La satanización de la ley que pretende fiscalizar las ONG’s

Realmente es sorprendente como algunos medios como El Comercio, Perú 21, La República, entre otros, pintan un panorama apocalíptico en su cerrada defensa a las ONG’s, tratando de arrinconar al gobierno para que no promulgue la ley que pretende fiscalizar la labor de estas instituciones . Según estos medios, un poco mas y vivimos en las garras de un satrapía, de una dictadura que comete tropelía y media en nuestro país.

Sólo por citar al medio mas importante, ayer por ejemplo El Comercio, puso en su portada un análisis de parte, efectuada por el constitucionalista Javier de Belaunde, con un titular destacado PROYECTO CONTRA ONG VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES y enumera lo que según quieren hacer creer, la “siniestra” ley violenta:

· Libertad de asociación.
· Libertad de contratación.
· Secreto de las comunicaciones
· Derecho a la participación.
· Derecho a la propiedad privada.
· Principio de proporcionalidad.
· Principio de subsidiariedad horizontal
· Principio del derecho sancionador.
· Derecho a la igualdad.

Es entendible que quienes se sienten amenazados, entre ellos varios periodistas y directores de medios, se defiendan y usen su poder para lograr que el statu quo siga igual porque no quieren rendir cuentas de los fondos que captan.

Si por ejemplo un gobierno municipal, regional o el gobierno central quiere ordenar el caótico estado de informalidad de los transportistas, estos van a zapatear y efectuar medidas de fuerza como hemos visto en el pasado, con paralizaciones y argumentos que van desde el atentado contra su derecho al trabajo, hasta el abuso de autoridad.

De igual forma quienes tienen el poder de crear corrientes de opinión aprovechen ese privilegio para denostar de una ley como la aprobada en el Congreso que busca un manejo transparente de los recursos que captan las ONG y a que a nuestro parecer es inocua.

Asimismo en su editorial de ayer El Comercio dice estar a favor de la rendición de cuentas pero sin censuras, y piden al presidente García que observe la ley, y así terminar con una innecesaria confrontación. Por favor en que parte de la ley se habla de censuras; y no es esta, una vedada amenaza para amedrentar al gobierno?.

Con relación a los supuestos derechos fundamentales violados, el jurista se quedó corto, porque cualquier derecho fundamental de los ciudadanos puede ser interpretado que es susceptible de ser violentado, cuando se quiere forzar desde esa óptica interesada. Toda norma legal regula una determinada actividad humana y podría interpretarse que es atentatoria o restrictiva de algún derecho. Si queremos realizar una manifestación en la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno y hay una ordenaza municipal que prohibe dicha acción, se podría argumentar que se está atentando contra el derecho de reunión.

Podríamos poner muchos ejemplos para refutar cada uno de los argumentos supuestamente violados por la norma aprobada en el Congreso, pero nos referiremos a los mas ilustrativos para demostrar que todos somos pasibles de la fiscalización, que es el meollo del asunto de este zapateo mediático.

Una empresa, por ejemplo es libre de contratar con quien le parezca, asociarse con quien quiera y efectuar todas las acciones que su constitución social permita. La Sunat, el órgano encargado de fiscalizarlo, revisará que mensualmente esa empresa cumpla con remitir la información de su ejercicio comercial y supervisar que cumpla con pagar sus tributos.

En alguna oportunidad el ente fiscalizador le comunicará a los directivos de la empresa que le presenten todos los comprobantes que sustenten si lo que ha declarado se ajusta a la realidad. Si todo está en regla, todos felices, todos contentos y aquí no pasó nada. Pero si el ente fiscalizador encuentra irregularidades como una doble facturación, subvaluaciones y otras faltas, entonces le impondrá las multas que de acuerdo a un reglamento ya establecido, se haga acreedor.

Ahora la libertad de contratar con quien quiera es relativa, porque si su empresa contrata con alguien que trafica con drogas y usa sus instalaciones para exportar esos estupefacientes entonces la empresa será intervenida y tendrá todos los problemas legales que se derivan de dichos ilícitos penales.

