jueves, noviembre 22, 2007

Uribe justifica cancelación de la mediación de Chávez con las Farc

  • Las FARC quieren protagonismo político, pero no liberar a los secuestrados
  • Caracas califica la decisión de apartar a Chávez de las negociaciones de 'lamentable'

  • El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, justificó la decisión de cancelar la mediación del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, en busca de un acuerdo para liberar a los secuestrados por las FARC, y afirmó que esta guerrilla quiere "protagonismo político" y no la libertad de los rehenes.

    Uribe tomó la decisión el miércoles por la noche, después de una breve llamada telefónica de Chávez y de la senadora colombiana Piedad Córdoba, que realizaba la misma misión, al general Mario Montoya, comandante del Ejército de Colombia.

    El presidente Uribe comparece ante la prensa. (Foto: AP)

    El gobernante colombiano le había pedido en agosto pasado a su colega venezolano colaborar para un acuerdo humanitario con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tiene en su poder a 45 políticos, soldados, policías y estadounidenses, y aspira a canjearlos por unos 500 insurgentes presos,

    Entre esos secuestrados se encuentran la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, que también tiene nacionalidad francesa, y los contratistas estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.

    "Las FARC quieren protagonismo político, pero no liberar a los secuestrados", manifestó Uribe en la inauguración de una terminal de transporte en Bogotá, y lamentó que los insurgentes de esa organización no hubieran entregado pruebas de supervivencia de los cautivos durante el tiempo de la gestión de Chávez.

    El gobierno de Venezuela anunció que acata la decisión, aunque la consideró lamentable, en tanto que los familiares de los rehenes y diversas organizaciones humanitarias abogaron por la continuación de las gestiones.

    Uribe denuncia el doble juego de la guerrilla

    Uribe dijo que los guerrilleros "quieren posar de señorones de la política, en las capitales internacionales, mientras aquí continúan matando" y aseguró que su gobierno hizo todo lo posible por lograr el acuerdo humanitario.

    Según el gobierno de Colombia, se decidió cancelar la gestión de Chávez y la de la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba después de que éstos llamaran por teléfono este jueves al general Mario Montoya para preguntarle algunos datos sobre los secuestrados.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en el que expresó su "sorpresa" por la decisión de Uribe: "El gobierno de Venezuela acepta esta decisión soberana del gobierno de Colombia, pero manifiesta su frustración dado que de esta manera, se aborta un proceso que se venía llevando con pulso firme y en medio de grandes dificultades, habiéndose obtenido en apenas tres meses importantes avances", agregó.

    El alto comisionado presidencial para la Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, dijo a los periodistas que Uribe le había advertido a Chávez en la reciente Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile de que "no estaba de acuerdo" con que se metiera "con mis generales", por tratarse de asuntos institucionales internos.

    El asesor presidencial explicó que Uribe tomó la decisión para no afectar su "política de seguridad democrática" que está "en vías de consolidación". Restrepo destacó la apertura de "generosos espacios internacionales" para las gestiones del acuerdo humanitario.

    Chávez se había reunido el martes pasado en París con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, para hablar del acuerdo humanitario. Francia anunció que desea que la mediación del presidente de Venezuela prosiga y precisó que Sarkozy le enviará en los próximos días una carta a Uribe.

    "Continuamos pensando que la gestión de Chávez es la mejor opción para la liberación de los rehenes", dijo en conferencia de prensa en París el portavoz del Palacio del Elíseo, David Martinon.

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    2 Comments:

    Blogger Carlos A. Quiroz said...

    “Escuela de las Américas prepara violadores de DDHH e incuba una visión represiva contra la sociedad civil”

    Movilización en Estados Unidos por el cierre de la Escuela de las Américas y por llevar ante la justicia internacional a responsables de crímenes de lesa humanidad.



    Por: Marino Córdoba, director Afrodes-USA ([*])



    Actualidad Étnica, Washington/DC, 20/11/2007. Múltiples manifestaciones realizaron el pasado fin de semana miembros de organizaciones sociales y comunidades negras en Estados Unidos y América Latina para pedir el cierre definitivo de la Escuela de las Américas y exigir llevar ante los organismos internacionales de justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad.



