Ahora los gastos operativos de los otorongos del Congreso son "Reservados"

¿Atentará contra la seguridad nacional saber cuantos pollos y demás anticuchos se come cada parlamentario?
A raíz del escándalo de los gastos operativos del congresista José Anaya, que tiene una dieta suculenta en base a pollos a la brasa; la periodista Rosa María Palacios, en su programa nocturno de canal 4, solicitó días atrás, la relación de los gastos operativos de algunos congresistas. La buena Rosa María supone (y creemos que no se equivoca) que muchos congresistas utilizan los mismos métodos de Anaya para justificar sus gastos operativos.

Este pedido lo hacía amparada en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, que estipula que las entidades de la administración pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ellas.

Haciendo eco de la iniciativa de la conductora de Prensa Libre, algunos bloggers iniciaron una campaña para adoptar a un congresista y solicitar sus respectivos gastos operativos.

Como sabemos bajo la figura de "Gastos Operativos", los otorongos del Congreso han encontrado la forma ideal de embolsicarse jugosos emolumentos, para lo cual sólo deben justificar una fracción de ellos.

Es interesante la campaña iniciada, pero todos intuían que la misma resultaría infructuosa, ya que para no dejar huella, los otorongos parlamentarios también han tenido la brillante idea de que no queden copias de los recibos o facturas de dichos gastos en los archivos del congreso.

Ahora el diario Perú 21 también ha solicitado información los gastos operativos de cinco congresistas, y que le ha sido negada conforme nota que extractamos a continuación:

Gastos operativos de parlamentarios son considerados ahora como “reservados”. Presidente del Congreso solo atinó a responder: “Hablen con el oficial mayor”.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que solo la documentación que contiene información sobre temas de defensa del Estado y la que está incluida dentro de una investigación fiscal o judicial tienen carácter de 'Reservado’.
Basado en dicha norma, el pasado 5 de setiembre, Perú 21 solicitó a la Dirección General de Administración del Congreso las copias de los recibos que justifican los gastos operativos de cinco parlamentarios de diversas tiendas políticas. Ayer, luego de comunicarse vía telefónica con esta oficina para informarles que, pasados los siete días útiles que dispone la norma para contestar, aún el diario no obtenía respuesta, llegó a la redacción del periódico una carta a través de la cual el hoy ex director general de Administración del Parlamento, José Aróstegui Girano, informaba que tal requerimiento había sido rechazado.

CULTURA DEL SECRETO. Luego de que se revelara que el hoy suspendido congresista José Anaya había 'inflado’ varios comprobantes de pago de la pollería Yorlas –presentó boletas con montos de hasta S/.400 diarios– para sustentar los S/.7 mil que se le otorga por gastos operativos, esta solicitud al Parlamento por parte de la prensa era más que esperada. Así, resulta extraño que, pese a que esta documentación tiene carácter público, el Congreso –más precisamente su Oficialía Mayor– se haya amparado en la presunta auditoría que, desde el 15 de agosto, se realiza sobre la rendición de cuentas de los legisladores para negar el pedido.
Dice la Oficialía Mayor, encargada de cumplir lo dispuesto en la Ley N° 27806, que “los informes y acciones de control están sujetos al principio de reserva, por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que podría dificultar la misma”.
Nada más lejos de la verdad. El artículo 10 de la Ley de Transparencia indica que “las entidades de la administración pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ellas (las entidades) o que se encuentre en su posesión o bajo su control”. Solo la información incluida en un proceso de investigación que implique necesariamente sanciones administrativas o penales puede mantenerse bajo llave, precisa la norma.
Una auditoría, por tanto, no cumple con este requisito pues podría concluirse que todo está de acuerdo a ley y, entonces, no habría irregularidad por sancionar, tal como explicó a este diario el contralor Genaro Matute.

MUTIS EN LA PLAZA BOLÍVAR. Al ser consultado, el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, se excusó de responder. “La ley dice que la entidad nombra a un funcionario encargado de dar información, y ese es el Oficial Mayor, así que hable este tema con él, porque yo solo tengo que cumplir la ley, yo no estoy en el detalle. La ley dice que la entidad designa al funcionario encargado de dar la información, ese no soy yo, porque soy presidente del Parlamento”, refirió Velásquez.
Lamentablemente, tras seis infructuosas llamadas, fue imposible comunicarse con José Abanto Verástegui, Oficial Mayor del Legislativo.

Ante el panorama descrito por Perú 21, ¿que hacer entonces?....Quedarnos con los brazos cruzados y ver como una casta privilegiada económicamente continúa con sus gollerías, contribuyendo más a su desprestigio ante la opinión pública nacional.

Como los documentos ya no existen, como es de suponer, va a ser bastante difícil obtener información de los dichosos gastos operativos de los parlamentarios (aunque hay que seguir jod... para presionar). Pero para el futuro inmediato, solicitamos el apoyo de todos los ciudadanos, para que mediante sus firmas, que pueden ser canalizadas a travez de Perú 21, presentar un anteproyecto de ley por iniciativa popular para que sea obligatoria la presentación de los gastos operativos de los congresistas y que queden en los archivos del Congreso las copias respectivas, y porque no, colgarlas del portal de ese poder del estado, en la página de cada parlamentario.

El instrumento de participación ciudadana tiene la gran ventaja de obligar al Congreso a que debata el anteproyecto dentro de los 120 días posteriores a su presentación, y no corra la suerte de las iniciativas legislativas ordinarias que se encuentran esperando turno durante años. De esta forma los ciudadanos estaremos contribuyendo a adecentar la política, y poner en vereda a nuestros mal llamados padres de la patria..

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