El problema del Perú es principalmente una pobre o inexistente educación, expresado en su grado extremo en el analfabetismo, la que se hace patente con mayor intensidad en el interior del país, y de eso sacan provecho ONG’s radicales, políticos demagogos y locutores de radio oportunistas y “chaveteros verbales” que soliviantan a la población local para sus fines personales.

Es tragicómico la forma como el pasado fin de semana, un grupo de pisqueños abucheaba al presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, gritando sismo 8.4, bajo la creencia que mediante un decreto se podía establecer la magnitud real del epicentro que devastó esa ciudad, y que de esa forma se condonarían préstamos y se extinguirían deudas.

Pero lo curioso del asunto, era que la turba había sido azuzada por el propietario de una radio local, que emplea sus ondas para ser eterno candidato al gobierno local de su lugar, y que cree que con esta prédica cosechará mas adeptos para sus fines personales y lograr el favor de las masas.

El Premier en su visita a la ciudad de Pisco iba acompañado de una delegación internacional, que suponía sensibilizarlos para lograr una mayor ayuda para la zona, pero el griterío los habrá dejado impresionados por el grado de ignorancia, aunque éstos también deben haber comprendido el factor psicológico que afectó a esa población que perdió en muchos casos todo lo que tenía.

Otro asunto donde se aprovecha de la ignorancia de la gente, se da en el norte del Perú, donde las ONG enemigas de la minería han logrado enfrentar a la población con las empresas mineras. Ya anteriormente ha habido escaramuzas en poblados de Cajamarca y Piura donde inclusive los enfrentamientos han producido lamentables muertes de comuneros, tras el levantamiento de estos poblados para evitar la explotación de la gran minería.

Con las revueltas los propietarios de estas ONG tienen material que presentar a sus financiadores internacionales y cobrar los jugosos sueldos que se asignan.

El problema es que la población que protestaba en la creencia que luchaba por defender el agro y sus tierras, para que las aguas de los ríos no sean contaminadas con los relaves mineros y sus productos no sean afectados, tal es el caso de Tambo Grande en Piura, ahora ven con preocupación como los mismos pobladores de la zona se dedican a la minería informal, emplean productos como el mercurio y cianuro, los que contaminan las aguas con las que riegan sus parcelas.

¿A quién benefició entonces la anterior refriega en Tambo Grande?...¿A los agricultores?.... Claro que no. Los únicos ganadores fueron los señores de las ONG que viven de azuzar a pobres campesinos para que sigan su destino de pobreza y atraso, y a la vez ellos sigan llenando sus bolsillos.

Ahora las mencionadas ONG han promovido una consulta popular en los distritos piuranos de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera ,este domingo 16, para que la población decida si quieren o no minería en la zona, para lo cual han hecho un efectivo lavado cerebral a gente simple que vive sumida en la pobreza (índice de mas del 90%) y cuyos líderes
han amedrentado a los campesinos opositores amenazándolos con darles 40 latigazos en la plaza pública y que no tendrán acceso al agua si es que no participan en la denominada consulta.

En el caso piurano es inaceptable también que los directivos de una emisora radial se nieguen a pasar un spot del gobierno exponiendo sus puntos de vista. Es decir, que los promotores que apoyan la consulta de marras, quieren que los campesinos vayan a la consulta sin tener todos los elementos de juicio, para tomar una decisión autónoma y libre. Las autoridades deben tomar las acciones del caso contra los directivos de Radio Cutivalú de Piura, porqué esta negativa hace recordar mucho a los métodos montesinistas de control de la prensa. Aquí hay una restricción de la libertad de expresión, aunque el afectado sea el gobierno, que también tiene el derecho de difundir sus puntos de vista.

Ahora bien, si las ONG antimineras tienen la capacidad de difundir sus prédicas que atentan contra el desarrollo del país, es porqué ha fallado la contraparte de las empresas mineras respectivas y del estado para concienciar a la población sobre los beneficios que lograrán con una explotación minera con alta tecnología, que respete el medio ambiente, que cumpla con los estándares de calidad y productividad, y que al mismo tiempo respete la legislación minera y laborales que el estado peruano dispone.

Ir a una consulta ciudadana con campesinos desinformados o mal informados, campesinos muchas veces analfabetos que no tienen mayor alcance para evaluar que es lo que realmente les conviene, es como preguntarle a un niño si quiere tomar su leche al expresar éste su deseo de rechazarla, cuando una madre sabe que debe ingeniárselas para hacérsela tomar porqué eso es lo que conviene para su desarrollo físico y mental. Esta analogía quizás burda porqué se presenta a unos pobladores subdesarrollados y a un estado “papá”, grafica lo que el estado ha dejado de hacer, para promover la actividad minera en los sitios en conflicto y se le ha dejado el campo abierto al accionar, se podría decir antipatriota, de estas ONG para las cuales ninguna minería es buena.

Claro que si bien apoyamos el desarrollo de las actividades mineras en el país, nos preocupa la ejecución del proyecto Río Blanco ya que la minera Majaz, ahora tiene como accionistas mayoritarios a los empresarios de la compañía china Zijin, y ya tenemos experiencias negativas con otra empresa minera en manos de empresarios chinos, privatizada en la época fujimorista, de no muy recomendable gestión. Por lo tanto si bien el estado debe promover la explotación de esta concesión, a la vez debe poner todos los puntos sobre la íes con anticipación, supervisando que cumpla con los aspectos medioambientales, de salubridad, legislación laboral, tal como la seguridad social y el no abuso de los services, entre otras cosas. No hacerlo significará caldo de cultivo para futuros conflictos y conmociones sociales en la zona.

Por lo demás, el canon minero permitirá sacar de la pobreza a esas zonas de extrema pobreza, y que el accionar de las ONG antimineras pretende que siga el estado de cosas actual para sus fines personales, algo que no debemos permitir.
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