    Por casi dos décadas, grupos de estudiantes, religiosos, trabajadores, veteranos de guerra, así como grupos que luchan por los derechos humanos, derechos civiles y la justicia social se reúnen cada Noviembre en las puertas del Fuerte Benning, Georgia, Estados Unidos, para participar en una Vigilia con la que se busca educar a los ciudadanos estadounidenses sobre lo que significa la “Escuela de las Américas” y su impacto desastroso en las poblaciones civiles que sueñan y luchan por un mundo mejor y con justicia social, especialmente en las Américas. El evento de tres días es organizado por el Movimiento para Cerrar la Escuela de las Américas, conocido por sus siglas en Ingles SOAW.



    Este evento se realiza cada año en conmemoración de una de las masacres ocurridas en la Universidad Centroamericana de El Salvador en 1989, donde seis padres jesuitas y dos mujeres salvadoreñas fueron asesinados por integrantes del Batallón Atlacatl, y quienes recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas.



    La Escuela de las Américas, que es operada por el Ejército de los Estados Unidos, fue fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. Por sus aulas han pasado más de 64.000 alumnos, muchos de los cuales han resultado ser destacados violadores de los derechos humanos en sus propios países. Así lo han demostrado en Chile, Guatemala, Argentina, Perú, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, México, Honduras, Colombia, entre otros. En 1984 la Escuela de las Américas fue traslada de Panamá al Estado de Georgia, en los EE.UU., a petición del presidente panameño Jorge Illueca quien la describió como "la base más grande para la desestabilización en América Latina".



    Once dictadores Latinoamericanos se han graduado de las Escuelas de las Américas, incluyendo a Manuel Noriega, de Panamá; Efraín Ríos Montt de Guatemala y Hugo Banzer Suárez, de Bolivia. Los graduados han estado seriamente relacionados con violaciones a los derechos humanos y la supresión de movimientos populares en América Central y del Sur, de gente pidiendo acceso a la tierra, condiciones de trabajos dignos y el control de sus propios recursos naturales.



    Colombia ha enviado un significativo número de soldados a la escuela de las Américas. Entre 1947-1996, 1,396 militares colombianos han sido graduados y posteriormente, muchos de ellos han sido relacionados y vinculados directamente con violaciones de derechos humanos en el país. Uno de esos graduados es el General (r) retirado Rito Alejo del Río. Rito Alejo del Río comandó la brigada 17 del ejército con sede en Carepa, Antioquia, entre 1995 y 1997. Durante este periodo se presentaron las más conocidas violaciones de derechos humanos en la historia de Colombia. Los invito a leer “Deuda con la Humanidad-Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003”. Centro de investigaciones y educación Popular- CINEP.



    En el Urabá antioqueño y chocoano, entre 1995 y 1997 fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra las comunidades más vulnerables de la zona cuya responsabilidad, al menos por omisión, se atribuyó a sus tropas, las cuales fueron vistas habitualmente actuando en unidad de acción con las más reconocidas estructuras paramilitares. Muchos miles de campesinos, afro-descendientes e indígenas fueron desaparecidos, torturados, masacrados y desplazados violentamente de sus tierras y aldeas, y el paramilitarismo tomó el dominio completo de la región.



    Pero el General Del Río no llegó a Urabá sin antecedentes inquietantes que fueron configurando una trayectoria y un perfil fuertemente contrarios a lo que la ética y el derecho demandan de la milicia. Una serie de acusaciones han quedado registradas en numerosos expedientes judiciales y disciplinarios, que si bien la justicia colombiana con sus arraigados métodos de impunidad que la caracterizan ha dejado sin investigar ni sancionar, llegando incluso el Fiscal General de la Nación a precluir el proceso contra él (9 de marzo de 2004), sus sustentos probatorios ineludibles llevan a definir el perfil de este General como uno de los más tozudos impulsores y gestores del paramilitarismo en Colombia y lo hacen responsable de numerosos crímenes de derecho internacional.



