El día de hoy se viene desarrollando la interpelación del ministro del Interior, Luis Alva Castro, por la abortada compra de patrulleros chinos mediante la modalidad de subasta inversa, además de la compra sobrevalorada de pertrechos antimotines.
Luis Alva Castro

Ya anteriormente habíamos expresado la necesidad de que el ministro aprista diera un paso al costado, porqué si bien la adquisición de patrulleros con subasta de un solo postor, finalmente fue anulada debido a que el postor ganador no firmó el contrato adjudicado, dicha compra tenía muchos lados oscuros que comentamos en su oportunidad.

Pero donde sí hay una responsabilidad política, y está por determinarse si existiría una responsabilidad penal, es en la adquisición escandalosamente sobrevalorada de pertrechos antimotines para la Policía Nacional del Perú.

En esta adquisición se han festinado trámites para beneficiar al fabricante, inscribiéndolo en el Registro de Proveedores, en horas que normalmente no funciona el Consucode, otorgándole el Ministerio del Interior la buena pro el mismo día de la inscripción. Curiosamente el precio ofertado era mayor que el que había cotizado el representante local de dicho fabricante, lo que supone una jugosa comisión que han ido a parar a los bolsillos de alguien en el Mininter.

Se argumenta que el material antimotines que tenía almacenado la policía en sus almacenes estaba obsoleto y que era urgente la compra. Para justificar compras de emergencia, es habitual en los organismo del estado que se apele a esta figura para saltarse a la garrocha los procedimientos de compras regulares establecidos. En todo caso, si era tan necesaria y urgente la compra, por lo menos debería cuidarse pagar los precios justos.

Se supone que si el estado está comprando sin la intermediación de proveedores locales, los precios que finalmente se pagarán son los menores posibles. No ha sido así en el caso del Ministerio del Interior.

Esta es una oportunidad para evaluar también el desempeño de la bancada fujimorista que en días pasados ha lanzado una velada amenaza al gobierno, en la búsqueda de conseguir mejores condiciones carcelarias para su extraditado líder Alberto Fujimori.

Es inaceptable el chantaje que imponen los fujimoristas para apoyar con sus votos al partido de gobierno. Es preferible para el gobierno que Luis Alva resulte censurado, que ceder a los pataleos fujimoristas. La gobernabilidad el país no va a resultar afectada por la censura de un ministro. Por el contrario, la población encontraría que los mecanismos que tiene la democracia para corregir errores funcionan.

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