Buscándole tres pies al gato

INFLANDO A TOLEDO.
¿Es tan terrible el “pecado” del ex presidente Toledo, por el allanamiento del estado peruano ante la CIDH por el asunto de la masacre de los penales durante el gobierno del extraditable Fujimori?.....¿“ Su falta” tendrá acaso alguna implicancia penal que pueda dar con los huesos del ex mandatario Toledo en prisión?....¿ Tal vez si el gobierno no se allanaba parcialmente como fue el mandato del ejecutivo de entonces, el Perú se hubiera visto librado de la sentencia de marras de la que ahora se denosta?

Jurídicamente, en la CIDH, es muy probable que el resultado hubiera sido el mismo. Porqué ejecutar a terroristas rendidos descerrajándole un certero tiro en la cabeza con el cañón del arma sobre la testa de esos líderes del terror, a quienes se seleccionó para ultimarlos, no podía tener sentencia diferente.

Si bien el terrorismo causó mucho daño y dolor en el Perú, enlutando familias enteras, el estado no puede igualar el nivel de barbarie de los delincuentes terroristas, ejecutándolos extrajudicialmente. No se podía tapar el sol con un dedo, y por lo tanto no se podía ocultar que hubo una masacre.

Claro está que no todos los caídos, fueron ejecutados, sino que algunos, sobre todo los primeros que cayeron, fue en el fragor del enfrentamiento de los subversivos con las fuerzas del orden, porqué se resistían a un cambio de penal. Inclusive ellos asesinaron a un policía. En esta parte si hubo una falencia en la defensa peruana.

Pero de allí a decir que el presidente Toledo es responsable “por no defender adecuadamente al estado” (planteamiento de Velásquez Quesquén- el recadero de Palacio), es de una ignorancia supina. ¿Es que acaso se ignora que el presidente no es responsable por los decretos y resoluciones que firma? La responsabilidad es de los ministros que refrendan lo que el presidente firma.

En este caso el ejecutivo dio instrucciones para un allanamiento parcial, pero según informa el ex ministro Tudela, el abogado del estado no contestó adecuadamente una demanda allanándose a lo plantado por la CIDH, sin el conocimiento del ministro. Aquí tal vez, alguna responsabilidad funcional recae sobre el ministro. Pero el presidente no puede estar informado de las acciones de todos los funcionarios del estado.

Pero, cuando el apasionamiento político ciega, cuando la consigna partidaria prima, cuando las ambiciones por mantener el poder en el futuro inmediato ensordece y no dejan escuchar voces que invitan a la reflexión, entonces no importan los medios y se cometen tropelías que lindan con lo absurdo.

Es evidente y grotesco el objetivo del partido de gobierno de enlodar a como de lugar al ex presidente Toledo, plan orquestado desde Palacio de Gobierno para librarse de un rival en las elecciones generales del 2011.

Velásquez Quesquén, argumenta también que no se había agotado la vía interna en el Poder Judicial peruano, pero olvida que el asunto tenía ya catorce años, tiempo mas que suficiente para que el PJ peruano se hubiera pronunciado, la mayoría de los cuales la justicia nacional estaba en entredicho por el régimen autoritario de Fujimori. En estos casos la CIDH asume que no había voluntad de sanción y solución al problema planteado, por lo cual procede tal como ha procedido en la sentencia vituperada por palacio de gobierno.

Por otra parte, los parlamentarios apristas saben que el allanamiento del gobierno peruano ante la CIDH por la masacre de los penales ocurrido durante el gobierno de Alberto Fujimori, no tiene implicancia penal para Toledo. Lo que se busca es inhabilitarlo políticamente, para librarse de un rival que tal vez ellos ven como peligroso.

Ese y no otro, es el objetivo mezquino del partido de la estrella, es por eso que han ideado la acusación constitucional contra el ex presidente Alejandro Toledo. Por lo pronto se ha aceptado la denuncia por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, acusación liderada por el APRA. Claro que en el camino arrastran a los ex ministros Tudela Y Marciano Rengifo, de Justicia y Defensa respectivamente; pero el objetivo no son los ex ministros, sino el jefe de la chacana; Alejandro Toledo. Por eso tratan de encontrarle tres pies al gato en la sentencia de la CIDH. ¿O es que también están haciendo la camita para salirnos de la parte contenciosa de la CIDH, por temor a futuras sentencias de este organismo supranacional, que tiene que ver con temas ocurridos en el primer gobierno de García como el de Saúl Cantoral?

En Todo caso, conforme informara el ex premier del gobierno toledista, Carlos Ferrero, igual medicina que piensan aplicarle a Toledo, los parlamentarios apristas van a tener que aplicarle la misma receta al actual presidente.

Según explica Ferrero "En la misma época referida a Castro Castro salió una sentencia referida a La Cantuta y el país no sabe que en La Cantuta el Gobierno peruano hizo reconocimiento parcial de responsabilidad".

Como se recordará, el caso de la universidad La Cantuta es por asesinato de nueve estudiantes y un profesor, crimen perpetrado por el Grupo Colina en 1992, también durante el gobierno fujimorista.

El fallo por el caso de La Cantuta fue emitido el 29 de noviembre de 2006, durante el actual gobierno, y dispone el pago de indemnizaciones de entre US$ 20 mil a US$ 60 mil a favor de los padres, hermanos y tíos de las víctimas. Asimismo, exigió que el Estado reconozca públicamente los delitos cometidos. Similares sentencias, que las que ahora se escandaliza el propio Alan García y su pléyade de coro monocorde en el Congreso.

Continúa diciendo Ferrero, que si bien en ambos casos el allanamiento parcial se hizo durante el gobierno de Toledo, en la audiencia de la Corte Interamericana sobre La Cantuta realizada el 29 de setiembre de 2006, cuando Alan García tenía dos meses en el poder, el agente peruano Arturo Bazán Chacón, designado por el Gobierno, dijo que "el Estado peruano lamenta profundamente la suerte que corrieron este grupo de peruanos, nueve estudiantes y un profesor, y, al reiterar su pesar por el dolor causado a sus familias, también desea ratificar su compromiso de cumplir con sus obligaciones internacionales".

Un mes después, el 29 de octubre de ese año, durante la presentación de los alegatos finales en la vista de la causa por el caso de La Cantuta, Bazán reiteró "que tales hechos y omisiones constituyen hechos ilícitos internacionales que generan responsabilidad internacional del Estado (peruano). Constituyen delitos según el derecho interno y son crímenes internacionales que el Estado debe perseguir".

Si el Apra no estaba de acuerdo con el allanamiento, como lo ha hecho saber con las críticas y la acusación contra Toledo, no se entiende por qué el gobierno aprista no presentó ninguna objeción y, en cambio, reconoció la responsabilidad del Estado peruano, aunque dicho reconocimiento se haya circunscrito únicamente a las violaciones cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

¿Qué dirán ahora los compañeritos?....Resulta que si quieren tumbarse al “cholo” Toledo, en realidad lo están inflando para el 2011 y el tiro les puede salir por la culata a Velásquez Quequén , Múlder y compañía. Toledo puede argumentar ante el mundo que el gobierno lo ataca paradójicamente por defender los derechos humanos.

¿Cuándo aprenderemos a convivir en democracia y desterrar esas sórdidas prácticas de canibalismo político?

Vínculo