miércoles, setiembre 19, 2007

La dictadura de los antimineros

Para aquellos que argumentan que la consulta popular realizada el pasado domingo 16 de setiembre en tres distritos de la región Piura, representa un ejercicio de la democracia plena, donde los pueblos exponen libremente lo que realmente quieren, ojala hubieran visto anoche el programa La Ventana Indiscreta de Chichi Valenzuela, y si no, les recomendaría que se consigan una copia del mismo.

Lo sucedido en Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, puede ser cualquier cosa menos un acto democrático. Las imágenes mostraron claramente los riesgos que tuvo que afrontar la periodista para entrevistar a campesinos que tuvieron la osadía de trabajar en algún momento para la minera Majaz, o que expresaran la conveniencia de la instalación de la mina.

El amedrantamiento por parte de los ronderos a todos aquellos que expresen algo a favor de la minera es inadmisible y se ha convertido en la práctica en una dictadura de los campesinos antimineros.

Ellos tienen aterrorizados a los campesinos que no piensan igual que ellos. Las imágenes eran elocuentes y reflejaban el temor de aquellas personas a quienes se les ha prodigado latigazos, o se les ha cortado el agua para que no puedan regar sus parcelas, lo cual es un atentado flagrante contra los derechos humanos. Están prácticamente condenados a emigrar, o morir de hambre. Si no pueden hacer uso del agua, sus tierras no producirán y por lo tanto tendrían que abandonarlas; porqué de otra parte, por la intolerancia están en peligro sus vidas mismas.

Si bien en la consulta popular el domingo pasado, no se observó muestras de violencia y ganó mayoritariamente la opción del NO a la minería en la zona, ese resultado es engañoso porqué los campesinos votaron desinformados, ya que anteriormente mediante el sistema del terror no habían permitido ninguna posibilidad de dar a conocer los puntos de vista de la empresa minera, ni del estado. Eficaz acción de las ONG promotoras de ese estado actual de cosas que condena a esos campesinos a continuar su círculo de miseria.

Es evidente la ausencia del estado en esos remotos parajes, donde impera la ley de la selva, la ley del mas fuerte, o de los mas fuertes, en este caso de las rondas campesinas, que hacen sentir el peso de la turba a sus coterráneos contrarios al sentimiento ahora generalizado en contra del desarrollo minero.

Pese a todo, creemos que el gobierno ha manejado pésimamente el asunto, inclusive es notorio el estado de frustración del presidente García y del Premier Del Castillo, que en la defensa de la empresa minera Majaz han llegado a fustigar a la Iglesia (metiendo en asunto hasta al estado Vaticano), mezclando el asunto con narcotraficantes y empresarios de radio.

El accionar de un curita caviar (tal como los llama el director de Correo) no compromete en el asunto a la iglesia en pleno. Asimismo, por lo visto en el reportaje del programa de la Valenzuela parece que es una exageración meter en el asunto a cultivadores de amapolas para la elaboración de opio, para manipular a la población en la defensa de esos cultivos ilegales. Sobre el asunto de las emisoras de radio, si bien hemos criticado la posición asumida por éstas (Cutivalú y Orión) creemos que la reacción del gobierno crea suspicacias y para algunos el asunto podría rozar contra la libertad de expresión. Es por eso que anteriormente hemos dicho que el asunto debió tratarse en las vías administrativa y judicial, eso sí haciendo cumplir la ley. Como quien dice, la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo. En el asunto de la libertad de prensa y expresión hay que ser muy cuidadosos. Eso es lo que diferencia a las democracias de las dictaduras.

Ahora el gobierno debe hilar muy fino para revertir la dictadura de las rondas campesinas que tienen sojuzgado a sus paisanos bajo el terror para imponer su posición antiminera. Es importante que el gobierno encuentre los canales de comunicación para convencer a la mayoría de la importancia del proyecto y los beneficios que les generará.

Además el estado tiene que sentar presencia en esos lugares, instalando alguna comisaría, jueces de paz, postas médicas e infraestructura que se requiera.

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