La salida de Alberto Gonzales como fiscal general (equivalente al ministro de Justicia) de Estados Unidos y de Karl Rove como asesor político de George W. Bush supone un alivio para los aspirantes republicanos a las presidenciales de 2008. Pero los suspiros duran poco. El estallido de un nuevo escándalo sexual, protagonizado por el senador republicano Larry Craig, vuelve a nublar la carrera de los conservadores al Despacho Oval. Mientras, el vicepresidente, Dick Cheney, se ha quedado como la única figura dentro de la Casa Blanca con influencia para defender los intereses republicanos.
George Bush

Los hechos se remontan a junio, en un baño para caballeros del aeropuerto de Minneapolis, donde el senador se aproximó supuestamente a un policía encubierto con la intención de entablar una relación sexual. Craig, casado y con tres hijos, reconoció de inmediato haber seguido una conducta lasciva y fue detenido. El legislador, que votó contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, niega ahora haber tenido una conducta impropia, y explicó que optó por declararse culpable para evitar problemas mayores en el aeropuerto.

Craig, que aspira a ser reelegido en 2008, explicó que suele orinar con las piernas muy abiertas y que se agachó para recoger un papel en el suelo. Según el policía, el senador intentó rozarle con su pie.

"No hice nada malo", insistió ayer ante la prensa. Craig lamentó la decisión de declararse culpable y de haber mantenido en secreto el incidente, y aseguró que no pidió asesoría legal en ese momento al no creerlo necesario, lo que reconoce ahora que fue un error. "No soy gay, nunca lo fui", concluyó.

El caso, sin embargo, puede llegar a tener consecuencias políticas importantes, como las que provocó el escándalo protagonizado por Mark Foley, senador republicano por Florida que fue investigado por insinuarse a menores, en plena campaña de las pasadas elecciones legislativas, en 2006. Los líderes republicanos han pedido al comité ético del Senado que revise el caso.

Entretanto, en la Casa Blanca siguen adaptándose a funcionar con los nuevos cambios en el Gabinete, donde Dick Cheney sobrevive como la única figura con capacidad para influir en la agenda republicana durante los 17 meses que quedan de mandato. El vicepresidente tampoco se escapa de escándalos que nublan la recta final de un presidente en caída libre por las crisis de Irak y del Katrina.

Karl Rove dejará el Gobierno el viernes, y Alberto Gonzales, el 17 de septiembre. Ambos son amigos de Bush desde sus orígenes políticos en Tejas, y han desempeñado hasta ahora un papel clave en las decisiones de la Casa Blanca. La pregunta que se hacen los comentaristas políticos es cómo afectarán estas bajas a los planes de Bush, a punto de afrontar un complejo debate en el Congreso sobre Irak.

Los analistas del American Enterprise Institute opinan que estas dimisiones son el ejemplo de los obstáculos que está teniendo el presidente para impulsar su agenda en el Congreso. Y también lo ven como un tapón para evitar las fugas entre los conservadores, que empezaron a distanciarse de Bush por el daño que les puede hacer ante las presidenciales de 2008.

El vicepresidente, como explican los analistas, se convierte en estos casos en una figura clave para sacar adelante la agenda republicana cuando el comandante en jefe se debilita. Pero recuerdan que Cheney no tiene ambición de ser presidente, lo que podría provocar que la Casa Blanca se despreocupe en los próximos meses de los intereses de su partido.

Hay un problema añadido. Cheney estuvo bajo sospecha a raíz de la filtración a la prensa del nombre de una agente de la CIA, cuando empezaron a cuestionarse las justificaciones de la Casa Blanca para defender la invasión de Irak. El caso Plame acabó llevando a juicio a su principal asesor, Lewis Libby, por obstrucción a la justicia y perjurio. Los demócratas también plantean dudas sobre el papel del vicepresidente en el diseño y ejecución del programa de escuchas lanzado por la Casa Blanca y autorizado por el fiscal general, y en el polémico despido de ocho fiscales por motivaciones políticas, que acabaron obligando a dimitir a Gonzales el lunes pasado.
La oposición dice que estas dimisiones no impedirán seguir adelante con sus investigaciones.

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