ejecutivo, y no es una exclusividad de una determinada ONG

Otros podrían decir que el diablo son las ONG, que han hecho gala de un enorme poder mediático, y nadie quiere enfrentarse con la prensa porque puede salir magullado. En el mismo comentario del representante del IDL lanzaba una velada amenaza diciendo "El Tribunal Constitucional tiene todos los argumentos para declarar la inconstitucionalidad de la ley contra las ONG. Y si no lo hace habrá que ver como votó cada quien. Recordemos que el magistrado Mesía fue elegido por el anterior Congreso en el último minuto de su gestión; y que renunció al partido aprista solo al día siguiente. Y Beaumont ha ingresado producto de un concurso lleno de irregularidades. Prueba de fuego para ellos: si votan a favor de esta ley apro-fujimorista, antidemocrática y contra derecho, será la prueba definitiva de que fueron metidos para controlar al TC, al que también hace tiempo quieren neutralizar”.

Vale decir que si no declaran la inconstitucionalidad de la ley se le iban a ir con todo a los magistrados del TC, por eso tal vez éstos han generado su sentencia dejando las cosas en un virtual empate técnico. Se le da la razón a las ong en lo referente al artículo 1º de la Ley Nº 28925 ( que modifica la ley Nº 27692º, ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI) como contrario a la Constitución, en consecuencia, la APCI no podrá fiscalizar la ejecución de los recursos por parte de las ONG, por cuanto "no son fondos públicos", pero en lo principal, se sustenta la existencia de la APCI y sus competencias, dictaminando el TC que es infundada la demanda por cuanto resulta constitucionalmente legítimo que el ámbito de aplicación de la norma impugnada se encuentre determinado por un criterio objetivo como es el tributario.

Declara además la constitucionalidad de la inscripción de los proyectos, programas o actividades de las ONG ante la APCI. También el TC ha ratificado totalmente la vigencia de la ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de la Cooperación Internacional.

Sobre la “priorización” de proyectos, que era otro de los puntos por las cuales las ONG se rasgaban las vestiduras, el TC ha decretado que esta sólo puede darse en el caso de recursos gestionados por el Estado, por cuanto no existe planificación compulsiva para el sector privado. Aquí interpretamos que el sentir del legislador cuando se dio la ley era que si el estado estaba desarrollando un proyecto en un determinado pueblo, podía sugerirle a una ONG que quería desarrollar un proyecto similar en el mismo sitio, que para optimizar recursos pueda atender las necesidades de otro pueblo al que el estado no podía atender. De hecho ningún gobierno en su sano juicio podía obligarle a ninguna ONG ni a nadie, compulsivamente a destinar la ayuda a voluntad del gobierno.

Que dirán ahora las ONG…¿Seguirán sus prédicas contra la las leyes antes objetadas?
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