El problema de la corrupción

Los recientes sucesos de la adquisición sobre valorada de los patrulleros para la Policía Nacional desnuda uno de los problemas recurrentes en los países latinoamericanos en general y el Perú en particular, que limita sus aspiraciones hacia el desarrollo, porqué consume recursos que podrían destinarse al alivio de la pobreza de nuestras naciones.

Nos referimos a la corrupción (*), un mal casi institucionalizado en nuestra administración pública en los diferentes niveles y que se refleja en el ranking de Transparencia Internacional publicado en Noviembre del 2006, sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que ubica al Perú en un no halagüeño lugar, el puesto número 70 con un magro 3,3 sobre un total de 10 (igual calificación que Brasil y México entre los latinoamericanos) que denota la fragilidad de nuestras instituciones democráticas, lo que supone también una traba para lograr mayor captación de inversiones extranjeras.

El Índice de Percepción de la Corrupción clasifica a los países según el grado de corrupción que se percibe entre los funcionarios y los políticos, a través de encuestas de opinión a expertos realizadas por una gran variedad de instituciones independientes y acreditadas.

En Latinoamérica, sólo Chile que se ubica en el puesto número 20 y es el primero en Latinoamérica (obteniendo el mismo rango de puntuación que Bélgica y Estados Unidos) con una puntuación de 7,3 y Uruguay (puesto 28 con 6,4) son los únicos países latinoamericanos ubicados dentro de los cincuenta primeros lugares.

El Indice de Percepción de la Corrupción 2006 es una amplia encuesta realizada en 163 países y está encabezado por Finlandia, Islandia, Nueva Zelandia, Dinamarca, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Australia y Países Bajos, que vendrían a ser los diez países donde la corrupción brilla casi por su ausencia.

¿Pero, como es posible medir el grado de corrupción en el Perú?. Como su nombre lo indica, Transparencia Internacional refleja una percepción de la corrupción en base a encuestas de empresarios, periodistas, diplomáticos, etc. Sucesos como el escandalo de los patrulleros sobre valorados del Ministerio del Interior contribuye a deteriorar esa percepción.

Asimismo, el diario El Comercio del día de hoy informa que un correo con el nombre de Benedicto Jiménez, el flamante jefe del INPE, delató a policías de caso Zevallos, ahora en prisión y catalogado por la administración norteamericana como uno de los mayores narcotraficantes del mundo. La noticia es preocupante por qué implica al jefe que tiene que ver con la administración de los penales del país.

Es conocido el poder corruptor de Zevallos que compraba a jueces y fiscales para defenderse de las acusaciones que por narcotráfico pendían sobre él. Según las investigaciones del diario, Zevallos utilizaba como pantalla a su empresa de aviación Aerocontinente, lo que le permitía además mantener importantes relaciones con periodistas, policías y políticos. Y cuando sus “relaciones públicas” no funcionaban entonces utilizaba el amedrantamiento. Según declaraciones de sus sicarios llegaba al crimen para deshacerse de sus “problemas”. Varias de las personas que lo denunciaron, sicarios incluidos, ahora están muertos.

Jiménez se defiende y dice que un hombre de inteligencia no puede cometer un error como ese, pero conociendo el accionar de Zevallos no sería de extrañar que se haya valido del “sheriff” para conseguir información clave de los policías que lo estaban investigando y que ahora conocemos por la computadora requisada al capo ahora en prisión, que pudo significar el asesinato de los citados policías.

Dejando de lado el caso de Zevallos que involucra casos de corrupción a todo nivel, y que poco a poco se conocerá conforme se revele mas información que contiene la computadora requisada, volvamos a los sucesos que han significado la renuncia de la ministra del Interior Pilar Mazzetti, bajo cuya gestión se compraron los patrulleros del escándalo.

La propia empresa proveedora de los patrulleros, Gildemeister, ha admitido que despidió a sus funcionarios (gerente general y gerente de finanzas) por corrupción a favor de un tercero, que elevaron el precio de los vehículos.

Pero esa misma empresa ganó una licitación para proveer ambulancias en el Ministerio de Salud, bajo la gestión de Mazzetti, que entonces era la titular de dicho portafolio, ambulancias que salieron falladas y que se le había direccionado las bases de licitación para que solamente ella pudiera suministrar las unidades móviles.

No obstante los problemas con Gildemeister por las ambulancias, la nueva gestión del Ministerio de Salud le ha comprado un nuevo lote de ambulancias, que ha motivado el pronunciamiento del parlamento pidiendo la anulación de todas las licitaciones que ha ganado la compañía chilena Gildemeister.

Por estos días la prensa también denuncia a la Contraloría General de la República, el ente del estado que debe fiscalizar, por que esta institución encargó auditorias a entidades del estado para ser efectuadas aparentemnet por empresas auditoras "fantasmas".

Bueno, dicen que para muestra basta un botón, no tocamos casos como los que continuamente nos ofrecen el poder judicial y el ministerio público con sus sentencias impredecibles, sospechosas acciones de amparo a favor de narcotraficantes y delincuentes de diversa índole, dilatados procesos judiciales, etc. Sólo hemos presentado estos casos para graficar como la corrupción corroe las instituciones del estado y que es necesario que se denuncie y el gobierno tome las acciones correctivas necesarias para limpiar las instituciones públicas.

No queremos decir que los ministros involucrados en los casos señalados sean corruptos, tal vez muchas veces son sorprendidos por funcionarios que son “los que se la llevan”, pero si tienen una responsabilidad política. El asunto es que tan pronto sea detectado un atisbo de corrupción se debe cortar por lo sano, efectuar las investigaciones del caso y separar y sancionar a los funcionarios ineficientes y/o corruptos.

Ojalá que en una próxima medición del IPC hayamos mejorado ostensiblemente en el ranking y nos acerquemos a por lo menos la percepción que sobre corrupción ahora tienen Chile y Uruguay. De lograrlo podrá destinarse mas recursos para luchar contra la pobreza y atraer mas inversiones.

(*) Corrupción: “el uso de bienes y servicios públicos como de regulaciones y cuerpos legales para otorgar privilegios privados. Un acto de corrupción implica a quien da (la parte suministradora) y un interesado (la parte solicitante, la que recibe)

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