El Premier “bombero”

Previsión y principio de autoridad.
Primero fue Combayo en Cajamarca, donde la población bloqueó las carreteras y el Presidente del consejo de Ministros tuvo que acudir para solucionar in situ el problema que sostenían con la minera Yanacocha, luego el problema de la huelga de los trabajadores portuarios, donde los estibadores del primer puerto del país tomaron sus instalaciones y el gobierno con el premier a la cabeza tuvo nuevamente que “apagar el incendio” solucionando recién ayer el conflicto, luego de seis días de paralización que han significado perdidas por trescientos millones de dólares.

Hoy día del Castillo debe reunirse con la delegación encabezada por la presidenta regional de Moquegua para solucionar el problema donde la población moqueguana pide se fije una compensación económica por los daños al medio ambiente que habría ocasionado la refinería de cobre de Southern Peru Cooper Corporation en la provincia de Ilo.

La formula es simple: toma una carretera o línea férrea (todavía no hemos tenido la toma de un aeropuerto en este gobierno), toma las instalaciones y paraliza una actividad productiva, inmoviliza una ciudad o región y ganarás una comisión negociadora con el premier a la cabeza….. Ah , porque sino está el premier, cualquier otra comisión no sirve, ya que a criterio de los disconformes revoltosos no tendría el poder de decisión suficiente.

Los trabajadores o la población de las zonas en conflicto ya han tomado el pulso al gobierno y la receta parece funcionarles y la continuarán aplicando mientras el gobierno se muestre débil para hacer cumplir la ley.

El gobierno parece que por la proximidad de las elecciones municipales y regionales no quiere hacerse problemas con sectores de la población y no esta interviniendo sino hasta después de estallado el conflicto. No se está haciendo prevalecer el principio de autoridad para preservar el orden y seguridad internas, con lo cual se perjudica a empresas, personas, al fisco y al pueblo peruano en general.

Nadie niega el derecho a la huelga de los trabajadores y los reclamos por muy justos que sean, no pueden significar el atropello a los derechos de otras personas y empresas. En el caso de la huelga de los trabajadores portuarios, el gobierno con su inacción permitió la toma de las instalaciones portuarias y la perdidas de exportaciones de perecibles como espárragos frescos que según parece se ha tenido que rematar en el mercado local.

¿Quién resarce las perdidas ocasionados a estos empresarios?... Si bien las cargas viajan aseguradas, muchas veces las compañías de seguros se niegan a pagar cuando hay conflictos que son catalogadas como conmoción social. Además se incumple cronogramas de entrega, que en el mundo competitivo y globalizado de hoy puede significar la perdida de un cliente o un mercado. Asimismo se pierden tributos que el estado deja de percibir por estas acciones de fuerza.


Otra hubiera sido la situación, si se hubiera actuado como en anteriores conflictos de los mismos trabajadores portuarios, cuando se autorizó la intervención de la policía nacional para que con miembros de la marina se pueda permitir la operación parcial del puerto del Callao y solucionar la emergencia, mientras se negociaba con los gremios en huelga.

Con relación a las protestas antes mencionadas es pertinente extractar lo que mencionamos en articulo publicado el 31 de agosto del 2006, donde sobre los problemas en Cajamarca decíamos:
La practica perniciosa de toma de carreteras por muy justos que sean los reclamos que “sustentan” dichas acciones, aíslan zonas enteras y afectan a todos en general, a las empresas que no pueden producir, a la población nacional o extranjera que no puede movilizarse, a los productores agropecuarios que no pueden sacar sus productos a los mercados, a personas enfermas que necesitan atención urgente en hospitales de las grandes ciudades, afecta al turismo en las zonas que viven de esa actividad, afecta a las propias regiones donde se producen los desmanes porque que dejan de percibir impuestos y finalmente al país porque se deteriora su imagen internacional.

Si el Perú desea ser considerado como país con grado de inversión, calificación que ahora poseen países como Chile y México en Latinoamérica, debe combatirse esa forma de protestas con tomas de carreteras, porque se aumenta nuestro riesgo país para atraer nuevas inversiones, tan necesarias en la lucha efectiva contra la pobreza y que son las que crean las fuentes de trabajo que la población reclama.

Si la población percibe el temor del gobierno ante esas vedadas formas de protesta y obtiene “comisiones de alto nivel” para negociar sus reclamos, la practica de toma de carreteras se va a continuar dando en el futuro, como fue practica habitual en el anterior gobierno. Después de todo podrían inferir que “el que no llora no mama” y finalmente “alguito” se ganan con sus acciones de fuerza, sobre todo si no hay consecuencias legales por estos irresponsables actos. En todo caso se debe aplicar la ley para sancionar a los promotores de las tomas de carreteras y el gobierno debe afinar los mecanismos burocráticos para tratar de prevenir conflictos futuros que degeneren en acciones vandálicas.

En el caso de Moquegua ha hecho bien el gobierno en no negociar mientras no se desbloqueen las vías, pero mejor sería que el gobierno en el futuro NO NEGOCIE con nadie que tome vías de comunicación, instalaciones aeroportuarias u otras similares, e instruya a los procuradores para sancionar a los responsables de esas medidas ilegales de fuerza.

Es necesaria también las labores de prevención que el gobierno debe desarrollar en el futuro, para evitar nuevos conflictos que pongan de rodillas al ejecutivo, porque si seguimos con la política de apagar “incendios” convertiremos al premier en bombero, que de tanto incendio que tiene que sofocar puede acabar chamuscado.