    De su paso por la comandancia del batallón “Rafael Reyes”, con sede en Cimitarra (Santander), de 1985 a 1986, ya como Coronel, queda la denuncia de uno de los activistas paramilitares más comprometidos que se han arrepentido y develado infinidad de crímenes. Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias “El Negro Vladimir”, en su indagatoria del 8 de agosto de 1995 en la penitenciaría de Palmira (Valle), confesó que se reunió muchas veces con el coronel Del Río y otros oficiales del batallón Reyes para coordinar las actividades paramilitares en la zona.



    El coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero, segundo comandante de la brigada 17 y jefe de su Estado Mayor, quien ocupó el cargo desde junio de 1995 hasta junio de 1996, se vio obligado a enviarle un informe al comandante general de las fuerzas militares el 31 de mayo de 1996, en el cual le expresaba su conclusión de que el general Del Río no tenía convencimiento alguno de que los paramilitares fueran un factor peligroso de desorden y violencia y esa misma convicción la irradiaba en sus subalternos.



    Por su parte, la Alcaldesa de Apartadó, la Trabajadora Social Gloria Isabel Cuartas Montoya, se presentó a la Fiscalía General de la Nación el 24 de abril de 1997 para denunciar el auge aterrador de la violencia paramilitar en su jurisdicción desde la llegada del general Del Río, así como la falta de colaboración del ejército para combatirla, y para describir hechos concretos en los que ella había sido testigo directo de la colaboración entre militares y paramilitares. Posteriormente, el 6 de diciembre de 1997 y el 21 de octubre de 1998 la Alcaldesa declaró nuevamente en la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y afirmó que la unidad de acción entre el ejército y los paramilitares era de público dominio en la región y que los paramilitares ingresaban a las instalaciones de la brigada 17 en motocicletas y otros vehículos sin ningún obstáculo. Expresó además que las denuncias hechas antes los superiores jerárquicos del general Rito Alejo Del Rió habían sido inútiles.



    También denunció que el modelo de cooperativas de seguridad denominadas Convivir, implantadas por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez (hoy Presidente de Colombia) de una manera inconsulta con los mandatarios locales, había agudizado en extremo la violencia, pues la selección de sus miembros se dejaba en manos de la brigada 17 y ni siquiera los alcaldes podían enterarse de la verdadera identidad, ocupación y comportamiento social de los integrantes de esos grupos, a los cuales se confiaba la seguridad de la población, predominando la convicción de que actuaban en estrecha alianza con los paramilitares.



    El Informe sobre Colombia hecho público en noviembre de 2002 por la organización internacional Human Rights Watch, afirma: “En las semanas posteriores a las críticas públicas de Osorio (Fiscal General de la Nación desde el 31 de julio de 2001) a la actuación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en el caso Del Río, por ejemplo, se desencadenó una campaña de persecución a los funcionarios judiciales que habían trabajado en el caso. Dos investigadores recibieron invitaciones a sus funerales, lo que provocó su huida del país. Los fiscales que firmaron la orden de detención contra el general Rito Alejo Del Río también salieron de Colombia tras recibir amenazas. Los dos funcionarios forzados a renunciar a su puesto por el Fiscal General Osorio, Pedro Díaz (Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía) y Pablo Elías González (Vice-Fiscal General de la Nación) también salieron del país por temor a su seguridad”.



    A pesar de las numerosas pruebas testimoniales y objetivas que demostraban la responsabilidad del general Del Río en el impulso, desarrollo y protección de las estructuras paramilitares que perpetraron centenares de crímenes de lesa humanidad, el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, precluyó la investigación contra él, el 9 de marzo de 2004. Para poder cubrir al general Del Río con una impunidad tan audaz y desafiante, el Fiscal decidió ignorar el recaudo probatorio adelantado en el período de su antecesor, lo que había conducido a la fiscal de conocimiento de entonces a ordenar la captura del General el 21 de julio de 2001, siendo luego excarcelado mediante un recurso de Habeas corpus, fallado por un juez que luego fue procesado por dicha decisión.



