A propósito del descabellado asunto de la acusación constitucional del APRA contra el ex presidente Toledo, por el allanamiento del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la exacerbación de las masas populares por parte del presidente García pidiendo pena de muerte para terroristas y violadores de niños, cuando ya el congreso archivó el pedido presidencial referente a la pena de muerte para casos de terrorismo agravado, no denota otra cosa que un encaprichamiento y demagogia por parte del primer mandatario de la nación, para impresionar a las masas y llevar agua para su molino (conseguir réditos políticos) con estos sensibles asuntos para la población.

Alan García (en foto de archivo con la paloma de la paz) le hace la guerra a Toledo. Sus escuderos han enfilado baterías contra el ex presidente Toledo. Lo acusan de no defender bien los intereses del estado. A este paso mañana también se podría acusar a García por no defender bien los intereses del país en varios temas: Los impuestos a las sobre ganacias mineras, la renta básica, etc.

Si bien es cierto que la población en un 80% o quizás más, piden la pena de muerte para estos casos, también lo es que jurídicamente es inviable tales propósitos, por razones harto expuestas por expertos juristas y que ya antes hemos tratado. Es por eso que al congreso no le quedó otra cosa que archivar el proyecto enviado por el ejecutivo sobre la pena de muerte para terroristas, derrota política que el presidente no quiere asimilar y por el contrario insiste en el tema, planteando un referéndum para que sea la población quien apruebe tal desaguisado.

Lejos de poner paños tibios al asunto, como vemos que si trata de hacer su primer ministro, el presidente enciende la hoguera con su verbo desbocado, queriendo hacer ver a la población que él es el bueno y los otros (congreso) son los malos de la película, que no escuchan el clamor popular sobre la pena de muerte, buscando una polarización de la ciudadanía sobre el controvertido tema.

Como han señalado algunos políticos opositores se está poniendo nuevamente de manifiesto el carácter autoritario y avasallante presidencial que caracterizaba su primer gobierno, donde siempre creía que “su palabra es la ley” acorde a la popular canción El Rey que siempre gustaba cantar.

Parafraseando la citada canción, tal vez el presidente crea que “sigue siendo el rey” y que el congreso es una simple mesa de partes que debe dar trámite a las “brillantes” iniciativas del ejecutivo, sin dudas ni murmuraciones y aprobarlas prontamente sin mayor análisis ni discusión.

Lo que está haciendo el presidente García es pura demagogia, porqué sabe que insistir en el tema de la pena de muerte solo sería posible forzando (léase violando) la constitución que prohíbe someter a referéndum temas que puedan conculcar derechos humanos, como el derecho fundamental a la vida de las personas. Salvo que se pretenda hacer una “interpretación autentica” como se hacía en la dictadura fujimontesinista.

Tampoco cuenta con los votos necesarios en el congreso nacional para someter el pedido de referéndum en el congreso. Entonces porqué el presidente quiere encrespar las aguas relativamente mansas con caprichos que por el contrario denotan atisbos autoritarios y una peligrosa polarización que podría desencadenar conflictos sociales. ¿Quiere el presidente generar marchas al congreso de masas enardecidas pidiendo la pena capital?.....Cuidado que quien siembra vientos, cosecha tempestades. Mañana esas mismas masas pueden salir hacia palacio para gritar por cualquier otra promesa electoral que el presidente haya incumplido. Y por lo pronto hay varias, que la oposición responsable, no hace cuestión de estado inflando el tema ( impuesto a las sobre ganancias mineras, eliminación de la renta básica, los services, libre desafiliación de las AFP, etc).

Pero lo realmente ridículo es que con el cuento del allanamiento ante la CIDH, lo que realmente se quiere es allanar el camino de las posibilidades apristas para los comicios del 2011, eliminando a un potencial candidato como el ex presidente Alejandro Toledo, para lo cual se ha presentado una acusación constitucional.

Sin embargo Alan García no dice una sola palabra sobre el real causante del problema ante la CIDH, que es Alberto Fujimori, en cuyo gobierno se suscitaron los problemas de la masacre de los presos acusados por terrorismo en el penal Castro Castro, donde se ejecutó a cabecillas terroristas ya rendidos.
Velásquez Quequén el traductor de los

humores de Palacio de Gobierno presentó

la acusación constitucional contra Toledo

Claro que el fallo de la CIDH es irritante, porqué obliga a una indemnización a los deudos de los terroristas y a rendirles homenaje, pero también hay que tener en cuenta que no todos los reclusos caídos en la refriega eran terroristas, sino que era difícil defenderse en una dictadura para demostrar su inocencia. Por eso que ya en democracia, se tuvo que liberar a muchos acusados injustamente de ser terroristas. Se cometieron muchos abusos contra campesinos en la guerra contra la subversión.

Para muestra, un botón. Si en democracia se cometen errores, como el caso reciente donde se capturó y acusó de terroristas a humildes campesinos señalándolos de haber asesinado policías, que el propio García tuvo que admitir que no eran tales, (abogando por su libertad mientras se dilucida su responsabilidad por la tenencia de algunas armas), hay que imaginar lo que les hubiera pasado a los citados campesinos en épocas de Fujimori.

Para alguien como Alan García, que se ha beneficiado en su momento con una resolución de la CIDH, cuando Fujimori no le cancelaba su sueldo como ex presidente, resulta anecdótico los globos de ensayo lanzados por sus escuderos Velásquez Quesquén y Mauricio Mulder, quienes después de coordinar con palacio de gobierno, salieron con las peregrinas tesis de salirnos de la comisión contenciosa de la CIDH, o de no acatar el fallo. Al ver el rechazo que tales planteamientos generaban, enfilaron sus baterías contra Toledo y dos de sus ministros.

Cuando el apasionamiento político obnubila la razón, surgen planteamientos sesgados que no les permite ver que inhabilitar a Toledo por el allanamiento parcial ante la CIDH, no hará mas que levantar políticamente al ex presidente, quien puede pasearse por el mundo argumentando que es víctima de una persecución política por defender los derechos humanos, y que por el contrario Alan García si tiene las manos manchadas de sangre por el caso de los penales Frontón y Lurigancho, y ni que hablar de Fujimori, por lo cual apristas y sus aliados fujimoristas quieran lincharlo políticamente.

Si eso sucede, no sería de extrañar ver nuevamente a Toledo en Palacio de gobierno, porque una sentencia de la CIDH le restituiría sus derechos conculcados con lo cual podría tentar nuevamente la presidencia, y con muchas posibilidades de éxito, precisamente por eso que ahora se le ataca.

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