Denuncian penalmente a los "chuponeadores"

Sobre el escandaloso caso del chuponeo telefónico esta noche el fiscal Walter Milla formalizó la denuncia penal contra los seis trabajadores de la empresa Business Track. Así lo anunció la fiscal de la Nación Gladys Echaíz, en conferencia de prensa (BTR), por la interceptación telefónica del sonado caso “petroaudios”.

Según el portal de La República on line, la denuncia indica al capitán de navío en retiro Elías Manuel Ponce Feijóo, presunto jefe de la red espía, Giselle Giannotti Grados, presunta encargada de vender los 'petroaudios', el capitán de navío en retiro Carlos Tomasio de Lambarri, el suboficial en retiro Jesús Tirado y los suboficiales Jesús Ojeda Angles y Martín Fernández Virhuez.

Alberto Oswaldo Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza, trabajadores del Service Cobra de la empresa Telefónica, también son incluidos en la denuncia penal por espionaje telefónico y asociación ilícita para delinquir.

Asimismo la edición impresa de La República publica un amplio informe donde da cuenta que la empresa Business Track espiaba a políticos.

A continuación extractamos el citado artículo:
Todos los cálculos quedaron cortos. No solo hubo espionaje empresarial. La organización criminal que encabezó el capitán de navío (r) Elías Ponce Feijóo también se dedicó al espionaje político y alcanzó a ministros, congresistas, diplomáticos y funcionarios gubernamentales.

Los “petroaudios”, las grabaciones de las conversaciones de los involucrados en el caso de la concesión de los lotes petroleros a favor de la empresa noruega Discover Petroleum, son solo una pequeña parte del resultado de una práctica sistemática de espionaje telefónico cuya vastedad todavía es imposible de medir, indicaron a La República fuentes vinculadas con el caso.
El material encontrado en poder de los “chuponeadores” de la compañía de Ponce, “Business Track” (BTR), reveló que estos atacaron las líneas telefónicas y grabaron las conversaciones privadas de al menos 30 personas.

Y la lista puede crecer considerablemente porque el equipo mixto del Ministerio Público y de la Dirección Antidrogas (Dirandro) solo ha conseguido verificar el contenido de una parte de los archivos digitales incautados y aún le queda por identificar las voces de varias personas espiadas. “No fue posible citar a todas las personas para que corroboraran si su voz era la que se escuchaba en los audios. Esa parte suponemos que se verá durante la instrucción judicial”, precisaron las fuentes.

Faltó tiempo

“Estamos hablando de un vasto espionaje”, añadieron las fuentes con acceso a las investigaciones: “Las personas grabadas en los llamados ‘petroaudios’ representan quizás menos del 10 por ciento del total de víctimas del espionaje telefónico. Nos ha faltado tiempo para reconocer las voces de todos los espiados”.

Por esta razón, el Ministerio Público denunciará a Elías Ponce y a sus cinco subordinados (Carlos Tomasio De Lambarri, Giselle Giannotti Grados, Jesús Ojeda Angles, Jesús Tirado Seguín y Martín Fernández Vírhuez) solamente en agravio de Rómulo León Alegría y Alberto Químper Herrera. Y también de Alfredo Marcos Ortega, el ex ministro Remigio Morales Bermúdez, los empresarios José Revilla López –de la compañía cementera “Otorongo”–, y Elizabeth Schwarz de Acha, y del conocido estudio de abogados García Sayán.

El proceso de identificación de los “chuponeados” no pudo avanzar con la velocidad que deseaba el equipo de investigadores, a pesar de que el juez Edwin Yalico Contreras autorizó el levantamiento del secreto de comunicaciones de varias personas. El tiempo jugó siempre en contra.

A pedido del cliente

El equipo a su vez ha establecido que “Business Track” también se filtraba en los correos electrónicos de sus víctimas para obtener copias de sus mensajes. En poder de algunos de los detenidos había abundante información obtenida de los mensajes electrónicos que sustrajeron de los servidores de las computadoras personales de los espiados. Ponce y sus cómplices se han negado a informar quiénes pagaban por este tipo de servicio de espionaje particular.

Las operaciones de espionaje se registraron entre el 1º de febrero del 2008 y el 7 de enero del 2009, es decir, hasta unas horas antes de que el equipo especial de la Dirandro detuviera simultáneamente a seis integrantes de “Business Track”, señalaron las fuentes.

En ese periodo fueron “chuponeados” los ministros de Salud, Hernán Garrido Lecca, y de Defensa, Ántero Flores Aráoz. También los embajadores Javier Pérez de Cuéllar y Allan Wagner Tizón, representante del Perú ante La Haya en el caso de la demanda contra Chile, el secretario del presidente, Luis Nava Guibert, y la congresista Luciana León Romero, hija de Rómulo León Alegría.

También aparecen el ex ministro Pedro Pablo Kuczynski, su ex jefa de gabinete de asesores Cecilia Blume Cillóniz, y el ex presidente de la Confiep José Miguel Morales Dasso. Y el ex ministro aprista Abel Salinas Izaguirre.

