La debilidad de Evo Morales en la Bolivia rica

En su enfrentamiento con las provincias rebeldes fracasa en su amenaza de llevar a los gobernadores rebeldes ante un tribunal militar
Es evidente que Evo Morales ha ido perdiendo el control sobre las cuatro provincias del este de Bolivia, que en mayo y junio de este año proclamaron su autonomía. Los gobernadores de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, las regiones más ricas del país, ni se inmutaron cuando el jefe de Estado anunció este viernes que serían llevados ante un tribunal militar por llevar la violencia a un grado que "amenaza a la seguridad nacional". La respuesta de Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz y líder del bloque autonomista, fue de un laconismo proverbial: "Que se atreva, a ver si tiene agallas".

En los últimos días, los grupos cívicos o paramilitares que operan a instancia de los gobernadores rebeldes ocuparon las oficinas de varias instituciones estatales, como la sede del Servicio de Impuestos Internos en Trinidad, la capital de Beni y el edificio donde funciona el centro de operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) en Tarija, capital de la provincia homónima.

En esta comarca, donde se concentran más del 80% de los hidrocarburos que posee el país, los piquetes de voluntarios, provistos de garrotes, redujeron a los pocos policías que custodiaban el inmueble y desalojaron a los funcionarios, a quienes calificaron de "invasores", por representar a un Gobierno cuya autoridad desconocen.

En la noche del jueves, los mismos grupos bloquearon las carreteras que unen al Chaco, el departamento tarijeño donde se encuentran la mayoría de los pozos y las refinerías, con el resto del país y con Argentina, el segundo mayor consumidor de gas boliviano. También están cortadas las rutas entre el este del país y Brasil, cuya dependencia de los hidrocarburos bolivianos es aún mayor que la de Argentina.

Por los gasoductos aún fluye energía hacia los países limítrofes, pero ¿por cuánto tiempo más? Las autoridades provinciales, agrupadas en el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) advirtieron que si el Gobierno toma represalias, ellos impedirían la exportación de hidrocarburos, que constituye la principal fuente de divisas de un estado que figura entre los más pobres de Sudamérica.

Hace dos días, el Ejército se desplegó en torno a las instalaciones estratégicas, a poca distancia de donde el Comité Cívico de Tarija emplazó a sus hombres en actitud amenazante. Los grupos de choque de las regiones autónomas les han perdido el respeto a los uniformados que envía el Ejecutivo para controlarlos. El martes por la noche, los activistas de la provincia de Pando establecieron un cerco en torno al aeropuerto donde había aterrizado un contingente militar.

El origen de la crisis

El detonante de esta nueva ola de violencia fue la decisión de Morales de crear un fondo de pensiones para los sectores más pobres con el dinero que se recauda mediante el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Anteriormente, el 40% de ese impuesto quedaba en manos de las provincias productoras. Los jefes del bloque autonomista calificaron la medida de "confiscatoria" y acusaron al presidente utilizar los fondos para convertir a su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) en una milicia armada.

En medio de esta escalada, Morales resolvió convocar a un referéndum para aprobar una nueva Carta Magna que fortalecería a las etnias del Altiplano —los quechuas y los aymaras— y sentaría las bases de un estado socialista. Los gobernadores rebeldes recomendaron al Gobierno que no malgaste tiempo enviando urnas a sus provincias, ya que sus habitantes no reconocen la constitución "totalitaria" elaborada por los juristas del MAS.

En el plebiscito revocatorio de agosto, Morales fue confirmado en su cargo con más del 65% de la votación nacional. Pero sus enemigos autonomistas también salieron fortalecidos. Y para complicar aún más la situación, la gobernadora de Chuquisaca, Savina Cuéllar, una indígena aún más pura que el mestizo Evo, se sumó al bando de los insurrectos 'blancos' y reivindicó la autonomía para su provincia.

El arzobispo de La Paz, Edmundo Abastoflor, llamó el domingo a los contendientes a "detener la avalancha de odio antes de que nos aplaste a todos". Pero salvo los humildes feligreses —y, por extensión, los sufridos bolivianos de a pie— nadie atendió a su reclamo.

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