El Congreso de la República acordó por mayoría enviar al archivo el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que proponía restablecer la pena de muerte para sancionar las formas agravadas del delito de terrorismo, al cabo de un debate que se prolongó por poco más de tres horas, bajo la conducción de su presidenta, Mercedes Cabanillas Bustamante.

En el curso de una jornada legislativa que se inició a las 10 y 5 de la mañana de ayer miércoles 10 de Enero del 2006 y concluyó a las 10 y 15 de la noche, con un intervalo de cuatro horas, la Representación Nacional sancionó, además, tres proyectos de ley y tres resoluciones legislativas, derogó cinco decretos de urgencia emitidos el año pasado por el Ejecutivo, y exoneró de segunda votación a un proyecto de ley aprobado seis días antes por la Comisión Permanente.

PERDIÓ ALAN. La pena de muerte para los casos de terrorismo fue la reacción del presidente Alan García ante la emboscada senderista en Machente.

Pena de muerte al archivo
Al poner el tema en debate, la doctora Cabanillas Bustamante, destacó la importancia del mismo, pues permitía demostrarle al país que el Congreso de la República no estaba de espaldas al debate de las ideas.

Las discusiones se iniciaron a las 7 y 7 minutos de la noche, con la exposición del presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Raúl Castro Stagnaro (UN), quien anunció que su grupo legislativo estaba elaborando un dictamen sobre la propuesta, a despecho de que la Junta de Portavoces lo había exonerado del dictamen respectivo.

Castro Stagnaro explicó los alcances del proyecto del Ejecutivo, pero personalmente se declaró contrario a la inclusión de la pena punitiva en el Código Penal, porque acarrearía, dijo, la condena internacional contra nuestro país.

El siguiente orador fue el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Aurelio Pastor Valdivieso (PAP), quien argumentó a favor de la propuesta porque se trataba de interpretar el artículo 140 de la Constitución Política, y consideró viable la iniciativa porque no era de aplicación inmediata y era una facultad propia de un Estado independiente la de incluir la pena máxima en su legislación interna.

Citó frases del constitucionalista Ortiz de Zevallos, quien hace algunos años argumentó que cuando la Constitución autoriza la aplicación de la pena de muerte en casos de guerra exterior, ésta debe entenderse como una guerra de carácter internacional.

Explicó que por guerra externa debía entender también la guerra interna, en la que en una de las partes participan agentes extranjeros, con ideologías extranjeras y con apoyo logístico y económico del extranjero.

El tercer orador fue el congresista Javier Valle Riestra (PAP), quien en una aplaudida intervención y “en nombre de mi patriotismo revolucionario, de mi espíritu y convicciones apristas, y en nombre de los mártires apristas”, planteó, como cuestión previa, que la propuesta legislativa fuera derivada a la Comisión de Constitución para que lo debatiera y emitiera un dictamen sesudo, que recogiese la opinión de los entendidos en la materia.

Explicó, además, que la Convención de San José impide que un Estado pueda incluir la pena de pena si ésta no estaba considerada en su legislación interna a la fecha de la suscripción del acuerdo; y si la consideraba, tampoco podía ampliarla a otras causales.

En el debate, participaron también los congresistas Carlos Bruce (AP), quien afirmó que quien mata es un salvaje, y “el Estado no puede convertirse en salvaje para combatir el salvajismo”; e Hilaria Supa (NUPP) quien demandó no derramar sangre en nuestro país.

El congresista aprista Javier Valle Riestra tuvo una brillante y aplaudida intervención explicando la inconveniencia de la aplicación de la pena de muerte a los terroristas. "Yo no soy el más importante de los apristas, pero tengo 60 años de aprismo y me siento obligado a intervenir para que no se diga que claudiqué con el silencio", dijo Valle Riestra.

“Queremos paz y desarrollo y no hablar de pena de muerte cuando nuestro pueblo se muere de hambre”, exclamó.Lo propio hicieron luego una quincena de oradores, entre ellos Rafael Yamashiro (UN); Alejandro Rebaza (PAP)y Carlos Raffo (GPF), quien en representación de su bancada se pronunció a favor de defender la vida de todos los peruanos, aunque para ello se hiciera necesario aplicar la pena de muerte.

Lo propio hicieron los congresistas Aldo Estrada, Yaneth Cajahuanca, Oswaldo Luízar, Karina Beteta e Isaac Mekler (NUPP); así como Nidia Vílchez y Luis Falla Lamadrid, ambos del PAP, la primera para respaldar la propuesta, y el segundo, para pronunciarse en contra y declarar que, como aprista que era, estaba en desacuerdo con el proyecto enviado por su partido.

Al final del prolongado debate, la propuesta de su envío al archivo fue respaldada con el voto de 49 congresistas, en tanto que 26 lo hicieron en contra; a la vez que una reconsideración fue rechazada con 48 votos en contra y 28 a favor.
En ninguna de las dos consultas hubo abstenciones.

Fuente: Portal del Congreso de la República

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