¿Después de las revueltas, qué?

Después de las revueltas en todo el país que han originado una baja en la popularidad presidencial, dos temas ocupan los titulares de los medios: 1.- la conformación de la próxima mesa directiva del Congreso y 2- las leyes que el Ejecutivo ha promulgado en virtud de las facultades delegadas por el Congreso para legislar en materia de lucha contra la delincuencia y crimen organizado.

Luego de las zancadillas, al parecer de sus propios compañeros de partido, Mercedes Cabanillas decidió no ir a la reelección y empezaron las movidas para la presidencia del Congreso para la próxima legislatura. El APRA lanzó la candidatura de Luis Gonzáles Posada y un empeñoso Velásquez Quesquén fue el encargado negociar y ofrecer el oro y el moro a los congresistas opositores, y creía contar con los votos suficientes para que el oficialismo retuviera la presidencia de ese poder del estado.

Pero al decidir el PPC lanzar la candidatura de Bedoya de Vivanco, candidatura que cuenta con la adhesión de la gente del Nacionalismo, la Alianza Parlamentaria y algunos miembros de UPP, los del partido de la estrella han comenzado a preocuparse y han iniciado una campaña mediática manifestando que es un pacto contra natura para desestabilizar el país.

Observamos que algunos medios se han sumado a este tratamiento maniqueo del asunto. Ahora que la oposición tiene unas posibilidades serias de conquistar la presidencia del Congreso gracias al decidido apoyo de los congresistas humalistas, es un hecho contra natura contar con el apoyo de los nacionalistas; pero para ellos no es contra natura que la mesa directiva que ahora concluye su mandato presidida por el APRA, haya sido una mesa multipartidaria (y por lo tanto contaba con el apoyo del humalismo), ni tampoco con el apoyo del fujimorismo al APRA para continuar con el control de ese poder del estado.

Por otra parte esta división entre el bien y el mal, que esgrimen los congresistas apristas, para con sus oponentes políticos, no lo consideran para con la alianza con el fujimorismo para continuar detentando la presidencia del Congreso. Ya hemos visto como esa alianza tácita entre ambas fuerzas políticas hace que los principales líderes apristas tengan que morderse la lengua con relación al extraditable ex presidente Fujimori, y el único que alguna vez habló fuerte fue Mauricio Múlder – con ocasión de la opinión de la fiscalía chilena- y propició que le cayera con todo ese escudero con antifaz incluido llamado Carlos Raffo. Es por eso que ahora, luego del pronunciamiento del juez favoreciendo a Fujimori, un amansado Múlder no sabe distinguir las partes constitutivas del estado , al expresar en un trabalenguas inentendible, que la petición de extradición de Fujimori la hace el Poder Judicial peruano, no el estado peruano. ¿...?. Como si el poder judicial peruano no formara parte del estado peruano.

Bueno, el asunto está peleado, pero la candidatura de Bedoya no tiene todavía seguro los votos suficientes por la posible defección de algunos miembros de su propio partido como Lourdes Alcorta, o de Fabiola Morales de su socia política Solidaridad Nacional, que ha expresado que apoyará la candidatura aprista, seguramente por el interés personal de una vicepresidencia. Como siempre la traición por apetitos personales juega en contra de los intereses de su agrupación partidaria.

Creemos que si la oposición gana la presidencia del Congreso, nada va a pasar que la mayoría de congresistas no quieran que pase. Por la composición heterogénea del congreso se necesita concertar para aprobar las leyes, tal como ha sido hasta ahora. Ya el presidente García ha expresado que el puede trabajar con cualquier persona o grupo político que presida el Congreso.

Sobre la ley que prohíbe a los presidentes regionales, alcaldes y regidores plegarse a las paralizaciones de sus respectivas jurisdicciones, bajo pena de vacancia, creemos que la norma es inconstitucional, porqué esta ley se ha dado aprovechando las facultades concedidas para legislar sobre crimen organizado y seguridad ciudadana, para lo cual no tendría facultades. Si bien los presidentes regionales y alcaldes no deben promover paralizaciones que generen el caos y se atente contra bienes públicos y privados, ya que el estado no puede marchar contra el estado; debió redactarse una norma específica para tal fin, estableciendo las penalidades correspondientes luego de la correspondiente discusión congresal.

Finalmente, es destacable la forma como el presidente regional de Ayacucho ha dirigido una movilización hacia Lima- la marcha de los Huaris-, respetando el orden público, para reclamar atención del Ejecutivo sobre algunos justos pedidos. Es una lección para aquellos mandatarios elegidos en las regiones y gobiernos locales, que se puede reclamar sin fomentar el caos.

Sobre los dos puntos planteados en este artículo, al partido de gobierno le esperan horas de incertidumbre y reacción. Puede ser que pierda el control del Congreso, por lo que debe replantear su estrategia política, desterrando la arrogancia, y por otra parte es de esperarse la reacción de los gobiernos regionales, que esperemos no conlleven mas enfrentamientos que perjudiquen a la nación.

Vínculo