El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, tiene bastante claro cómo quiere que sea su "patria nueva", como él define a la "refundación" política y económica del país andino. Si sus candidatos obtienen la mayoría de los asambleístas que serán elegidos hoy para redactar la nueva Constitución, algo bastante probable según los sondeos, propondrán un Estado descentralizado, muy presente en la economía y con un fuerte régimen presidencialista, más de lo que ya es.

"Nosotros propusimos rebajar el poder del presidente, crear una figura parecida a la de un primer ministro que sirviera de enlace con el Congreso. Creemos que si tras la Asamblea surge un Parlamento más profesional y serio, es el momento de buscar un mayor equilibrio de poderes. Desafortunadamente, el proyecto final fortalece el presidencialismo y da plena facultad del Ejecutivo para gestionar el presupuesto y para disolver el Congreso", explica Edwar Vargas, miembro de la comisión a la que Correa encargó redactar un borrador de Constitución. La comisión estaba compuesta de ocho académicos de diferentes universidades y un representante del Gobierno.

Vargas explica que el texto, de más de 300 artículos, es sólo orientativo para la Asamblea y que para redactarlo se tuvieron en cuenta casi 200.000 propuestas que los ciudadanos enviaron a la comisión, una iniciativa que puso en marcha el ex presidente Alfredo Palacio en 2005, también para retocar la ley fundamental.

"La mayoría de la gente pide tres cosas: descentralización y reordenación territorial -Quito, Guayaquil y Cuenca aventajan mucho en prosperidad al resto del país-, un Consejo de Planificación Económica capaz de diseñar políticas a largo plazo -existe pero es una mera dependencia del Ejecutivo- y un Congreso ético y profesional", cuenta.

"Con la Constitución de 1978 [año en que Ecuador recupera la democracia] y la de 1998, el presidente se ha ido fortaleciendo con el control del dinero público mientras el Congreso se ha dedicado a bloquear las propuestas y chantajear al Gobierno de turno. Para sacar adelante una ley económica, el Ejecutivo lo hacía por decreto o comprando a los legisladores. Esta forma de funcionar se hizo tan habitual que nos costará cambiar de mentalidad, pero tenemos que intentarlo", dice Juan Paz y Miño, reconocido historiador de las Constituciones ecuatorianas y cercano al presidente Correa.

No hay una propuesta concreta de qué Congreso se quiere para el nuevo Ecuador, pero al final es la sabiduría popular la que tiene la respuesta: "Lo esencial es respetar la ley y dejar de robar; si logramos sólo esto, ya tendremos una nueva patria, qué Constituyente ni qué cuentos", dice el taxista Franklin Zambrano mientras conduce por las desiertas calles de Quito en la jornada de reflexión. A su lado, Nelson, uno de los tres pasajeros del taxi, dice que lo que no quiere es que el gasto público se dispare.

Nelson tiene 24 años y estudia Económicas en la universidad. "En este momento se dan casi 4.000 millones de dólares [2.800 millones de euros] sólo en subsidios, sin contar los gastos corrientes. Eso es alrededor del 30% del presupuesto... No estoy en contra de que el Estado ayude a quien lo necesite, sólo espero que ésa no sea la única política económica del Gobierno... Y no se crea que nos salva el petróleo, nos salvan las remesas de los que emigraron".

El proyecto económico de los candidatos del Gobierno y sus aliados de los partidos de izquierda se llama "economía solidaria". "En esta idea el ser humano es el mayor beneficiario, pero también el mayor productor... En Ecuador aún hay una explotación salvaje del trabajador, la sanidad y la educación no son universales y no se respeta el medioambiente", explica Alberto Acosta, cabeza de lista del grupo de Correa. "El Estado tiene que tener una función reguladora y de control, estar donde sea necesario. No hablo del Estado como un actor único, pero convengamos en que el mercado no lo puede dar todo. ¿Cómo era esa frase? El mercado es buen sirviente pero un pésimo amo". Sobre la nacionalización de los llamados sectores estratégicos, Acosta responde: "El Estado es el estratégico, no los sectores".

"Créame que Correa cada vez toma mayor distancia del proyecto chavista. La nueva Constitución no hablará de régimen socialista, ni vulnerará la propiedad privada, ni nada de eso... Es un texto de principios: solidaridad, equidad...", explica Paz y Miño. "Reconozco que no ha sido muy afortunado por parte de Rafael hablar del "socialismo del siglo XXI" porque es inevitable que se le asocie con Hugo Chávez, que recurre a esa idea permanentemente... Correa es terco, pero tiene una gran formación académica", añade.

Es difícil saber hasta dónde será capaz de llegar Correa para imponer su modelo, pero tal vez sea útil saber que es un arduo lector del Nobel de Economía Joseph Stiglitz y seguidor de la doctrina social de la Iglesia, admira a Mahatir Mohamad (el ex primer ministro malaisio que dio un portazo al FMI cuando intentaron imponerle un plan de ajuste para salir de la gran crisis de 1998), se emociona con Huasipungo, la novela de Jorge Icaza publicada en 1934 que denuncia la cruel explotación indígena, e idolatra a Eloy Alfaro, el presidente liberal que modernizó Ecuador a principios del siglo XX y cuya ciudad natal, Montecristi, fue elegida por el presidente para establecer la Asamblea que, si Correa obtiene hoy la victoria, a partir del lunes tendrá de seis a ocho meses para redactar la nueva Constitución de Ecuador.
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