    Los testimonios de cargo antes allegados al proceso, fueron descalificados mediante opiniones arbitrarias del Fiscal, que ni siquiera se fundaron en pruebas periciales cuando emitió conceptos psiquiátricos para invalidarlos, lo que se articuló a una negativa empecinada de confrontarlos con pruebas técnicas e inspecciones “in loco”.



    Los afro colombianos, Indígenas y mestizos del Urabá chocoano sabemos que el general retirado Rito Alejo del Río comando la “Operación Génesis”. Entre diciembre 20 de 1996 a febrero de 1997, en el Departamento del Chocó, paramilitares en conjunto con militares de la Fuerza Pública pertenecientes a la brigada XVII del Ejercito Nacional, cometieron masacres, desapariciones forzosas, torturas, terror psicológico desplazamiento forzado a los habitantes del Municipio de Riosucio, en el departamento del Chocó. Según datos de algunas ONGs, más de 20.000 personas fueron desplazadas durante esa fecha debido a los bombardeos indiscriminados realizados por el ejército nacional en conjunto con los grupos paramilitares en esa región del Chocó.


    Las declaraciones de Mancuso sobre sus vínculos con el General Del Río no pueden tomar de sorpresa al país, pues las víctimas de sus violaciones de lesa humanidad lo hemos dicho desde muchos tiempos atrás y en diferentes medios y escenarios. Mancuso habló de la confabulación abierta entre el general Rito y los paramilitares. (…) mencionó a Rito Alejo del Río de quien dijo indicaba a los escuadrones paramilitares qué terrenos podían tomar y cuáles zonas estaban libres de peligro para concentrar a los hombres reclutados”. Durante esta misma época en la que Urabá se encontraba siendo tomada por el terror paramilitar, se crearon “redes ciudadanas para proteger a la población”, con el apoyo de Rito Alejo del Río. Les daban radios, motos y en algunos casos armas a obreros bananeros y otros trabajadores y fueron creando un bloque de seguridad que tuvo el respaldo del gobernador, hoy presidente de Colombia.



    En Mayo 15 del 2007, los colombianos volvimos a escuchar al cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso cuando hizo dos revelaciones trascendentales en el marco de la segunda parte de la versión libre ante la Fiscalía en Medellín. En primer término hizo un diagnóstico conceptual de la razón de ser de esas organizaciones criminales de extrema derecha. Estas surgieron, según él, porque en Colombia hay un “paramilitarismo de Estado”. Entonces tomó ejemplos de los manuales de instrucción del Ejército Nacional para concluir que no sólo él, sino este fenómeno armado, provenían de ahí.


    Luego saltó al terreno de los hechos y contó con quiénes trabó una unión para conseguir sus objetivos. Entre estos, soltó tres nombres de generales de la República que han ocupado puestos claves en la cúpula de la institución. Son ellos los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez y Martín Orlando Carreño.



    Si las documentaciones de los testigos y los mismos compañeros del general del Río no fueron suficientes para el fiscal, entonces las recientes declaraciones de uno de sus principales socio también serán tenidas en cuentas como un montaje que, seguramente, la fiscalía no considerará como suficientes para llamarle nuevamente a juicio. Todavía quedan en el expediente del general de “perlas” acusaciones sobre numerosos crímenes de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados, bombardeos, actos de violencia sexual, incineraciones de bienes de supervivencia de los pobladores, etc, no se ordenó una sola prueba objetiva sobre la ocurrencia de los hechos, ni sobre la existencia de las víctimas, ni sobre las circunstancias en que fueron cometidos los crímenes. A pesar de que miembros retirados del ejército y de la policía, así como paramilitares y civiles, dieron numerosas informaciones concretas sobre localización de bases paramilitares, fosas comunes, retenes coordinados de militares y paramilitares, vehículos y placas utilizadas por los criminales, etc., ni una sola inspección in loco ni prueba técnica alguna fue practicada.



