Un millar de personas, entre representantes de organismos de defensa de derechos humanos, sindicalistas, y familiares de víctimas de muertos durante el gobierno de Alberto Fujimori, marcharon este jueves por las calles de Lima pidiendo sanciones contra el ex mandatario.

Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y el 2000 se encuentra recluido en un cuartel policial, tras ser extraditado el sábado desde Chile por dos cargos por violaciones a los derechos humanos y otros cinco por corrupción.

Centenares de personas salieron a las calles a protestar por el ex presidente Alberto Fujimori en Lima, el 27 de septiembre del 2007. Fujimori se fugó del Perú hace 7 años en medio de un escándalo político. Una mujer lleva un cartel sobre la matanza de 8 periodistas en "Uchuraccay" una aldea altoandina de Ayacucho en que dice ¡Nunca Jamás! - Foto AP

"Queremos recordar cada uno de los crímenes de Fujimori y las responsabilidades que tiene en los crímenes", dijo a la prensa Gisela Ortiz, hermana de una de las diez personas asesinadas por militares en 1992 en la universidad La Cantuta.

La Cantuta es uno de los dos casos por violaciones a los derechos humanos que se le siguen a Fujimori en Perú. El otro, de Barrios Altos, le debe su nombre a la muerte de 15 personas en un barrio limeño, en 1992, también por militares.

Ortiz, junto a una decena de otros familiares de las víctimas de las matanzas, sindicalistas miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú, y miembros de organizaciones de derechos humanos recorrieron varias cuadras del centro con carteles que decían "cárcel al dictador Fujimori", o "cadena perpetua para el dictador".

"Saludamos la extradición de Fujimori, su sometimiento al proceso judicial, que esperamos concluya con la sanción que corresponda, evitando así la impunidad y otorgando justicia reparadora a cada una de las víctimas", agregó Ortiz en una declaración pública.

Exhortó al gobierno a proteger a las personas vinculadas al proceso judicial en torno a denuncias, sin comprobar, de parte de familiares de las víctimas o militantes de organizaciones de derechos humanos que han indicado a la prensa local en las últimas horas que han recibido amenazas provenientes de seguidores de Fujimori.

"Estamos preocupados por la integridad física de los familiares de las víctimas, y por todos los involucrados en los casos", dijo Pablo Rojas, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En tanto, el abogado del ex presidente, César Nakazaki, luego de visitar el jueves a su cliente, dijo a la prensa que se encuentra mejor de salud, que su presión alta ha sido controlada, aunque agregó que ahora presenta una tos fuerte.

Agregó que una enfermera le acompaña.

Nakazaki indicó que la defensa está analizando con el estado la posibilidad de que se puedan unir varias causas para reducir el número de juicios por los cuales tenga que comparecer Fujimori, aunque es inevitable que los de derechos humanos puedan fusionarse, y por los cuales el ex gobernante puede ser condenado a 30 años de detención como máximo.

El hijo del ex presidente, Kenji Fujimori, visitó a su padre en el cuartel policial donde se encuentran las dos habitaciones en las cuales está recluido.

En las afueras del lugar, el acceso a la prensa se volvió más reducido, lo mismo que las declaraciones de familiares y allegados a Fujimori, y al igual que el interés de la prensa local, que dejó de tratar el tema como noticia de portada.
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