Si la situación lo amerita, las autoridades pueden solicitar el levantamiento del secreto bancario, la intervención de sus comunicaciones, y otras medidas todo dentro del cauce que las leyes permitan.

Si una empresa debe pasar todo esto, porque no podría hacerlo una ONG. Si una empresa llegado el caso tiene que presentar todas sus facturas para la supervisión de la Sunat, porque no podría hacerse algo similar con las ONG ( los documentos sustentatorios de sus aportantes, a quienes se está ayudando, etc.) , si como manifiestan hay el derecho a la igualdad. ¿Porqué es bueno la fiscalización para las empresas y malo para las ONG?... Lo que pasa es que es mejor el “dejar hacer, dejar pasar” y que continúe el statu quo imperante.

Así como hay empresas y empresarios buenos, también los hay de los otros. De igual modo, así como hay ONG buenas hay de las otras. ¡Quién actué dentro de la ley no tiene porque sentirse amenazado!.

En todo caso así como hay empresas que pueden argumentar que se están vulnerando sus derechos por alguna acción de los entes encargados de la supervisión en su ámbito de acción (municipalidad, Sunat, etc), de igual forma una ONG que indebidamente se sienta amenazada en el futuro, puede acudir a los organismos que la constitución y las leyes consideran.

¿Por qué es necesario la supervisión de las ONG?... Por algo muy simple. Nuestro país ha sido víctima del terrorismo y no podemos dejar que ese cáncer resurja. Nuestra democracia no puede ser estúpida y dejar que ese potencial peligro nos aceche nuevamente, por la defensa de intereses particulares.

Es ilustrativo la opinión del embajador del embajador de Colombia en el Perú ( por si acaso no es fujomorista, aprista, ni tantas sandeces que se han dicho para despotricar de la ley) en entrevista de Milagros Rumiche publicado en el diario “Correo” y que hemos extractado para Uds:

En la siguiente entrevista, el embajador de Colombia en Lima, Álvaro Pava, relata a Correo lo que sucedió con una Ong danesa que financió a la guerrilla de las FARC.

Correo: ¿Cuál fue la experiencia que vivió Colombia con las ONG?

Álvaro Pava: Hubo el caso particular con la ONG de Dinamarca llamada Rebelión. Nosotros la censuramos porque facilitó acciones a una guerrilla que le trajo mucho dolor a nuestro pueblo. No entendemos cómo unos narcotraficantes pueden ser auxiliados en alguna medida por cualquier organización del mundo.

C: ¿Piensa usted que debe supervisarse la labor de las ONG?

AP: Sí, porque quienes aportan los fondos para las ONG nunca podrían imaginar que su dinero va a parar a apoyar acciones que podrían causar muerte, como nos ha pasado en Colombia.

C: En Perú hay gran polémica por la aprobación de una norma sobre ONG, ¿cuál es su percepción?

AP: A mí me parece que el Estado sí debe regular, porque los fondos no pueden tener un destino indiscriminado.

C: ¿Eso no se puede considerar como presión?

AP: Para nada. La cooperación internacional no puede ser manejada sin ningún control, porque puede ocurrir lo que pasó en algunos casos cuando los fondos fueron destinados a financiar el terrorismo.

¡Señores mas claro no canta el gallo!

¿Qué pasará con la ley de supervisión de las ONG?
Creemos que este gobierno padece del síndrome del “Futuro Diferente” ( Slogan de campaña con que el APRA ganó las elecciones 85-90) y Alan García vive con el complejo de los recuerdos de su mala gestión de entonces, por lo que acabará cediendo ante las presiones de los medios.

No creemos que tenga el coraje de enfrentarse al poder de una prensa adversa, que juega su propio partido en este caso, y tenga como en el caso de Toledo, una prensa como dice el Comercio “confrontada innecesariamente”.

Total...¡Ver para creer!