Se basa en documentación incautada a las Farc

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha anunciado que denunciará ante la Corte Penal Internacional (CPI), a su colega de Venezuela, Hugo Chávez, "por patrocinio y financiación de genocidas".

El fundamento de decisión de apelar a las instancias internacionales está en la convicción, expresada por el vicepresidente colombiano, Francisco Santos, de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) intentan conseguir material radiactivo para fabricar una "bomba sucia".

Dicha acusación, así como otras relativas a los supuestos vínculos entre la guerrilla —considerada una organización terrorista por EEUU y la Unión Europea— y los gobiernos de Venezuela y Ecuador, ha sido formulada por el mandatario colombiano en la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas que tiene lugar en Ginebra.

La Corte Penal Internacional, según consta en el Estatuto de Roma que establece su naturaleza judírica, es una "institución permanente facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional", y que "tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales".

Tiene su sede en La Haya (Holanda) y se le atribuye la competencia para juzgar los crímenes de "genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión".

El cruce de acusaciones entre los tres países fronterizos ha provocado una escalada de tensión diplomática que incluye el movimiento de tropas por parte de Quito y Caracas hacia sus respectivas fronteras con Colombia y la ruptura de relaciones diplomáticas.

Para ello, el Gobierno que preside Álvaro Uribe se basa en la información incautada en dos ordenadores pertenecientes a Raúl Reyes, 'número dos' de las FARC, y que indicarían una posible "negociación de material radioactivo, base primaria para generar armas sucias de destrucción y terrorismo".

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