“En algunos casos, se han reconocido las voces, pero no se ha podido desgrabar el contenido. En otros, se conocía a un interlocutor pero no al otro. Pero se avanzó lo debido como para obtener suficiente evidencia incriminatoria contra la organización criminal que utilizaba como fachada la compañía ‘Business Track’. La denuncia fiscal será solo la punta del iceberg”, explicaron las fuentes.

Persiguen a otros espías

La fiscalía ha requerido la búsqueda y detención de Pablo Martell Espinoza y Alberto Salas Cortez, identificados como los técnicos en telefonía que a pedido de los agentes de la Dirección de Inteligencia de la Marina (Dintemar) Martín Fernández y Jesús Ojeda “pincharon” las líneas telefónicas de las víctimas de “Business Track”.

La captura de Martell y Salas es de suma importancia para establecer si otras compañías de seguridad como “Business Track” requerían de sus “servicios” de pinchados de líneas telefónicas fijas.

Ambos fueron citados en varias oportunidades y no se presentaron, de manera que se encuentran en calidad de no habidos.
Estas personas, que laboran en una empresa “service” de Telefónica, recibían un listado de los números que los “chuponeadores” necesitaban espiar. Extendían una línea paralela que terminaba en un vivienda alquilada por la organización donde se procedía a la grabación de las conversaciones.

Dinero y poder

“Durante casi once meses ‘Business Track’ se dedicó a espiar las comunicaciones por teléfono y por correo electrónico de numerosas personas, entre políticos y empresarios, principalmente, lo que implica la disponibilidad de una importante infraestructura y financiamiento.”, señalaron las fuentes consultadas: “Por un lado, significa que esa compañía contaba con clientes muy importantes y con capacidad de presupuesto. Y en segundo lugar, surge la pregunta: ¿cómo una organización de este tipo pudo actuar con completa tranquilidad durante casi un año, si no es mucho más tiempo?”.

La denuncia fiscal enfatizará particularmente el caso de los “petroaudios”, a sus autores y a sus víctimas. “Lamentablemente, hubo mucha presión por no salirnos de ese ámbito. Se supone que la investigación continuará al menos para identificar a los financistas de las operaciones de espionaje”, apuntaron las fuentes relacionadas con las investigaciones.

Durante las pesquisas no se ha establecido que los denunciados hayan utilizado equipos de interceptación telefónica a la Dirección de Inteligencia de la Marina. Ni en el atestado de la Dirandro ni en la denuncia fiscal habría referencias a la existencia de dicha infraestructura.

“Hasta el término del plazo para las investigaciones solo se ha podido determinar que se utilizó el método del ‘pinchado’ de líneas fijas y no la grabación de conversaciones por teléfonos celulares”, señalaron las fuentes consultadas por La República: “La sensación de quienes participaron en la investigación es que solo se han topado con la punta del iceberg”.

Procurador pide mano dura para marinos

El procurador especial anticorrupción Jorge Luis Caldas Malpica solicitó a la fiscalía que también investigue y denuncie por delito de peculado a los suboficiales de la Marina de Guerra del Perú implicados en el chuponeo telefónico y de correos electrónicos.
Caldas Malpica anota que existen una serie de evidencias que demuestran que dichos suboficiales y otros que se debe investigar estarían utilizando equipos de la Marina de Guerra para actividades ilícitas, afectando los bienes del Estado.

Agrega que durante las investigaciones que realiza el fiscal Walter Milla se intervinieron dos inmuebles, uno en la cuadra 20 de la avenida Salaverry, Lince, y el otro en la cuadra 2 de la avenida Santa Cruz, San Isidro, propiedad de la Marina donde se habrían realizado actividades de interceptación telefónica clandestina.

Igualmente, el procurador pide tener en cuenta las declaraciones del capitán de corbeta en retiro Carlos Barba Daza, quien manifestó a La República que fue separado de la Marina de Guerra luego que inició un investigación con el detector de mentiras que empezó a revelar que había personal que hacía uso de los bienes de la institución en beneficio propio.

El procurador Caldas enfatizó que esta investigación debe hacerse extensiva a todo el personal que labora en inteligencia en la Marina. (César Romero).

Quedan muchos por identificar

Entre otros espiados se encuentran la representante de Discover Petroleum, Lilly LeMasters, y Carlos Motte Piccone, amigo de Rómulo León. Motte fue quien prestó su empresa, “Soclar”, a Fortunato Canaán para iniciar sus actividades en Perú.

También la directiva de Petro Tech Rosie Gadea Benavides, y los empresarios Luis Duilio de Santis, Luis Ortiz de Zevallos, Miguel Ángel Salino, Roberto Paredes Chirinos, Eduardo Hoschild Beeck, José Revilla López y Rosie Gadea, adjunta al presidente ejecutivo de la compañía Petro Tech.

Entre otras personas “chuponeadas por la mafia de Elías Ponce que aún no han sido plenamente identificadas se encuentran Cecilia Arizaga Forno. Germán G. Reátegui, Mónica Patricia Ortiz, Godofredo Sinchi Mayorca, Enrique Núñez, Peter Ramsey Gálvez.

Fuente

Vínculo