El mayor remezón de la historia militar reciente de Colombia se dio este miércoles, cuando el gobierno retiró del servicio a 27 miembros del ejército, entre ellos tres generales, por sospechas de violaciones a los derechos humanos.

La decisión afecta a los jefes de dos divisiones del Ejército, a los comandantes de tres brigadas y cuatro batallones, y a otros oficiales y suboficiales de inteligencia.

Sus retiros tienen que ver con el escándalo de "los falsos positivos" y la muerte de casi una veintena de jóvenes de Soacha, un pueblo cercano a Bogotá, que estaban desaparecidos y después fueron reportados como dados de baja "en combate" en otras regiones del país.

La fiscalía colombiana investiga más de medio millar de casos de supuestas "ejecuciones extrajudiciales" cometidas por miembros de las Fuerzas Militares en su afán por mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales.

Y el Procurador (Inspector) General desarrolla 930 investigaciones disciplinarias por las ejecuciones extrajudiciales de unas 2.000 personas en los últimos cinco años.

"Serios indicios"

El gobierno anunció el retiro del servicio de los 20 oficiales y siete suboficiales luego de que comisiones investigadoras hallaron "serios indicios" de negligencia de los mandos militares en las muertes de los desaparecidos de Soacha, dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

Al anunciar la decisión, el presidente Álvaro Uribe admitió que "puede haber integrantes de las Fuerzas Militares incursos en asesinatos".

Uribe dijo que "tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando en esa región a los criminales, cuando son los verdaderos criminales los asociados con el Ejército para cometer esos crímenes".

La decisión se produjo mientras se encuentra en Colombia la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

Desde Londres, Susan Lee, de Amnistía Internacional, declaró que el retiro de los 27 militares significa "un pequeño paso en un largo camino para encontrar justicia para miles de colombianos víctimas de violaciones a los derechos humanos".

Mientras los oficiales que fueron retirados alegaron su inocencia y se declararon sorprendidos, muchos se preguntan qué produjo la decisión por parte de un gobierno que ha fortalecido la acción de las Fuerzas Militares.

"Doctrinas paralelas"

Álvaro Camacho, director del Centro de Estudios Sociales e Internacionales de la Universidad de Los Andes, cree que en Colombia subsisten dos doctrinas militares paralelas y contradictorias, "la que busca el respeto por los derechos humanos y la que produce los falsos positivos".

En diálogo con BBC Mundo, Camacho, quien fue consejero de seguridad de la ciudad de Bogotá, señala que "lo de Soacha es indignante y no se podía ocultar. Era insostenible".

"Se han oído muchas historias de 'falsos positivos', de muertos que no eran combatientes y que aparecieron uniformados. Eran como vacas que llevaban a un matadero", afirma Camacho.

La decisión del gobierno fue apoyada por amigos y opositores de Uribe.

El presidente del Directorio del Partido Conservador, senador Efraín Cepeda, dijo que "tiene que seguir intacto el respaldo de los colombianos a las Fuerzas Militares".

Y el senador Héctor Helí Rojas, del opositor Partido Liberal, señaló que no basta con sacar generales del ejército. "El ministro de Defensa debería renunciar porque ha dejado manchar de asesinato la política de seguridad democrática", dijo.

Los efectos de la decisión

Una pregunta que surgió a raíz del remezón es si afectará la decisión del gobierno las buenas relaciones de Uribe con las Fuerzas Militares.

El senador Oscar Darío Pérez, de la coalición que apoya al gobierno en el Congreso, expresó que el remezón podría ocasionar "una desmoralización de las tropas".

Álvaro Camacho cree que las relaciones entre Uribe y los militares se pueden "agriar", pero sin llegar al punto de que se dificulten.

Lo mismo cree un profesor de estrategia militar, que pidió la reserva de su nombre, quien le manifestó a BBC Mundo que no piensa que la decisión "dañe la relación".

"Los militares no habían tenido un presidente como Uribe que los haya respaldado más en los últimos tiempos. Además, no tienen el poder para oponérsele y, si las denuncias son ciertas, no tienen nada que hacer", expresó el analista.

Por ahora, el Congreso anunció que citará a los comandantes del Ejército y de las Fuerzas Militares para que den explicaciones.