    El Fiscal Luís Camilo Osorio tampoco quiso investigar las persecuciones y amenazas de que fueron objeto los mismos funcionarios de la Fiscalía que tuvieron parte en la investigación que condujo a la captura del General Del Río en 2001, todos los cuales se vieron obligados a abandonar el país por amenazas. También se negó a investigar acusaciones muy graves contra el Presidente Uribe que obraban en el expediente, fundadas en declaraciones bajo juramento, así como los vínculos entre el Presidente Uribe y el General Del Río, que llevaron al entonces candidato Uribe a ofrecer un homenaje a Del Río en el momento en que éste era retirado del ejército en previsión a la investigación penal, lo que no podía leerse sino como un desafío a la justicia y una posible complicidad en las conductas delictivas.


    Pese a su historial de fundador, su continuo apoyo y vínculos directo con el paramilitarismo, en el año 2006, el General (r) Rito Alejo Del Río, fue candidato al Senado de la República de Colombia en uno de los grupos políticos que apoya al Presidente Álvaro Uribe Vélez, Partido Convergencia Ciudadana. Por fortuna no resultó elegido. Como lo ha dicho Daniel Coronell en uno de sus recientes artículos “le ha ido mejor al general Rito Alejo del Río que a quienes han declarado en su contra. Mientras él sigue rodeado de poderosos, una racha inexplicable y fatal ha ido acabando con quienes se han atrevido a atestiguar en contra de este oficial en uso de buen retiro y de inocencia judicial”.



    Del ataque indiscriminado a Riosucio se pudo hacer una contabilidad aproximada de los desplazados forzosos, pero jamás de los muertos como resultado de esta acción militar. Quisiéramos un día iniciar a elaborar una estadística para ver si nos aproximamos a la realidad, pero quienes traten de hacerlo dentro del país y bajo este sistema no vivirán para terminarla. En mi caso sigo viviendo en calidad de refugiado en otro país, mientras que otros miembros de la comunidad siguen desplazados en las grandes ciudades de Colombia, sin garantías para regresar. Cuando iniciamos a denunciar estos hechos y a mencionar nombres de los responsables nos señalaron como miembros de la guerrilla y no nos prestaron atención a las denuncias, pero hoy que las cosas han cambiado y cuando sus más cercanos compinches están confirmando esas denuncias esperamos que talvez ellos tengan mas credibilidad ante la justicia y sus denuncias de estos hechos permitan retomar el juicio contra este General terrorista.



    La reunión de activista de derechos humanos en el Fuerte Benning, Georgia, Estados Unidos, busca precisamente llamar la atención internacional sobre los graduados de la Escuela de las Américas y sus actuaciones frente a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El General Rito Alejo del Río es solo uno de los muchos generales graduados que están seriamente comprometidos en crímenes de lesa humanidad y es por esta razón que la escuela de “asesinos” debe ser clausurada. Muchos congresistas de este país apoyan la iniciativa de cerrar la Escuela de las Américas y, ya varios presidentes de Sur América han anunciado que no enviarán más soldados a recibir entrenamiento al Fuerte Benning, lo que significa que los que hemos sufrido graves violaciones de derechos humanos por estos individuos no estamos solos en la búsqueda internacional de justicia.



    [*] Representante Internacional de Afrodes-Colombia y Miembro fundador de la Red de Solidaridad y Apoyo de Estados Unidos con las Comunidades Afro colombianas de Base. La Red de solidaridad y Apoyo de Estados Unidos con las comunidades afro-colombianas de base es una coalición de organizaciones e individuos dedicada a promover políticas y programas desde lo internacional hacia Colombia, que apoye y fortalezca la lucha de las organizaciones y comunidades afro-colombianas de base en su defensa del territorio y los derechos humanos.

    10:29 p.m., noviembre 22, 2007  
    Anonymous Nayus said...

    Posiblemente la credibilidad y seriedad internacional del gobierno chavista se fueron a pique con las escenas bochornosas de la cumbre pasada

    12:36 p.m., noviembre 23, 2007  

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