Al estar próximo a cumplirse un año de la asunción del mando presidencial, la luna de miel que mantenía Alan García con el electorado parece haber llegado a su fin. Sino veamos la ola de protestas que presionan al gobierno desde el interior del país, reclamando una serie de reivindicaciones y que se han multiplicado en las últimas semanas.

En los primeros meses de gobierno hubieron algunas protestas provincianas, como las ocurridas en Cajamarca, que el gobierno en rápidos reflejos logró apaciguar. El Presidente del Consejo de Ministros, Dr. Jorge del Castillo, tuvo que ir a negociar esos “amagos de incendios” por lo que la prensa lo bautizó como el “bombero” del gobierno.

Si bien es cierto algunos de esos problemas no fueron producidos por desaciertos en la gestión gubernamental, no se puede decir lo mismo de las protestas que paralizaron la región de Ancash, ya que estas se originaron por la ojeriza del presidente García al flamante presidente regional, quitándole al gobierno regional el proyecto Chinecas. Ese fue el catalizador para las protestas ciudadanas del cual se colgaron otros problemas de la región. Después de violentas marchas, muertos incluidos, el gobierno tuvo que reconocer su error devolviendo últimamente el proyecto Chinecas al gobierno regional.

El mal ejemplo cunde. Si alguien consigue sus objetivos haciendo revueltas, entonces es de esperar que otros sigan el mismo camino.

La defensoría del pueblo ha criticado la poca sapiencia del gobierno para manejar los conflictos, que según dicha institución llegan a la alarmante cifra de treintaicinco en todo el país.

El modus operandi de los revoltosos es la misma, bloqueo de carreteras, lo que impide el libre tránsito de personas, mercaderías, aislando zonas enteras, con las consiguientes pérdidas económicas, saqueos y hasta pérdida de vidas humanas.

El gobierno ha perdido la brújula y no ha sabido prevenir los conflictos sociales, en una mal entendida austeridad, ya que no sabido comunicar los alcances de algunas medidas que han generado algunos de los conflictos.

Así también expusimos nuestros reparos cuando la prensa mayoritariamente aplaudía la eliminación de las prefecturas, en aras del ahorro del respectivo presupuesto. Intuíamos que el ejecutivo perdería un manejo político con gobiernos regionales conflictivos. El problema no era la ineficiencia de los prefectos sino que la elección de estos se hacía siempre con criterios políticos y no por méritos profesionales.

En el caso de las paralizaciónes en las regiones amazónicas, originadas por la eliminación de las exoneraciones tributarias, el gobierno no supo explicar que dichas medidas no afectaban a las regiones que estaban incomunicadas por carreteras como por ejemplo en Loreto (Iquitos). Si procedían en el caso de Ucayali, ya que Pucallpa si se encuentra enlazada al país mediante vías terrestres además de las fluviales y aereas. Aquí debió explicarse a tiempo que las exoneraciones sólo favorecían a algunos malos empresarios que como en el caso de la gasolina la contrabandean a regiones que no gozan de estas exoneraciones.

En el caso de las paralizaciones de maestros del Sutep, esperamos que el gobierno se mantenga firme en su posición a favor de elevar la calidad de los maestros, relevando del magisterio a aquellos docentes que no desaprueben las tres evaluaciones que el ministerio de educación vaya a implementar. No se puede aceptar la desinformación de un dirigente ultra como Huaynalaya, que dice que la Ley de Carrera Pública Magisterial pretende privatizar la educación pública y atenta contra su estabilidad laboral, cuando eso no decía en ninguna parte del citado proyecto ley. Es decir que estos mal llamados "maestros" luchan por la mediocridad. Nuestros educandos no pueden estar condenados a sufrir maestros “burros”, porqué sino la educación peruana seguirá siendo de las peores del mundo. El gobierno debe tomar sus previsiones para que de continuar la intransigencia de algunos facciones de maestros , los niños no pierdan clases.

Las paralizaciones de los docentes universitarios es otro problema que se pudo evitar, tomando las acciones a tiempo, que luego se han negociado con estos.

Los conflictos mineros, como los de la minera Casapalca que significaron la vida de un policía por tratar de desbloquear la pista, no se pueden tolerar por mas que el gobierno le de la razón a los trabajadores y que sus reclamos sean justos. Los dirigentes mineros deben responder por esta muerte. Así mismo se debe sancionar fuertemente a la empresa minera si ha incumplido con sus trabajadores, originado el conflicto. En todos los casos debe prevalecer la ley.

No podemos tratar todos los conflictos existentes, pero esperamos que el gobierno pueda resolver estos problemas sociales, actuando con celeridad, pero con energía y en aplicación estricta de la ley para restablecer el orden y la paz social. Las inversiones no van llegar a un país convulsionado por la violencia y las protestas callejeras.

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