Perú hace juicio histórico a Fujimori y defensa dice que delitos están prescritos
Alfredo Etcheberry, representante de Lima, dijo que para extraditar al ex Presidente hay pruebas en su contra, y que sólo se necesitan presunciones.
Garantizó un debido proceso.
Gabriel Zaliasnik, abogado del ex presidente, aseguró que la presentación peruana no satisface el estándar probatorio chileno y apeló a la prescripción de los delitos.
"¿Qué credibilidad debe dárseles a las respuestas que ha dado Fujimori al señor ministro instructor (Orlando Álvarez) en los casos por los que ha sido interrogado? 'De esto yo no sabía nada, yo me preocupaba de otras cosas (...) No sé, no me acuerdo, es una constante en todas sus respuestas".
Con esta pregunta, el abogado del Estado peruano, Alfredo Etcheberry, comenzó su alegato en el que solicitó a la 2ª Sala Penal de la Corte Suprema -la última instancia- que se otorgue la extradición del ex Presidente de Perú Alberto Fujimori, y que se revoque el dictamen del ministro Orlando Álvarez que rechazó la petición.
Durante un poco más de dos horas revisó parte de la historia peruana desde que llegó al poder Fujimori, con el fin de convencer al tribunal de que "acaparó para sí la totalidad del poder político, económico y castrense, y que atropelló los derechos humanos en su propio beneficio, y de su familia".
Según explicó el abogado, para su propósito contó con la asesoría "de su mano derecha", Vladimiro Montesinos".
La alusión histórica también la usó para criticar el dictamen del ministro Álvarez, porque a su juicio en su fallo "no hace un análisis de conjunto" y le faltó una máxima de toda investigación: preguntarse "a quién beneficia la comisión de estos delitos", aludiendo al pago a congresistas para cambiarse al partido oficialista.
Luego se centró en las causas de violaciones a los derechos humanos, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en donde hizo hincapié en que "hubo una persecución sistemática", y que no se trata de casos aislados. Mencionó otros que están siendo investigados en Perú, anunciando que se podría solicitar más adelante la extradición por estos hechos.
Insistió en que Fujimori otorgó ascensos a militares del Grupo Colina, involucrados en estas matanzas. "No hay duda de que no puede alegar desconocimiento de la existencia del grupo, ni de sus acciones", dijo.
El abogado también se preguntó con qué recursos ha financiado Fujimori "su vida de ocio y lujos, el otrora modesto profesor universitario, ¿será con la renta como director jubilado de la universidad?
En lo jurídico, sostuvo que está interrumpida la prescripción, que no hay sólo testigos de oídas, como dijo Álvarez. Destacó a los supremos que para extraditarlo son necesarias sólo presunciones fundadas, y que "hay pruebas en su contra". Por último, garantizó un debido proceso a Fujimori en Perú.
Juicio político de la historia reciente del Perú entre los años 1990-2000.
No estoy en condiciones de hacerlo, no le compete a esta excelentísima Corte tampoco. Aquí las pruebas tienen que ser súper vehementes en una causa que tiene un innegable sustrato político", dijo ayer el abogado de Alberto Fujimori, Gabriel Zaliasnik, en la parte final de sus alegatos.
Una alegación "muy técnica", tal como lo reconoció su contendor Alfredo Etcheberry, con argumentos centrales que buscan desmoronar las doce solicitudes de extradición.
El primero de ellos tiene que ver con la calidad de procesado que tiene el ex presidente. Según el planteamiento de Zaliasnik, Fujimori no ha sido procesado en ningún caso presentado por Perú y los cargos se sustentan solo en la acusación fiscal, lo que no es equivalente al estándar que tiene el procesamiento de la legislación chilena.
Asimismo, respecto de las pruebas explicó que éstas "deben gritar" y que no bastan "meras sospechas" para fundamentar los ilícitos imputados.
Sin duda, el argumento clave para la defensa de Fujimori es el de la prescripción de los delitos que se le imputan al ex gobernante. Según su parecer se han readecuado figuras penales para salvar la prescripción queafe
cta a la mayoría de los cargos presentados por el país andino.
Impugnó el planteamiento de la contraparte respecto de la interrupción de la prescripción, que Etcheberry la sitúa en el día en que Fujimori se fugó de Perú y renunció desde Japón: el 20 de noviembre de 2000.
No obstante, para Zaliasnik la prescripción solo se interrumpe cuando se comete un nuevo delito y se somete a proceso al imputado.
Según su reflexión Fujimori no se fugó, sino que viajó con autorización del Congreso a la cumbre de la APEC en Brunei. Además, las denuncias en su contra se formalizaron muchos años después en la justicia peruana, por lo que este criterio se aplicaría mucho más tarde.
