Queda al voto recurso de nulidad a condena por delitos de lesa humanidad contra Fujimori
Integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por Duberlí Rodríguez, encarga de revisar la sentencia de 25 años en contra de Alberto Fujimori. Foto: ANDINA/PJ. Judicial.
La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema dejó al voto el recurso de nulidad presentado por la defensa legal del ex presidente Alberto Fujimori, respecto a la sentencia por 25 años por delitos de lesa humanidad que fue dictada en su contra.
Al finalizar la audiencia pública, realizada en la sede judicial de la Diroes, el titular de dicho tribunal, Duberlí Rodríguez Tineo, refirió que se emitirá la resolución “que corresponda”, en los próximos treinta días, según establece el plazo previsto por ley.
“Luego de haber recibido los informes orales de los abogados y del fiscal supremo, la sala da por concluida esta audiencia y emitirá la resolución que corresponda en el plazo previsto por ley, es decir, dentro de los treinta días a partir de la fecha”, dijo.
Este anuncio lo efectuó al al culminar la audiencia pública donde se analizaron los alegatos de las partes involucradas en este proceso, es decir, el Ministerio Público, la defensa legal de Fujimori y la parte civil.
La sesión de hoy, que se inició a las 9:00 horas, se dedicó a la escucha de las réplicas y dúplicas solicitadas por las partes procesales, quienes utilizaron un total de dos horas para exponer sus puntos respecto a la sentencia.
Durante su participación, el fiscal supremo, Pablo Sánchez Velarde, manifestó que su postura de calificar el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer como simple y no agravado como indica el dictamen de la Sala Penal Especial, es una interpretación “técnica y jurídica” de acuerdo a ley.
Refirió que no se trata de alguna coincidencia con la defensa legal de Fujimori, sino una “postura independiente”, pues, el Ministerio Público sustenta una pena de 25 años, “sin reducción” de la pena.
“Tampoco se pretende reducir los beneficios penitenciarios. En absoluto, hay que leer bien las leyes. (Esta sentencia) No merece ningún tipo de beneficios, por eso rechazamos cualquier sugerencia y cualquier duda al respecto”, dijo al agregar que debe confirmarse la pena y que la reparación civil se mantenga.
Durante su exposición, Sánchez Velarde reiteró que Fujimori ejercía el control como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, gracias a lo cual, “pudo materializar las conductas que se están juzgando”.
En tanto, Ronald Gamarra, representante de la parte civil, mencionó que la sentencia de 25 años dictaminada por la Sala Penal Especial es “absolutamente clara”, por lo que, “no hay nada que discutir”.
“El colegiado aplicó correctamente los tipos penales vigentes en el momento que ocurrieron los hechos y la calificación de lesa humanidad de los mismos se hizo porque el derecho penal internacional lo permite”, aseguró.
Por su parte, Carlos Rivera Paz, también abogado de la parte civil abordó el hecho de que Fujimori sí tenía poder político militar para emitir órdenes castrenses en la lucha contrasubversiva.
“Hubo una guerra sucia donde Barrios Altos y La Cantuta no fueron los únicos hechos donde se asesinó o desapareció personas”, anotó.
Posteriormente, la defensa legal del ex mandatario, César Nakazaki, reiteró su solicitud de anular la condena por delitos de lesa humanidad establecidas en la sentencia de la Sala Penal Especial e instó a que se inicie un nuevo juzgamiento.
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Vínculo
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Pedido contra pedido (Indulto x ampliación de extradición)
Por manuel CONDOR
El 14 de setiembre pasado, la jueza chilena Sandoval Goët señaló en su veredicto que Alberto Fujimori permitió el desvío de 122 millones de soles de los fondos de las Fuerzas Armadas para su campaña de re-reelección y el pago a los llamados "diarios chicha".
El pedido de extradición se puede ampliar en la medida que se encuentren nuevos elementos de juicio respecto a las imputaciones que pesan sobre el extraditado
Por eso, a pocos días para que se formalice el pedido de indulto por razones humanitarias para Alberto Fujimori, el gobierno del presidente Ollanta Humala le envió un mensaje contundente al fujimorismo: ampliación del pedido de extradición por el caso Diarios Chicha.
Para este fin, contrató al abogado penalista chileno Alfredo Etcheberry (Resolución Suprema N° 142-2012-JUS), quien nuevamente representará al Estado peruano ante la Corte Suprema de Justicia de Chile en el proceso de ampliación activa. También se nombró al abogado peruano Julio Arbizu como procurador público ad hoc que ejercerá la defensa de los derechos e intereses del Estado peruano y que por esas casualidades también es el procurador anticorrupción que esta siguiendo las investigaciones de los indicios de corrupción emblemática en el gobierno alanista.
Del actuar de Alfredo Etcheberry en el exitoso proceso de extradición de Alberto Fujimori entre los años 2005 y 2007, Antonio Maldonado, quien fuera exprocurador ad hoc del Estado para los casos Fujimori-Montesinos, escribió lo siguiente:
“En diciembre del 2005, el Dr. Etcheberry estuvo en Lima y junto con él determinamos que casos debían ser presentados en la solicitud final de extradición a Chile. Por ejemplo, con referencia al caso “Golpe del 5 de abril” decidimos, que no debía ser incluido en la solicitud de extradición.” (“La exitosa extradición de Alberto Fujimori”, Washington D.G. 2 de julio del 2009).
Antonio Maldonado además refiere la participación del entonces Presidente Alan García:
“Sostengo fehacientemente que el presidente Alan García no tenía ninguna voluntad para empujar y lograr la extradición de Alberto Fujimori; que una posición coherente con su posición habría consistido en retirar toda la solicitud de extradición ya presentada y en despedir al Dr. Etcheberry; algo que García habría querido hacer para complacer a sus recientes aliados del Fujimorismo, pero que no podía darse el lujo de hacer, al menos en dicho momento, so pena de pagar un alto precio político y un grave daño a su imagen nacional e internacional; es por eso que jugo a la débil y discutida tesis de la “no politización de la extradición”.
“También quiero revelar que eso lo sabíamos en la Procuraduría Ad Hoc de primera mano, debido a diversas fuentes de información a las que tuvimos acceso, entre ellas, a lo conocido por nosotros en una reunión que organicé unas semanas antes de las elecciones generales con altos representantes de los partidos políticos, a la que fue también invitado un alto representante del Partido Aprista cuyo nombre guardo en reserva, quien sostuvo que ni Alan García ni el APRA estaban interesados en la extradición de Fujimori.”
El periodista Daniel Yovera informó a través de su cuenta de Twitter que la decisión de contratar a Etcheberry fue un pedido expreso del presidente Ollanta Humala.
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