En esta misma línea el profesional aseveró que el Estado requirente realizó una "acrobacia procesal" ya que forzó el tipo penal de los delitos para cumplir con la mínima penalidad exigida, es decir, con sanción superior a un año de cárcel.
Zaliasnik impugnó además que se "caricaturizara" a Fujimori como un dictador militar, precisamente respecto a los casos de DD.HH. como Barrios Altos y La Cantuta. "Son hechos graves, pero distintas son las responsabilidades penales personales, que en este caso no le corresponden al ex presidente", dijo.
Arresto domiciliario de ex Presidente acelerará fallo
Luego de tres días en que los cinco ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema escucharon la relación de causa, y los extensos alegatos de los abogados Alfredo Etcheberry y Gabriel Zaliasnik, se espera que en un plazo que va de las dos semanas a un mes resuelvan el destino final del requerimiento del Estado peruano, según trascendió ayer.
La causa quedó en estudio, tal como confirmó ayer el presidente de la sala, Alberto Chaigneau, y recién el lunes comenzarán a deliberar, según señaló. La decisión sería rápida, pues existe "reo preso"; es decir, setomará en cuenta que el ex Presidente Fujimori se mantiene en un régimen de arresto domiciliario para darle prioridad a la resolución definitiva.
Sin embargo, de todas formas demandará tiempo que los ministros Chaigneau, Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jorge Rodríguez y Hugo Dolmestch tomen una decisión.
"Se puede resolver por lo simple: vistos se confirma. Pero ésta es una causa compleja", dijo ayer el presidente de la sala.
Por eso, ayer se hablaba de un mes, e incluso dos semanas, según señaló el integrante de sala Hugo Dolmestch.
Mención aparte merecen las anécdotas que se suscitaron durante la vista de esta trascental causa.
El abogado Alfredo Etcheberry llevaba más de una hora de alegatos, y les planteó a los jueces hacer el receso que habían estipulado. El presidente de la sala le respondió que podía continuar hasta el final de su ponencia. "Noquiero cansar al tribunal", dijo el profesional.
A lo que el supremo respondió: "No se preocupe, ni siquiera nos hemos dormido", lo que provocó las risas del público presente en la sala, ya que era una clara alusión a las críticas esbozadas días antes por una observadora de Amnistía Internacional.
Fuente
Garantizó un debido proceso.
Gabriel Zaliasnik, abogado del ex presidente, aseguró que la presentación peruana no satisface el estándar probatorio chileno y apeló a la prescripción de los delitos.
"¿Qué credibilidad debe dárseles a las respuestas que ha dado Fujimori al señor ministro instructor (Orlando Álvarez) en los casos por los que ha sido interrogado? 'De esto yo no sabía nada, yo me preocupaba de otras cosas (...) No sé, no me acuerdo, es una constante en todas sus respuestas".
Con esta pregunta, el abogado del Estado peruano, Alfredo Etcheberry, comenzó su alegato en el que solicitó a la 2ª Sala Penal de la Corte Suprema -la última instancia- que se otorgue la extradición del ex Presidente de Perú Alberto Fujimori, y que se revoque el dictamen del ministro Orlando Álvarez que rechazó la petición.
Durante un poco más de dos horas revisó parte de la historia peruana desde que llegó al poder Fujimori, con el fin de convencer al tribunal de que "acaparó para sí la totalidad del poder político, económico y castrense, y que atropelló los derechos humanos en su propio beneficio, y de su familia".
Según explicó el abogado, para su propósito contó con la asesoría "de su mano derecha", Vladimiro Montesinos".
La alusión histórica también la usó para criticar el dictamen del ministro Álvarez, porque a su juicio en su fallo "no hace un análisis de conjunto" y le faltó una máxima de toda investigación: preguntarse "a quién beneficia la comisión de estos delitos", aludiendo al pago a congresistas para cambiarse al partido oficialista.
Luego se centró en las causas de violaciones a los derechos humanos, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en donde hizo hincapié en que "hubo una persecución sistemática", y que no se trata de casos aislados. Mencionó otros que están siendo investigados en Perú, anunciando que se podría solicitar más adelante la extradición por estos hechos.
Insistió en que Fujimori otorgó ascensos a militares del Grupo Colina, involucrados en estas matanzas. "No hay duda de que no puede alegar desconocimiento de la existencia del grupo, ni de sus acciones", dijo.
El abogado también se preguntó con qué recursos ha financiado Fujimori "su vida de ocio y lujos, el otrora modesto profesor universitario, ¿será con la renta como director jubilado de la universidad?
En lo jurídico, sostuvo que está interrumpida la prescripción, que no hay sólo testigos de oídas, como dijo Álvarez. Destacó a los supremos que para extraditarlo son necesarias sólo presunciones fundadas, y que "hay pruebas en su contra". Por último, garantizó un debido proceso a Fujimori en Perú.
Juicio político de la historia reciente del Perú entre los años 1990-2000.
No estoy en condiciones de hacerlo, no le compete a esta excelentísima Corte tampoco. Aquí las pruebas tienen que ser súper vehementes en una causa que tiene un innegable sustrato político", dijo ayer el abogado de Alberto Fujimori, Gabriel Zaliasnik, en la parte final de sus alegatos.
Una alegación "muy técnica", tal como lo reconoció su contendor Alfredo Etcheberry, con argumentos centrales que buscan desmoronar las doce solicitudes de extradición.
El primero de ellos tiene que ver con la calidad de procesado que tiene el ex presidente. Según el planteamiento de Zaliasnik, Fujimori no ha sido procesado en ningún caso presentado por Perú y los cargos se sustentan solo en la acusación fiscal, lo que no es equivalente al estándar que tiene el procesamiento de la legislación chilena.
Asimismo, respecto de las pruebas explicó que éstas "deben gritar" y que no bastan "meras sospechas" para fundamentar los ilícitos imputados.
Sin duda, el argumento clave para la defensa de Fujimori es el de la prescripción de los delitos que se le imputan al ex gobernante. Según su parecer se han readecuado figuras penales para salvar la prescripción queafe
cta a la mayoría de los cargos presentados por el país andino.
Impugnó el planteamiento de la contraparte respecto de la interrupción de la prescripción, que Etcheberry la sitúa en el día en que Fujimori se fugó de Perú y renunció desde Japón: el 20 de noviembre de 2000.
No obstante, para Zaliasnik la prescripción solo se interrumpe cuando se comete un nuevo delito y se somete a proceso al imputado.
Según su reflexión Fujimori no se fugó, sino que viajó con autorización del Congreso a la cumbre de la APEC en Brunei. Además, las denuncias en su contra se formalizaron muchos años después en la justicia peruana, por lo que este criterio se aplicaría mucho más tarde.
En esta misma línea el profesional aseveró que el Estado requirente realizó una "acrobacia procesal" ya que forzó el tipo penal de los delitos para cumplir con la mínima penalidad exigida, es decir, con sanción superior a un año de cárcel.
Zaliasnik impugnó además que se "caricaturizara" a Fujimori como un dictador militar, precisamente respecto a los casos de DD.HH. como Barrios Altos y La Cantuta. "Son hechos graves, pero distintas son las responsabilidades penales personales, que en este caso no le corresponden al ex presidente", dijo.
Arresto domiciliario de ex Presidente acelerará fallo
Luego de tres días en que los cinco ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema escucharon la relación de causa, y los extensos alegatos de los abogados Alfredo Etcheberry y Gabriel Zaliasnik, se espera que en un plazo que va de las dos semanas a un mes resuelvan el destino final del requerimiento del Estado peruano, según trascendió ayer.
La causa quedó en estudio, tal como confirmó ayer el presidente de la sala, Alberto Chaigneau, y recién el lunes comenzarán a deliberar, según señaló. La decisión sería rápida, pues existe "reo preso"; es decir, setomará en cuenta que el ex Presidente Fujimori se mantiene en un régimen de arresto domiciliario para darle prioridad a la resolución definitiva.
Sin embargo, de todas formas demandará tiempo que los ministros Chaigneau, Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jorge Rodríguez y Hugo Dolmestch tomen una decisión.
"Se puede resolver por lo simple: vistos se confirma. Pero ésta es una causa compleja", dijo ayer el presidente de la sala.
Por eso, ayer se hablaba de un mes, e incluso dos semanas, según señaló el integrante de sala Hugo Dolmestch.
Mención aparte merecen las anécdotas que se suscitaron durante la vista de esta trascental causa.
El abogado Alfredo Etcheberry llevaba más de una hora de alegatos, y les planteó a los jueces hacer el receso que habían estipulado. El presidente de la sala le respondió que podía continuar hasta el final de su ponencia. "Noquiero cansar al tribunal", dijo el profesional.
A lo que el supremo respondió: "No se preocupe, ni siquiera nos hemos dormido", lo que provocó las risas del público presente en la sala, ya que era una clara alusión a las críticas esbozadas días antes por una observadora de Amnistía Internacional.
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Etiquetas: actualidad, internacional, Perú
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posted by El brujo político at 11:57 a. m.
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